Objeción de conciencia

La Declaración Dignitatis humanae, del Concilio Vaticano II, nº 2 enseña: “La persona humana tiene derecho a la libertad religiosa. Libertad que consiste en que todos los hombres han de ser libres de toda coacción por parte de individuos, grupos sociales o cualquier otro poder humano, de tal modo que en materia religiosa nadie sea obligado a obrar contra su conciencia, ni que tampoco sea impedido, dentro de los debidos límites, para obrar en conformidad con ella, ya solo ya asociado con otros, tanto privada como públicamente. [Este Concilio] declara, además, que el derecho a la libertad religiosa se funda radicalmente en la dignidad misma de la persona humana (…)”

Por lo tanto se puede definir como « la negativa de un individuo a cumplir lo mandado por una concreta norma del ordenamiento jurídico por entender que su cumplimiento es incompatible con el respeto debido a un determinado valor moral, percibido por la propia conciencia. » En este caso, la objeción de conciencia no es sólo lícita, sino obligatoria.

La objección de conciencia se hace obligada en algunas ocasiones. Benedicto XVI, el 5 de octubre de este año 2007, ha motivado a los teólogos a “justificar e ilustrar los fundamentos de una ética universal, perteneciente al gran patrimonio de la sabiduría humana, que en cierto sentido constituye una participación de la criatura racional en la ley eterna de Dios.

No se trata, por tanto, de un tema de carácter exclusivamente o sobre todo «confesional», aunque la doctrina sobre la ley moral natural se ilumine y desarrolle en plenitud a la luz de la Revelación cristiana y de la realización del hombre en el misterio de Cristo.

El Catecismo de la Iglesia Católica resume bien el contenido central de la doctrina sobre la ley natural, revelando que indica «los preceptos primeros y esenciales que rigen la vida moral. Tiene por raíz la aspiración y la sumisión a Dios, fuente y juez de todo bien, así como el sentido del prójimo en cuanto igual a sí mismo. Está expuesta, en sus principales preceptos, en el Decálogo. Esta ley se llama natural no por referencia a la naturaleza de los seres irracionales, sino porque la razón que la proclama pertenece propiamente a la naturaleza humana» (número 1955).

Con esta doctrina se logran dos objetivos esenciales: por una parte, se comprende que el contenido ético de la fe cristiana no constituye una imposición dictada desde el exterior a la conciencia del hombre, sino una norma que tiene su fundamento en la misma naturaleza humana; por otra, partiendo de la ley natural que puede ser comprendida por toda criatura racional se ponen los fundamentos para entablar el diálogo con todos los hombres de buena voluntad y, más en general, con la sociedad civil y secular.

Precisamente a causa de la influencia de factores de orden cultural e ideológico la sociedad civil y secular se encuentra hoy en una situación de pérdida y de confusión: se ha perdido la evidencia originaria de los fundamentos del ser humano y de su actuar ético, de modo que la doctrina de la ley moral natural se enfrenta con otras concepciones que constituyen su negación directa.

Todo esto tiene enormes y graves consecuencias para el orden civil y social. En muchos pensadores parece dominar hoy una concepción positivista del derecho. Según ellos, la humanidad, o la sociedad, o de hecho la mayoría de los ciudadanos se convierte en la fuente última de la ley civil. El problema que se plantea no es por tanto la búsqueda del bien, sino la del poder, o más bien, la del equilibrio de poderes. En la raíz de esta tendencia se encuentra el relativismo ético, en el que algunos ven incluso una de las condiciones principales de la democracia, pues el relativismo garantizaría la tolerancia y el respeto recíproco de las personas. Pero si fuera así, la mayoría de un momento se convertiría en la última fuente del derecho. La historia demuestra con gran claridad que las mayorías pueden equivocarse. La verdadera racionalidad no queda garantizada por el consenso de una mayoría, sino sólo por la transparencia de la razón humana ante la Razón creadora y por la escucha de esta Fuente de nuestra racionalidad.

Cuando están en juego las exigencias fundamentales de la dignidad de la persona humana, de su vida, de la institución familiar, de la justicia del ordenamiento social, es decir, los derechos fundamentales del hombre, ninguna ley hecha por los hombres puede trastocar la norma escrita por el Creador en el corazón del hombre, sin que la sociedad quede golpeada dramáticamente en lo que constituye su fundamento irrenunciable. La ley natural se convierte de este modo en garantía ofrecida a cada quien para vivir libremente y ser respetado en su dignidad, quedando al reparo de toda manipulación ideológica y de todo arbitrio o abuso del más fuerte.

Nadie puede sustraerse a esta exigencia. Si por un trágico oscurecimiento de la conciencia colectiva el escepticismo y el relativismo ético llegaran a cancelar los principios fundamentales de la ley moral natural, el mismo ordenamiento democrático quedaría radicalmente herido en sus fundamentos. Contra este oscurecimiento, que es la crisis de la civilización humana, antes incluso que cristiana, es necesario movilizar a todas las conciencias de los hombres de buena voluntad, laicos o pertenecientes a religiones diferentes al cristianismo, para que juntos y de manera concreta se comprometan a crear, en la cultura y en la sociedad civil y política, las condiciones necesarias para una plena conciencia del valor innegable de la ley moral natural. Del respeto de ésta depende de hecho el avance de los individuos y de la sociedad en el camino del auténtico progreso, en conformidad con la recta razón, que es participación en la Razón eterna de Dios.

 

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Capellanía Informa presenta el escrito de Alejandro Llano catedrático y ex Rector de la Universidad de Navarra, titulado Control mental y objeción de conciencia

 Lo peor no es la mentira. Lo peor es instalarse en la confusión mental y difundir alrededor esa neblina de la inteligencia en la cual ya no hay ni verdad ni error. Y es que, donde no hay error, tampoco hay verdad. Si no se admite que hay juicios falsos, tampoco se sabe ya qué podrán significar los ciertos. Pero quien denuncie que algo oficialmente establecido no es verdadero, será acusado de derrotismo. Ymuchos se sentirán obligados a creer tal censura, porque viene marcada por el solemne sello de la autoridad. Tal es la estrategia del totalitarismo.

Consiste en mantener que todo es política, en excluir cualquier ámbito de la realidad que no esté sometido a la aspiración de dominio. Nada queda fuera de una retórica hecha de apelaciones a la emotividad, de gestos y sonrisas, más que de argumentos. Pero ya Platón hizo ver que, cuando la retórica se convierte en la más alta instancia, lo que se busca con ella no es el conocimiento, sino el poder. Ya no se trata de hacer verosímil lo verdadero, sino de hacer verosímil lo que interese en cada caso a los poderosos. Lo cual ni siquiera merece el nombre de retórica: es sofística. Quienes no se sometan a los lugares comunes establecidos por este simulacro de razonamiento, quedarán fuera del discurso dominante y se verán excluidos de una cultura tan superficial como fácil de digerir.

En ésas estamos. España se ha convertido últimamente –aunque la cosa viene de atrás– en campo abonado para cualquier intento de convertir el razonamiento más débil en el más fuerte. Es lo más grave de lo que nos está pasando. Nos encontramos en un atolladero intelectual, en un punto muerto de la cultura cívica, del que no resultará nada fácil salir. Sobre todo, si casi nadie se da cuenta de lo que ocurre, justo porque una de las virtudes de la confusión es que se oculta a sí misma. Este control mental al que se ve sometida –sin sospecharlo quizá– buena parte de la población española lleva al conformismo de aceptar dócilmente planteamientos que resultan insostenibles en una sociedad democrática.

La actualidad nos ofrece uno muy notorio: la acusación de que es ilegal la objeción de conciencia ante la aplicación de posibles ordenamientos jurídicos que repugnan al sano sentir de millones de ciudadanos. Exigir que el objetor de conciencia se atenga a la ley positiva correspondiente es una trampa sofística que se llama p e t i c i ó n de principio. Porque aquello ante lo que objeta es justamente esa ley que –con sólidos fundamentos– él considera injusta.

Lo que pasa es que otro aspecto clave de la confusión mental que nos aqueja consiste en no distinguir adecuadamente lo moral de lo jurídico. Llegar a pensar que todo lo que emana de la autoridad civil resulta justo y bueno, es el caldo de cultivo propio del Estado Ético de los fascismos. Algo de esto experimentamos ya los que tenemos cierta edad. En una sociedad libre, el ciudadano no está obligado a seguir las prescripciones del poder público cuando son contrarias a las exigencias de un orden moral reconocido universalmente durante largo tiempo.

Todas las presunciones están, en tales casos, a favor del ciudadano que no se pliega a las desmesuras del poder político.

Es lamentable que a los gobernantes se les ocurra inmiscuirse en asuntos que no les competen, al menos sin el acuerdo explícito de los afectados. Mas peor aún es que pretendan controlar sus mentes, para que no rechacen aquello que les perjudica en aspectos esenciales de la condición humana, como es el caso de la tergiversación de la índole propia del matrimonio y la familia. A nadie le agrada –no es signo de victoria – encontrarse en una situación que le obligue a acogerse a la objeción de conciencia. Quien recurra a ella (como último asidero) ha de estar a salvo de represalias penales y de cualquier sanción disciplinar disciplinar o administrativa.

Cuando se sabe que la reserva ética ante un determinado proyecto de ley está muy extendida en la sociedad –como es, por ejemplo, el caso de la atribución del carácter de matrimonio a las uniones homosexuales–, la propia ley civil debe reconocer y proteger el ejercicio de este derecho básico a salvaguardar la propia integridad moral. En todo caso, nos encontramos ante una realidad prejurídica, porque ningún poder humano puede legislar sobre algo tan íntimo y profundo como es la conciencia. Se trata de un asunto demasiado serio para dejarlo exclusivamente en manos de los políticos, o para perderse en sutilezas jurídicas que embarullan lo que cualquier persona en su sano juicio comprende perfectamente.

La libertad de conciencia es una parte esencial de la libertad de pensamiento, que representa la conquista ética fundamental de la modernidad. Nadie me persuadirá de que ponerla entre paréntesis sea conveniente por el bien de la paz, por la vigencia de la corrección política o por el logro de la moderación en la discusión pública. Hasta en las peleas callejeras de mi infancia se sabía que quien golpea primero no puede pedir calma al que procura defenderse. No vale que el violento reclame serenidad y sosiego de sus propias víctimas. Según ha demostrado René Girard, intentar que la víctima se declare culpable es la táctica de todos los violentos que en el mundo han sido, desde los relatos bíblicos hasta los regímenes totalitarios.

Resulta cuando menos imprudente esperar que sean los dominadores quienes promuevan las libertades que procuran neutralizar por muy diversos medios. No hay más libertades que las que uno mismo se toma de una vez por todas. Ojalá llegara a ser de nuevo realidad el verso de Miguel Hernández: «Nunca medraron los bueyes en los páramos de España».

Alejandro Llano

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