VI Convención de Derecho Público

Dr. Hakansson: “La Carta de 1993 sigue siendo un factor de división ideológica”

La VI Convención de Derecho Público está en la etapa de convocatoria para expositores en las categorías estudiantes y profesionales. El doctor Carlos Hakansson explica la importancia de la Constitución Política, tema central del encuentro.

Por Tania Elías.

El valor de una constitución es que significa un pacto de límites al ejercicio del poder celebrado por gobernantes y gobernados, para reconocer y garantizar los derechos y libertades. Así resume la importancia de este documento el doctor Carlos Hakansson, constitucionalista de la Universidad de Piura.

“Las instituciones que nos gobiernan, representan y administran justicia, ejercen sus atribuciones bajo unos límites establecidos en las disposiciones constitucionales; en otras palabras, son las normas y principios que establecen las “reglas de juego” por las cuales los ciudadanos aceptan ser gobernados”, puntualiza.

Este año, la VI Convención de Derecho Público analiza la Constitución de 1993, que cumple 26 años. Sobre este documento, el doctor Hakansson señaló que los cuestionamientos a su legitimidad de origen, se oponen a los de quienes consideran que ha alcanzado su legitimidad de ejercicio, situación que dificulta su consolidación en un acuerdo fundamental. Para el docente, el evento es una oportunidad para escuchar las reflexiones, ideas y planteamientos de los juristas y alumnos de Derecho sobre la Carta Magna, y fomentar la opinión pública en las redes sociales, prensa escrita, artículos de opinión, revistas nacionales e internacionales.

La Constitución Política actual cumple este 2019, 26 años de vigencia. ¿Cómo explicar su permanencia, cuando su origen fue algo cuestionado?
Las circunstancias políticas surgidas a partir de la presidencia de transición (Dr. Valentín Paniagua), dieron lugar a debates académicos sobre una reforma constitucional; años más adelante, el Tribunal Constitucional mediante una sentencia que resuelve una acción de inconstitucionalidad, exhortó al Congreso para tomar una decisión sobre la Carta de 1993, de acuerdo con el informe de la comisión de bases para la reforma constitucional; por otra parte, la fallida presentación de un proyecto de reforma integral preparado por el Congreso, contribuyó a favor de la continuidad de la Carta de 1993, sin contar su desarrollo en materia jurisprudencial y los resultados de aplicar las disposiciones de su constitución económica.

En un balance objetivo sobre la Constitución, ¿qué señala como positivo y negativo?
Los aspectos positivos se remontan a la reposición de los magistrados del Tribunal Constitucional por una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el desarrollo jurisprudencial en materia de derechos fundamentales, su contenido constitucional, bloque de la constitucionalidad, sentencias interpretativas, precedentes vinculantes y normas constitucionales adscriptas, así como la aplicación y resultados de aplicar las libertades económicas. Ello ha dado lugar al nacimiento de un derecho constitucional peruano que antes era inexistente.

Los aspectos negativos más relevantes se resumen en que la Carta de 1993 sigue siendo un factor de división ideológica, los sectores más extremistas desean derogarla y convocar una nueva asamblea constituyente; los más conservadores, reconocen su legitimidad de ejercicio, la continuidad democrática, la protección supranacional de los derechos humanos, y el crecimiento económico.

Se ha señalado la necesidad de un consenso para cambiar la Constitución o: retornar a la de 1979 ¿Cuál es su opinión?
Pienso que a la Constitución de 1993, a pesar de surgir fruto de un golpe de estado, debe reconocérsele una legitimidad de ejercicio, pues, con el tiempo ha venido sorteando una serie de dificultades de orden político ─transiciones democráticas de 2001 y 2018─, avances de orden democrático ─cuatro gobiernos democráticos consecutivos, inéditos en la república─, un evidente desarrollo jurídico ─jurisprudencia nacional e internacional aplicable en nuestro derecho interno─, resultados económicos─, las disposiciones sobre la libertades económicas y el papel subsidiario estatal─; todo lo cual evidencia un progresivo asentamiento en vida social, política, cultural, pero todavía con una resistencia ideológica en los sectores de izquierda.

En Perú, un país con una democracia frágil, ¿cuánto ha aportado la actual Constitución a la institucionalidad?
Como he mencionado, la continuidad democrática de cuatros gobiernos es un indicador nada despreciable para su institucionalidad, pero todavía es insuficiente; la falta de un sistema de partidos no favorece la estabilidad política ni la gobernabilidad, sin contar además con una evidente crisis de representatividad y en la administración de justicia.

En el ámbito dogmático y jurisprudencial, ¿qué se debe analizar para fortalecer la constitución?
El fortalecimiento de la constitución no es una tarea a medias. Los avances dogmáticos y jurisprudenciales se vienen produciendo al margen de los actuales problemas institucionales, pero sin la consolidación del sistema político no terminaran de echar raíces en la comunidad política.

La sociedad percibe que las normas protegen más a los delincuentes, a los corruptos, antes que a ella. Los órganos jurídicos afirman que no pueden hacer nada más que aplicar la ley. ¿Quiénes son los llamados a revisar lo que está pasando?
Los avances jurisprudenciales que mencionamos deben ayudar a una correcta interpretación de la ley y la consolidación de un estado de derecho. La Judicatura y, como su máximo defensor a nivel nacional, el Tribunal Constitucional deben evitar cualquier acto de arbitrariedad del poder público, mediante los procesos constitucionales reconocidos para defensa de los derechos y libertades.

¿De qué manera los juristas pueden dejar sentada una posición sobre cómo tener una constitución dirigida a promover el bien común, sacudida de la política?
El problema de fondo se encuentra en la sociedad, su afirmado individualismo y sentimientos de clase, no permiten comprender que la política es una acción para el bien común y que todas las políticas públicas deben inspirarse en alcanzar ese objetivo. La reconstitución y crecimiento de la clase media es un requisito importante para comprender la relación de la política con el bien común.

 

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