El magisterio de la Iglesia en el Perú

Dice el Decreto sobre el Oficio Pastoral de los Obispos en la Iglesia, del Concilio Vaticano II, que quienes somos sucesores de los Apóstoles, debemos ayudar con ánimo fraterno y diligencia eficaz a los obispos que “sufren calumnias o vejaciones” en el ejercicio de su misión evangelizadora (n. 7). Ese consejo conciliar me mueve a recordar a los peruanos, gracias a la amabilidad del diario El Comercio de Lima, que los obispos peruanos salimos en defensa de la mujer andina cuando el gobierno, a partir de 1995, realizó una acción esterilizadora de campesinas, puesto que tal actitud pastoral ha sido puesta en duda.

Fue una acción conjunta y reiterada de la Conferencia Episcopal Peruana, en la que, por supuesto, estaba presente el entonces pastor de la Arquidiócesis de Ayacucho, Mons. Juan Luis Cipriani Thorne. Concretamente, interpretando el sentir de todos, el Cardenal Augusto Vargas Alzamora, a quien por la cercanía física, como arzobispo de Lima, le correspondía condenar las esterilizaciones ante el gobierno, apoyó decididamente el Congreso Mundial Pro Vida en 1995, que organizaron en la capital peruana la doctora Blanca Neyra y el doctor Martín Tantalean, directivos de CEPROFARENA, con asistencia de delegaciones de 25 países. Era una manera positiva de insistir en la doctrina cristiana sobre el matrimonio y la paternidad responsable, contrastando ese pensamiento con la conducta reprochable de los esterilizadores del Ministerio de Salud.

El actual Cardenal Cipriani, desde Ayacucho, además de las gestiones personales ante el presidente de la República, afirmó públicamente por televisión que había protestado ante el gobierno; y, en concordancia con el episcopado peruano, pidió a Steve Mosher, presidente de la organización Population Research Institute (PRI) que investigara el tema y creara el clima de opinión necesario para detener esa campaña negativa contra el derecho a la vida humana. Estas y otras gestiones más tuvieron un efecto positivo al detener la campaña, aunque hubo que lamentar el drama de 300,000 mujeres esterilizadas.

Steve Mosher precisó después que Mario Vargas Llosa “no sabe que el Cardenal Cipriani jugó un papel decisivo en el esfuerzo de detener la campaña forzada de planificación familiar” de finales de los 90. “Es difícil de comprender por qué el novelista niega lo obvio. El debería saber que, cuando se documenta o comenta respecto a abusos de derechos humanos, debería concentrarse en los hechos, no en la ficción”.

Investigadores del PRI visitaron el Perú a principios de 1998 y entrevistaron  a mujeres en diversas partes del país, afectadas por estas prácticas inhumanas; y, con la información recogida editó un documental de 30 minutos, que fue presentado en la televisión peruana y que permitió advertir a las mujeres sobre la campaña de esterilización y sus tácticas. Después, el PRI invitó a las víctimas y testigos de estas prácticas a Estados Unidos, para participar en una conferencia de prensa, y luego para testificar ante el Congreso norteamericano, lo que llevó al Ministerio de Salud a anunciar que se tomarían medidas para acabar con los abusos.

El 23 de enero de 1998, precisamente, los obispos reunidos en Lima emitimos un enérgico y valiente comunicado de 11 puntos, que comenzaba diciendo: “Fieles a nuestra misión de defender la dignidad de la persona humana desde la fe, denunciábamos públicamente y con energía, hace más de un año, los primeros casos comprobados de aplicación coercitiva de la política de población sobre los sectores más pobres e indefensos de nuestra población, especialmente en el área rural” (n. 1).

“Actualmente, la contundencia e impunidad de los hechos, traídos a la luz por diversos medios de comunicación, ha convencido a un amplio sector de la opinión pública que el control natal artificial, especialmente la esterilización quirúrgica permanente, ha sido aplicada en buena medida con métodos de coerción o engaño y muchas veces en condiciones médicas deplorables. De esta manera, no sólo se ha atentado contra la libertad de las personas, sino contra derechos humanos aún más elementales como son el de la integridad física y la vida misma” (n. 2).

Me gustaría reproducir el documento entero, pero son suficientes estas líneas para dejar sentado que todos los obispos, sin excepción, cada uno desde el lugar que la Iglesia le ha encargado administrar, y todos en la Conferencia Episcopal, hemos estado a la altura de nuestro deber ante Dios y ante los fieles, a la hora de defender, a través del magisterio católico, al matrimonio y la familia cristianos.

 

Publicado en El Comercio, Lima 15 Mayo 2011.
Mons. Juan Antonio Ugarte, Ing. Industrial, fue capellán de la udep y profesor de química.