(Piura).- Esta fue una de las reflexiones planteadas por César Orrego, jefe de la Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo, ante los estudiantes reunidos en la primera sesión del Aula de Comunicación.
Por Julio Talledo. 22 mayo, 2012.
(Piura).- “No hay una disposición de apertura del funcionario público sobre el libre acceso a la información”, fue una de las reflexiones planteadas por César Orrego, jefe de la Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en Piura, ante los estudiantes reunidos en la primera sesión del Aula de Comunicación.
Orrego Azula explicó que, en la actualidad, la relación entre el funcionario público y la sociedad se ha visto distorsionada a causa de la “Ley del secreto”, que aparece en los inicios de la historia republicana de nuestro país y se mantiene hasta nuestros días. Esta ‘ley’ consiste en el que los funcionarios públicos aíslan la información del Estado, por temor a críticas y represalias por una mala gestión.
Esta situación, afirma el Defensor del pueblo, “otorga un lugar muy importante a la corrupción en la gestión pública” y genera que la Ley No 27806 sobre la transparencia y acceso a la información pública no se aplique con efectividad, en beneficio de la ciudadanía.
En este sentido, el jurista afirma que son los ciudadanos los llamados a fiscalizar la gestión de sus funcionarios públicos, haciendo valer su derecho al acceso libre a la información. De esta manera, asegura, podrán contribuir a la administración eficaz de los recursos del Estado y a una gestión transparente de las entidades públicas.
Sobre la Defensoría del pueblo
La Defensoría del Pueblo en el Perú fue creada por la Constitución Política de 1993, como un organismo constitucionalmente autónomo, para defender los derechos fundamentales, supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la eficiente prestación de los servicios públicos en el país.
Atiende, en todo el país, quejas, consultas y pedidos de ciudadanos que, por alguna causa, han experimentado la vulneración de sus derechos. Asimismo, es un colaborador crítico del Estado que actúa, con autonomía, respecto de cualquier poder público o privado, en nombre del bien común y en defensa de los derechos de la ciudadanía
