(Piura).- Conflictos sociales, frase de moda en nuestros días. Karla Vilela, experta de la Facultad de Derecho, afirma que bajo ninguna circunstancia se justifica una reacción violenta de la ciudadanía.
Por Julio Talledo. 07 marzo, 2012.
(Piura).- Hace pocos días, pescadores del distrito tumbesino de La Cruz bloquearon la carretera Panamericana (por el kilómetro 1 234) para protestar contra la petrolera BPZ. Alegaban que esta producía ondas sísmicas que afectan la fauna marina y el medio ambiente. Al respecto, la Dra. Karla Vilela, especialista en conflictos sociales de la Facultad de Derecho de la UDEP, señala que, bajo ninguna circunstancia se justifica una reacción violenta por parte de la ciudadanía.
Vilela Carbajal considera que las reacciones violentas suceden porque algunos sectores de la población las conciben como la única manera de atraer la atención del gobierno. Es decir, que ante falta de una respuesta concreta de las autoridades pertinentes, la ciudadanía siente que no es escuchada; lo cual genera impotencia, sentimiento que es exteriorizado en acciones violentas. “El día que el Estado o las instituciones competentes (públicas y privadas) atiendan las peticiones formales de la ciudadanía, las reacciones violentas desaparecerán”.
Responsabilidad de todos
Los conflictos sociales no son solo culpa de uno de los agentes involucrados (privado, público o civil), señala. Según la Dra. Vilela, el Gobierno comete errores en el cuidado a los canales de atención al ciudadano y además por construir todo un aparato burocrático en las instituciones públicas. “Solo basta ver que en cualquier servicio de atención al ciudadano (de orientación, quejas, ventanillas, reclamos, etc.), las personas que atienden son las más jóvenes, las más inexpertas y hasta practicantes”.
En la realidad los ciudadanos creen que es imposible que los atienda su autoridad local y la figura de asesores, secretarios, edecanes, asistentes, portavoces y demás, marca la agenda de la autoridad y desfigura el mensaje que los ciudadanos pretenden hacer llegar a su autoridad. Así se genera ese “teléfono malogrado” que evita que el representante político conozca y solucione las verdaderas necesidades de una población, señala Vilela Carbajal.
¿Y el sector privado?
Este sector falla cuando las empresas buscan alcanzar sus fines sin importarles las necesidades de la población ni el respeto al ordenamiento jurídico. Para la doctora en Derecho, esto ocurre porque muy pocas veces el Estado ejerce su papel fiscalizador y sancionador y, cuando lo hace, la sanción es muy leve. Por otro lado agrega, “Hace falta desarrollar el concepto de responsabilidad social de las empresas”. Aunque una empresa respete el ordenamiento jurídico, muchas veces se olvida que deben servir como una vía de desarrollo a la población que las alberga.
Pero los ciudadanos no quedan exentos de responsabilidad. Anota Vilela que “es un error de la población pensar que la violencia es la única manera de hacerse oír por el Estado Hay otras vías mucho más efectivas y lícitas para reclamar su atención como, por ejemplo, la organización de grupos de pobladores afectados y la utilización de los medios de comunicación. Respecto a los primero se trata de que la población participe activamente en la construcción de su bienestar. Ser activo no es generar actos de violencia, sino trabajar organizadamente para solucionar problemas, por ejemplo, a través de las juntas vecinales. Respecto a lo segundo, cuando una denuncia se hace pública, la autoridad encargada toma un conocimiento más completo del tema, conoce a las personas afectadas y puede programar reuniones de trabajo para llegar todos”.
El dato
- La Constitución peruana promueve el uso sostenible de los recursos naturales y el Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica, según los artículos 67 y 68.
- A la fecha, la Defensoría del Pueblo da cuenta de 153 conflictos activos en el país.
