Seguridad Ciudadana

Para afrontar la creciente criminalidad organizada, la Universidad de Piura, el Poder Judicial y el Gobierno de Estados Unidos iniciaron el Programa de Especialización en el Orden Jurisdiccional Penal: la criminalidad organizada y las nuevas formas de delincuencia.

Por Cesar Bocanegra.

Programa de Seguridad Ciudadana para el Poder Judicial en la UDEPEl Programa atiende a la necesidad de frenar el desarrollo de la criminalidad organizada y al hecho de que los líderes de organizaciones criminales, dedicadas a los delitos mencionados, exploran constantemente nuevos nichos de expansión y nuevas formas de explotación y penetración.

Todos a una

Antes del inicio del curso, la Oficina de Asuntos Antinarcóticos de la Embajada de Estados Unidos en el Perú brindó el financiamiento y apoyo logístico para consolidar la iniciativa. James Hovenier, presidente de esa Oficina, manifestó que el trabajo realizado con la UDEP y el Poder judicial demuestra el compromiso de su Gobierno en la lucha de los juristas de Perú y Latinoamérica contra la criminalidad, el narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado.

Juristas más capacitados

César San Martín
La capacitación de los juristas a nivel nacional, sobre las nuevas modalidades de corrupción y las cuestiones actuales sobre la teoría del delito, es fundamental, afirmó el presidente del Poder Judicial, Dr. César San Martín.

Para el Dr. César San Martin, presidente del Poder Judicial, esta especialización “prepara a los magistrados del país para que enfrenten los retos y problemas contemporáneos más álgidos por los que atraviesa la litigación en general”. Afirmó que es prioritaria la capacitación de los juristas a nivel nacional en temas de gran alcance y exigencia en el ámbito jurisdiccional penal en los últimos tiempos, como el estudio de la ley de la pérdida de dominio, nuevas modalidades de corrupción y las cuestiones actuales sobre la teoría del delito.

Contra el lavado de activos

Urs Kindhauser
El Dr. Urs Kindhauser, director del Instituto de Derecho penal de la Universidad de Bonn, durante la inauguración del Programa de Especialización para magistrados del Poder Judicial.

En su lección inaugural, el Dr. Urs Kindhauser, catedrático y director del Instituto de Derecho penal de la Universidad de Bonn (Alemania), sostuvo que las personas que están detrás de las organizaciones dedicadas al lavado de activos, más allá del establecimiento y la conservación del poder de la propia organización, buscan lucrar y asegurar ganancias. Expresó que de acuerdo a la voluntad del legislador, la prohibición de esta actividad protege el bien jurídico lesionado. Sostuvo además que el jurista debe hacerse responsable por la administración de justicia, eliminando los efectos de los delitos.

Los alumnos magistrados

Los participantes en esta especialización provienen de juzgados y cortes de Tumbes, Lambayeque, Sullana, La Libertad, Piura y Lima. Ellos, a través de la formación teórica y los casos reales o simulados, aproximan los modelos teóricos a la realidad diaria. “Tenemos mayores opciones para decidir en nuestro trabajo, nuestros argumentos tienen un soporte que los afirma y los sustenta”, afirmó Juan Carlos Checkley Soria, sala Penal Liquidadora de la CSJ de Piura.

Luis Saldarriaga Cánova, magistrado del Juzgado Unipersonal de Talara afirma: “Nos capacitan en diferentes campos de acción de la doctrina nacional e internacional, para aplicarla a casos concretos relacionados con la criminalidad organizada”; y, Luis Cerrón Rengifo, magistrado en la Sala Penal de Apelación de Tumbes, complementa: “El curso nos permite recordar algunos temas dogmáticos y doctrinarios de manera general y estar al tanto de las últimas modificatorias legislativas en nuestro país para su correcta aplicación en los campos de acción del Derecho penal”.

Más expertos

Las otras sesiones del programa de especialización se dictarán hasta marzo del próximo año y estarán a cargo de expertos nacionales e internacionales en Derecho Penal, entre ellos: Jesús María Silva Sánchez y Ramón Ragués i Vallés, de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona; Pablo Sánchez-Ostiz Gutiérrez, de la Universidad de Navarra y Guillermo Yacobucci, de la Universidad Austral de Argentina.

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