Los incidentes en el norte del país ante la resistencia de la inversión minera nos invitan a observar, con mayor detenimiento, la configuración del nuevo mapa político nacional. Como sabemos, la división territorial del poder es un componente importante en toda separación de funciones; no se trata sólo de una separación horizontal (poderes ejecutivo, legislativo, […]
Por Carlos Hakansson. 29 noviembre, 2011.Los incidentes en el norte del país ante la resistencia de la inversión minera nos invitan a observar, con mayor detenimiento, la configuración del nuevo mapa político nacional. Como sabemos, la división territorial del poder es un componente importante en toda separación de funciones; no se trata sólo de una separación horizontal (poderes ejecutivo, legislativo, judicial) sino también vertical (gobiernos municipal, central y regional). Pese a los problemas prácticos que presenta esta teoría en el país, y que pueden corregirse en el camino, lo que nos debe preocupar es el cuidado del traslado de las competencias del gobierno central al regional, y sus consecuencias en el corto, mediano y largo plazo.
En plano político, son las regiones y sus presidentes los que tienen un comportamiento variable con el gobierno central en función a si son, o no, los titulares de un partido regional, si se trata de una zona rica en recursos naturales y su grado de ideologización. Es bueno que las regiones tengan cada vez mayores competencias; es beneficioso en la medida que se realice para el bien común, respetando las instancias así como los canales de diálogo propios de un Estado de Derecho. El problema de fondo, es que la Presidencia de la República y su Consejo de Ministros vienen perdiendo poder al interior del país. La raíz del problema se debe a que el ejercicio del poder político no es estático sino dinámico; en otras palabras, si no se actúa con rapidez, la región ocupará rápidamente los espacios vacios que deje suelto el gobierno central, pues, como sabemos, el Estado no tiene presencia en todo el territorio nacional.
El número de conflictos sociales, en especial aquéllos que revelan un enfrentamiento de la inversión extranjera con los ciudadanos de zonas muy lejanas del lugar en donde se toman las decisiones, revela la dificultad del ejecutivo para anticiparse a resolver estos problemas y una mayor presencia de la presidencia regional para consolidar, sin coordinar con el gobierno central y por medio de la violencia, una posición que no necesariamente comparten todos los ciudadanos de la región, pues, lejos de ser una postura política se trata de una posición demagógica. Por eso, es bueno que se consoliden las instituciones regionales pero con el ejercicio regular de las reglas básicas del Estado de Derecho.
Docente.
Facultad de Derecho.
Universidad de Piura.
Artículo publicado en el diario Correo, lunes 28 de noviembre de 2011.
