Por Carla Mares
Por Julio Talledo. 09 enero, 2012.Hace pocos días el ministro de salud anunció un posible impuesto a la comida chatarra. Esta propuesta ha suscitado opiniones a favor y en contra.
Los impuestos tienen una finalidad recaudatoria, aunque cabe también que persigan otros fines extrafiscales.
Esto es lo que ocurre teóricamente con el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC). Éste es un gravamen específico sobre ciertos bienes que se entienden perjudiciales (tabaco, alcohol) y cuyo consumo se busca reducir. Es cuestionable si realmente se cumple tal finalidad. No es muy creíble que alguien deje de fumar un cigarro o de tomar una cerveza porque haya un impuesto que encarece su precio.
Otro ejemplo lo encontramos en el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), creado para combatir el fraude fiscal y la evasión. Sin embargo, no parece haber detrás de este gravamen una verdadera manifestación de riqueza (patrimonio, renta o consumo) que pueda justificarlo. La simple circulación del dinero a través del sistema financiero no evidencia una capacidad contributiva que valide un aporte al sostenimiento del gasto público.
Nadie discutiría la conveniencia de alcanzar los fines antes apuntados. Sin embargo, ¿es el impuesto la herramienta más adecuada para que un gobierno desarrolle sus políticas sociales o de otra índole?
Este tipo de medidas desnaturaliza la figura impositiva y crea un riesgo: que el gobierno de turno tome como excusa fines semejantes para hacer un uso indiscriminado de la potestad tributaria que le confiere la Constitución y se haga pagar al ciudadano unos impuestos que no se corresponden con ninguna manifestación de riqueza. Además no parece respetarse el principio de neutralidad, que exige ¾entre otras cosas¾ que el Estado no utilice los tributos para condicionar o direccionar las decisiones de los actores económicos en el mercado.
El Estado puede realizar sus objetivos de muchas formas y, vale decir, con resultados más satisfactorios que lo que podría lograr con un simple gravamen. En este caso, si el fin es disminuir el consumo de grasas, hay que decir que un impuesto poco puede hacer para que un aficionado a las hamburguesas deje de consumirlas porque cuestan un sol más.
Parecería más efectivo implementar un programa de políticas públicas (salud y educación), encaminado a promover el consumo de alimentos sanos: informando sobre lo que constituye una dieta balanceada; haciendo campañas de sensibilización que divulguen los efectos dañinos que tiene el excesivo consumo de grasas, azúcares o sales.
También se podría disponer, como lo ha hecho Estados Unidos, que en los kioscos escolares se restringa la venta de productos con escaso valor nutritivo, que pueden generar sobrepeso. Esto se entiende porque los consumidores están en un período de formación, en el que pueden aprender a comer sano y a gustar de productos nutritivos, promoviendo así que los niños lleguen a preferir frutas o jugos naturales, en lugar de golosinas o gaseosas.
Estas consideraciones nos hacen pensar que un impuesto no es la solución. No nos extrañaría que el Gobierno vea en esta medida un modo de financiarse y obtener un ingreso adicional a costa de encarecer el precio de un producto de consumo masivo, y que no será menos masivo porque haya detrás un impuesto. Recordemos que bajo el argumento de que se persigue un buen fin se han creado impuestos anti técnicos, que incluso podrían ser inconstitucionales. Si se entiende bien lo que es un impuesto y se ejerce la potestad tributaria teniendo en cuenta los principios constitucionales que lo informan, otro sería nuestro sistema tributario y posiblemente otra sería también la actitud del ciudadano al momento de cumplir sus obligaciones fiscales.
Docente.
Facultad de Derecho.
Universidad de Piura.
Artículo publicado en el diario El Tiempo, sábado 7 de enero de 2012.
