El polémico proyecto de ley que penaliza la difusión de comunicaciones interceptadas ilegalmente nos debe hacer recordar que la tarea de fiscalizar es una actividad no sólo del parlamento, sino también del periodismo en la cual también colabora el poder judicial. La historia del caso Watergate es un clásico ejemplo del trabajo conjunto de las […]
Por Carlos Hakansson. 31 enero, 2012.El polémico proyecto de ley que penaliza la difusión de comunicaciones interceptadas ilegalmente nos debe hacer recordar que la tarea de fiscalizar es una actividad no sólo del parlamento, sino también del periodismo en la cual también colabora el poder judicial. La historia del caso Watergate es un clásico ejemplo del trabajo conjunto de las instituciones democráticas; una investigación realizada por los periodistas,Carl Bernstein y Bob Woodward, del Diario Washignton Post que desenredaron un complejo acto de corrupción que comenzaba en el Comité para la Reelección del Presidente Richard Nixon hasta culminar en la propia Casa Blanca. Los periodistas recibieron la ayuda anónima de un informante que les reveló que el espionaje telefónico contra el Partido Demócrata era una actividad planificada por los principales asesores del Presidente norteamericano.
Los periodistas no dudaron en contrastar sus fuentes de información y, conscientes de la importancia del caso Watergate, al final consiguieron sacarlo en los medios por tratarse de un tema de interés público. En sesión del Senado, se constituyó una comisión de investigación que interrogó a una serie de consejeros presidenciales sobre el origen del espionaje telefónico al Partido Democrática. Luego de todo un conjunto de maniobras y abuso del poder presidencial para entorpecer la investigación, la comisión senatorial llegó a la conclusión que Nixon había mentido con el fin de ocultar su participación. Las cintas escuchadas por la comisión y el Juez resultaron comprometedoras, mostrando que Nixon estaba enterado de los espionajes telefónicos, e insistía en pagar sobornos a los acusados para evitar chantajes hacia sus consejeros o asesores.
Las investigaciones llevadas a cabo por el FBI, el Senado y la prensa revelaron que el caso Watergate fue sólo una de las actividades ilegales autorizadas por el Presidente y su equipo de asesores; también revelaron el alcance de los delitos y abusos para apoyar su reelección, que incluían fraude en la campaña, espionaje político y sabotaje. Finalmente, Nixon presentó su dimisión en la tarde del 8 de agosto de 1974 antes de terminar el proceso, abandonando el cargo y retirándose de la Casa Blanca al día siguiente. Por todo lo anterior, pensemos si en un sistema democrático en formación como el peruano es conveniente una ley que amenace u obstruya el trabajo de investigación que realizan los periodistas.
Docente.
Facultad de Derecho.
Universidad de Piura.
Artículo publicado en el diario Correo (Piura), lunes 30 de enero de 2012.
