Por Eduardo Sánchez Ruiz
Por Julio Talledo. 29 agosto, 2011.En el 2008, el Estado aprobó la Ley 29230 que permite a las empresas privadas financiar y ejecutar proyectos de inversión pública en infraestructura (de alto impacto en la población), aprobados y viabilizados por el SNIP (Sistema Nacional de Inversión Pública). El SNIP no es una institución, es un sistema administrativo del Estado que a través de un conjunto de principios, métodos, procedimientos y normas técnicas certifica la calidad de los Proyectos de Inversión Pública (PIP); buscando eficiencia, sostenibilidad y mayor impacto socio-económico (www.mef.gob.pe).
La iniciativa (ley 29230) es aparentemente atractiva, pues genera beneficios para los involucrados: los gobiernos descentralizados reducen los procesos administrativos que deberían cumplir con el Estado; las empresas reciben, al entregar la obra, un certificado por el monto de la inversión que podrá ser utilizado como medio de pago del Impuesto a la Renta del ejercicio anterior (hasta por un 50% de la obligación tributaria anual); los contratistas locales acceden a competir con obras públicas; y, por supuesto, la población también se beneficia, pues con las obras acceden a servicios básicos importantes.
Esto haría pensar que en estos años de vigencia de la ley 29230, se han desarrollado muchos proyectos, beneficiando a miles de personas con obras de infraestructura; sin embargo, lamentablemente solo hay 5 obras concluidas en el país (Revista G de Gestión/N° 09).
Ante esta situación, me pregunto: ¿Por qué, a pesar del boom de la responsabilidad social empresarial, las empresas aún no han utilizado esta herramienta (ley 29230) para beneficio de la población? ¿Acaso el gobierno no ha hecho su tarea correctamente: promocionar la ley a través de Proinversión? ¿Acaso el SNIP es un sistema aún tedioso y/o poco efectivo? ¿Las empresas aún no son conscientes de la importancia de la responsabilidad social? ¿Faltan profesionales expertos en dirección de proyectos (Project Management)? No pretendo responder a estas interrogantes, pero sí plantearlas para que los involucrados (Gobierno Central, gobiernos descentralizados, Proinversión, empresas privadas, etc.) las analicen.
Rescato que haya empresas que sí han aprovechado esta política en el 2010. El BCP fue la primera institución financiera en emplear el modelo con la instalación de redes de agua potable y alcantarillado en la Urb. Angamos, Etapa I – Piura (S/. 4,6 MM; 1500 personas beneficiadas); hace un mes inició un proyecto similar en el centro poblado La Encantada, en Chulucanas (S/. 6 MM; 2500 personas beneficiadas). Además, ahora, con mucha alegría me informo que el Banco de Crédito del Perú ha firmado un acuerdo de cooperación interinstitucional con Proinversión que permitirá difundir las normas técnicas y compartir experiencias. Estoy seguro de que esto ayudará a empresas de otros sectores industriales (mineras, pesqueras, agroindustriales, etc.) a resolver las dificultades/obstáculos que se les presentan al tratar de ejecutar esta normativa.
Docente
Facultad de Ingeniería
Universidad de Piura
Artículo publicado en el diario El Tiempo, sábado 27 de agosto de 2011
