El Dr. Luis Castillo, especialista en Derecho Constitucional, opina sobre la Ley del Negacionismo y comenta por qué cree que no sería útil.
Por Luis Castillo Córdova. 25 febrero, 2013.Hace pocos días, el Congreso anunció que el 7 de marzo se debatirá el dictamen que plantea incorporar la Ley del Negacionismo en el Código Penal. De ratificarse, habría una pena de cuatro a ocho años para quien públicamente apruebe, justifique, niegue o minimice los delitos cometidos por los integrantes de organizaciones terroristas.
El Dr. Luis Castillo, especialista en Derecho Constitucional de la Universidad de Piura, señala que en líneas generales no encuentra deficiencias constitucionales en el proyecto de ley pero que este no tendría el resultado que se espera.
¿Es necesaria la llamada ley del negacionismo para combatir el terrorismo en el Perú?
La necesidad tiene que ver con las exigencias de una realidad. Como sociedad hemos demostrado ausencia de compromiso para enfrentar por medios pacíficos a todo lo que implica el fenómeno terrorista; y nuestra clase dirigencial ha demostrado ineptitud para combatir eficazmente una prédica como la de Movadef, destinada no solo a minimizar y justificar las acciones terroristas, sino destinada a introducir en la disputa política por el poder dogmas y estructuras mentales intolerantes y violentistas. Esta es nuestra realidad, triste por donde se le mire. En este contexto de sociedad poco comprometida y de cúpula dirigencial inepta, una ley como esta aparece como necesaria, pero honestamente dudo mucho de su utilidad.
¿Por qué cree que no sería útil?
Porque las ideas no desaparecen encarcelando a quien las profesa; por el contrario, el castigo al portador de una idea puede fortalecer el atractivo de la misma. El problema de grupos como el Movadef no se resuelve encarcelando a sus miembros, se resuelve combatiendo las ideas con ideas. La necesidad de una ley como la del negacionismo, irremediablemente, significa nuestra incapacidad o nuestra renuncia a combatir ideas con ideas.
¿Por qué cree usted que se utilizaría la pena de cárcel en lugar de las ideas y el diálogo?
Porque como sociedad admitimos que no tenemos los instrumentos ni capacidades necesarias para difundir prédicas eficaces en contra de la negación, justificación o minimización de los actos terroristas. Y algo se resiente en las bases de la convivencia democrática cuando reconocemos que una idea, por mala o catastrófica que sea, la combatimos no con ideas sino con penas de cárcel. Hoy pueden ser penadas ideas terroristas, mañana puede serlo cualquier otra idea. Y, además, está la capacidad de los órganos fiscales y judiciales para aplicar una ley de esta naturaleza sin desalentar derechos fundamentales como la libertad de expresión o la crítica a resoluciones judiciales.
¿Esta ley restringiría la libertad de expresión, como han dicho muchos?
No hay derechos fundamentales ilimitados. El derecho no da derecho a todo, sino a algo. Desde un punto de vista jurídico general, pienso que el proyecto de ley no vulnera el derecho a la comunicación, porque sanciona la transmisión de hechos inveraces, como es el negar un delito terrorista sancionado por resolución judicial firme; y porque sanciona opiniones que expresen justificación, minimización o aprobación de delitos terroristas solamente cuando tal opinión pone en riesgo derechos fundamentales y bienes constitucionales como los que representan los cuatro fines que apunta el texto del proyecto.
Entonces, ¿dónde radica el problema?
Lo problemático es que lo constitucional, desde una perspectiva general, no impide que se convierta en inconstitucional dentro de unas concretas circunstancias. Y más, tan importante es no vulnerar el derecho de comunicación, como no desalentar su legítimo ejercicio, y esto último puede que se termine dando. Y, en fin, este es solo el aspecto jurídico, no hay que olvidar el político y social vinculado a la democracia a los que hacía referencia antes.
¿Qué hace falta?
Hace falta un compromiso serio y responsable con el verdadero desarrollo de este país. Es bueno que tengamos una economía al alza; pero es mejor la formación de la población, principalmente la de nuestros niños y jóvenes, y no solo la intelectual sino también la moral. Sin duda es más sencillo penalizar a quien emite una opinión que destruye la convivencia social, pero es menos formativo y a la larga menos efectivo.
Es más complejo y esforzado formar a la gente en su capacidad de juicio para discernir y concluir que los actos de violencia no construyen una sociedad justa, pero este camino es, a la larga, más duradero y beneficioso. Dudo de los caminos facilistas de encarcelar a los que nieguen o alaben actos terroristas, confío más en aquello que es fruto del esfuerzo prolongado en la formación moral de nuestra población.
