(Piura).- El experto minero de la UDEP, José Luis Barranzuela, rescató que la nueva ley de la Consulta Previa exija al Estado cumplir con brindar información veraz y oportuna acerca de los proyectos a desarrollar.
Por Julio Talledo. 25 agosto, 2011.
(Piura).- El Congreso de la República aprobó, por unanimidad, la Ley de la Consulta Previa, que otorga a los pueblos indígenas u originarios del país el derecho a pronunciarse sobre eventuales proyectos de carácter extractivo en sus territorios. El experto en temas mineros por la Universidad de Piura, Dr. José Luis Barranzuela, destacó que esta Ley exija que el Estado cumpla con dar información veraz, oportuna y completa sobre los proyectos a desarrollar.
El docente de la UDEP dijo que si se ha aprobado por unanimidad, “debemos entender que hay poco que objetar al fondo de la ley. Es justo que quienes vean comprometido su futuro y desarrollo de manera directa, se pronuncien respecto a una actividad extractiva o cualquier otra. Con o sin esta ley, lo que se plantea es de sentido común”. Añadió que lo novedoso de la ley –y crucial para el éxito de las propuestas- es que el Estado deberá cumplir a cabalidad dando información veraz, oportuna y completa acerca de los proyectos a desarrollar.
¿Esta ley es una respuesta directa a los infructuosos diálogos?
Aunque no lo diga expresamente, surge como respuesta a lo que se ha venido dando, sobre todo en los sectores minero y energético; aunque, por extensión, es aplicable a cualquier actividad extractiva, donde primero se daban las concesiones y luego venía el “conflicto” entre la concesionaria y los “nativos”, y el Estado permanecía como espectador. Digo “nativos” porque, a mi entender, es lo que somos todos y los recursos son de todos. Siendo así, tenemos el derecho a pronunciarnos y ser escuchados; por supuesto, sin quitar el derecho a quienes se ven directamente afectados por cierta actividad, aunque esto sea también relativo.
¿La aprobación le genera algún temor?
Esta ley, cuya justicia, en teoría, no se pone en duda, en la práctica significa que antes de otorgar una concesión minera deberá recabarse el consentimiento de los “pueblos nativos u originarios”. La norma compromete al Estado, que ya no será un espectador más, sino uno de los actores principales, pues solamente él deberá hacer la consulta y tomar las decisiones. Sin embargo, y dados los escasos, y en algunas casos falseados, argumentos técnicos que los líderes y representantes de las comunidades nativas han exhibido en los conflictos suscitados, surge el temor de que el consentimiento buscado no prospere.
El ministro del Ambiente, Ricardo Giesecke, considera que la norma permitirá la prevención de conflictos porque será un puente para el diálogo…
Evidentemente el diálogo se verá potenciado, lo cual es muy favorable para evitar los conflictos, pues al menos se podrá disponer de mayor y mejor información de la que hasta ahora se ha manejado.
También señaló que “con la aprobación de esta Ley se pone una lápida a la tesis del ‘perro del hortelano’”…
Creo que siempre habrá “perro del hortelano”, sobre todo cuando se adoptan actitudes intransigentes de oposición por oposición, sin más argumentos, como ha ocurrido y de los cuales hemos sido testigos, por ejemplo, en Piura. Es decir, cuando no hay actitud dialogante.
¿La norma afecta los proyectos de inversión de Piura?
En términos generales, los que están en marcha, con anterioridad a la ley, legalmente no tienen que cumplirla, pero moralmente sí, sobre todo el Estado. Esperamos que la participación estatal se potencie en todos los niveles, no solo para los proyectos nuevos. Si los interlocutores actúan de buena fe y la información cumple con los requisitos mencionados, soy optimista respecto a la ejecución de los proyectos regionales. Es más, dentro del marco teórico de esta ley, y bien llevado al terreno práctico por el Estado, creo que el proyecto minero Tambogrande no estaría detenido.
¿Cuál debería ser la labor del Gobierno regional?
Es una mala señal que el propio Presidente Regional, a quien le corresponde en parte este nuevo rol del Estado, se haya ya pronunciado en contra, por ejemplo, del proyecto Río Blanco. No sé si para ello cuenta con información que los demás no manejamos. En cualquier caso, me gustaría tenerla. Precisamente el objetivo de la consulta es lograr consensos a través del diálogo y de la información adecuada. Pero eso solo se consigue con la actitud dialogante, sin prejuicios.
