Dr. Federico Vinassa

“El ciudadano tiene que asumir su deber de contribuir al sostenimiento del Estado”

Docente de la Universidad Nacional de Cuyo (Argentina) realiza una pasantía en la Facultad de Derecho. Señala que las autoridades deben ser transparentes e informar cómo se invierten los impuestos.

Por Tania Elías.
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Una estancia en la que investiga sobre los delitos tributarios y el derecho administrativo sancionador realiza el doctor Federico Vinassa, en la UDEP. El profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza, Argentina), también desarrolla otras actividades académicas relacionadas con el Derecho penal económico, tanto en pregrado como en posgrado.

En esta entrevista recuerda la importancia del Derecho tributario, tanto para los ciudadanos como para el Estado, así como la necesidad de promover una cultura que permita cumplir con el pago de impuestos, no por temor a una sanción sino asumiendo su cumplimiento como un deber.

¿Desde cuándo cobra mayor relevancia el Derecho tributario en países como Argentina y Perú?
Hay muchas coincidencias entre los distintos países en la lucha contra la evasión fiscal y en su legislación para evitar el fraude fiscal. En general, comenzó en los años 90. Las legislaciones se hacen más duras en estos temas por la necesidad de que los impuestos fueran la fuente principal de la recaudación de los Estados. A partir de ese momento, tanto en Argentina como en Perú se introducen leyes penales tributarias que se han ido modificando. Hay diferencias sobre cómo se tipifican esos delitos fiscales, pero la problemática es muy parecida.

En general, ¿cuánto ha permitido avanzar la legislación?
Si bien la legislación es buena, la realidad del fenómeno de la evasión fiscal indica que no hay muchas personas procesadas o condenadas por este tipo de delito. El sistema judicial no resulta ser muy eficiente en la persecución de los delitos económicos. Hay multiplicidad de razones. Los organismos de investigación, por ejemplo el Ministerio Público, a veces no tienen las suficientes herramientas para abordar la investigación de esos delitos económicos complejos; por otro lado, las administraciones tributarias persiguen un interés diferente que es recaudar antes que buscar sanción por ciertas conductas.

El ciudadano más débil siente que a él sí se le sanciona…
A esa situación descrita se suma la selectividad del sistema penal en el sentido en que la gente más vulnerable es la que normalmente se siente presa del sistema. Hay muchas razones sociológicas que se han estudiado, sobre por qué no tiene tanto éxito la persecución de este tipo de delitos. A veces también existe una especie de concepto de clase entre quienes juzgan y quienes son juzgados. Ello no quita el intento de perfeccionar las herramientas institucionales y legislativas para lograr un sistema de justicia justo que desaliente ese tipo de conductas defraudatorias.

¿Cómo es la legislación peruana en este asunto?
Perú es rigurosa en el sentido que sanciona figuras de peligro, es decir conductas en las que no necesariamente se ha producido evasión fiscal sino que están dentro del camino preparatorio hacia ese delito. No sanciona cuando ya se produce el resultado lesivo a la hacienda pública sino cuando hay una falta de veracidad respecto de la información que se ofrece a la Sunat, por ejemplo. Desde la técnica legislativa, creo que ello no es apropiado pues podría sancionarse en el ámbito administrativo ya que no hay efectivamente una lesión a expectativas sociales de la comunidad.

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¿Hacia a dónde apunta el derecho tributario en la actualidad y qué tanto se ha involucrado el ciudadano?
El derecho tributario tiene varios desafíos. Se ha hecho mucho pero hay que tratar de luchar contra la marginalidad económica e intentar formalizar esta actividad. Eso permitiría bajar la presión fiscal porque si se carga sobre una mayor cantidad de individuos es posible que se pueda reducir sobre aquellos sectores que efectivamente la soportan hoy. Los medios, los nuevos sistemas de comunicación, telecomunicación e informáticos son muy útiles para la tarea de la administración, del control cruzado entre los distintos agente económicos.

A esto, ¿qué otra acción sumaría?
También se hace necesario contar con herramientas penales, administrativas para tratar de disuadir a los contribuyentes de realizar esas conductas nocivas para el erario público; pero al lado de eso, es importante que el Estado y sus autoridades hagan uso transparente de los recursos, que el gasto público llegue a la población a través de obras, de servicios e infraestructura. Si el Estado no da el ejemplo acerca de cómo utiliza esos recursos, es difícil luego justificar o legitimar una mayor presión fiscal.

Pero la gente no confía…
Hay que ir contra la idea de ‘si los impuestos vuelven al pueblo para qué pagarlos’; hay que ver que uno efectivamente hace honor a su deber de tributar que es lo que corresponde a cualquier sociedad civilizada, pero también es necesario ver que ese Estado hace un uso racional de los recursos. Eso legitima y le da autoridad al Estado para exigir el pago de impuestos.

Aunque hasta ahora se mantiene esa idea de no pagar…
El sistema político tiene gran responsabilidad. Hay que terminar con ese círculo vicioso de para qué pagar si el Estado no me brinda servicios y cómo brindo el servicio si no me pagan. Esto no es fácil, es una cuestión cultural que lleva tiempo pero es necesario abordarla para que los Estados se financien correctamente y de una manera equitativa: que todos tributen pero que cada uno lo haga conforme a su capacidad contributiva. Eso no quiere decir incorporar a los sectores más bajos de la actividad económica, fulminarlos y caer sobre ellos, pero sí que tengan una participación justa en ese pago de impuestos, y que por supuesto el peso aumente a medida que aumente la capacidad del contribuyente.

¿Qué hacer para que en vez de una imposición, lo tributario se asuma como un deber?
Hay que dar una lucha importante para fortalecer la cultura tributaria pues ésta permite que el sujeto se sienta ciudadano, partícipe de un proyecto social, en el que con su esfuerzo y actividad económica contribuya a un desarrollo comunitario general. Por eso, es muy necesario que eso ocurra en paralelo y simultáneo con un mayor control de la legitimidad, de la eficacia, de la transparencia y de la honestidad en el manejo de los recursos públicos. Si no, eso no se va a producir nunca. Hay que dar el ejemplo acerca de la racionalidad de ese dinero, eliminar la corrupción en la administración pública, todo lo que se pueda, y a la par fortalecer esa cultura tributaria. Sin duda, eso es lo que le permite al contribuyente  sentirse ciudadano, partícipe y con derecho a exigir de sus representante y del Estado, la realización o prestación de servicios, la realización de conductas de vida. Como todo cambio cultural, no es fácil.

Pero la corrupción parece enquistada…
Eso es común en los países latinoamericanos, es un problema: la corrupción parece muy difícil de extirpar y ese es uno de las razones por la que mucha gente dice para qué voy a tributar todo lo que corresponde si hay alguien en otro lugar que se va a enriqueces a partir de mi esfuerzo. Por supuesto esto no es un justificativo y no podemos utilizarlo como tal. El ciudadano debe hacer honor a su deber de contribuir al sostenimiento del Estado, pese a que existan ese tipo de conductas.

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