“Debe existir voluntad política para erradicar la minería ilegal”

El Ing. José Barranzuela advirtió que las operaciones de esta actividad propician la corrupción de funcionarios y una serie de actividades delictivas colaterales.

Por Javier Paico.
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Fuenre: Andina

José Luis Barranzuela, docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Piura expresó su preocupación por el próximo 19 de abril, fecha en la que finalizará el plazo para que los mineros ilegales se acojan al proceso de formalización. “A partir de allí, deberán aplicarse las medidas de interdicción establecidas por la ley, tal como se viene haciendo en otros lugares”, indica.

El especialista en minería manifiesta que es alentador saber que se ha destruido infraestructura, en Nazca y Chala, por un monto de 8 mil millones de dólares y que hay 383 casos judicializados de minería informal que implican a 1 186 personas, tres de ellas condenadas a seis años de cárcel por delitos de contaminación.

Sin embargo, por el momento, ninguna de estas cifras tiene que ver con Piura. “En la Región el problema de la minería ilegal no es despreciable, aunque numéricamente sólo representa el 3,2 % del total nacional. Esto significaría que podría ser más fácil erradicarla, pero también podría no merecer la atención debida del gobierno central”, manifiesta.

barranzuela

El Dr. Barranzuela señala que la minería ilegal trae consigo una serie de actividades delictivas como el narcotráfico, la explotación infantil, la trata de personas, extorsiones, etc. “Erradicarla va a costar mucho más de lo que pensamos. En caso de conseguirlo, habrá que remediar todos los sectores involucrados: minero, medioambiental, laboral, tributario, empresarial, social, etc”, expresa.

Advierte que lo peor que podría pasar es alguna candidatura financiada por la minería ilegal. “Por eso necesitamos estar atentos y elegir bien. Confío en que los piuranos, en un año de elecciones, sepan pedir a sus candidatos que muestren cómo se insertarán en esta estrategia nacional”.

Cabe señalar, que la minería ilegal es reconocida como la primera actividad ilícita del país, porque mueve unos US$ 2900 millones, un 15 % por encima del narcotráfico, además ha causado daño al medioambiente, la agricultura y la ganadería.

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