El docente de la Facultad de Derecho, Carlos Pinedo, explica el panorama judicial que se le presenta al expresidente Alejandro Toledo, a raíz de las compras inmobiliarias de su suegra en el Perú.
Por Carlos Pinedo Sandoval. 04 junio, 2013.
El expresidente, Alejandro Toledo, se presentó esta semana ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, para responder a los cuestionamientos que giran sobre él por las adquisiciones inmobiliarias de su suegra en el Perú. El doctor Carlos Pinedo, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Piura, analiza cuál es el procedimiento que deben seguir las investigaciones.
En su calidad de expresidente, ¿cuál es el procedimiento para comenzar una investigación judicial a Alejandro Toledo?
La investigación en contra del expresidente puede iniciarla de oficio el Ministerio Público, como efectivamente ha sucedido en este caso. La Fiscalía de la Nación ha iniciado una investigación preliminar contra el expresidente al tener conocimiento de hechos irregulares que revestirían los caracteres del delito de enriquecimiento ilícito, no descartándose la configuración de otros ilícitos. Ello se determinará con el transcurrir de las investigaciones. Por la naturaleza del presunto delito, el cual, además, compromete a un ex presidente, es conveniente que las investigaciones estén a cargo la Fiscalía de la Nación.
La Comisión de Fiscalización del Congreso pretende solicitar facultades de grupo investigador, ¿esto es conveniente?
Es preferible que sea investigado por el Ministerio Público, pues se debe evitar que el proceso tome un trasfondo político. Es el Ministerio Público, mediante la Fiscalía de la Nación, quien realmente puede investigar con más exactitud, además de ser el titular de la acción penal. Considero, por el contrario, que el Congreso en este caso podría darle un giro político a los hechos, entorpeciendo el tema de fondo que es la determinación de la comisión de delitos y sus autores e intervinientes.
Sin embargo, el expresidente evitó recibir la notificación del Ministerio Público mediante la cual se le citaba a rendir testimonio, ¿este hecho significa un entorpecimiento a las investigaciones?
Definitivamente, toda conducta renuente a cumplir con una citación del Ministerio Público, ya sea como investigado o como testigo, siempre dificulta el esclarecimiento de los hechos y más cuando, como en este caso, la declaración del expresidente resulta relevante. Si él reitera su rechazo a las notificaciones, estas podrían dejarse en su domicilio, teniéndosele por notificado y dejándose constancia de la negativa a recibir el documento. En última instancia y, de resultar razonable y necesario, se le podría dictar la medida de conducción compulsiva.
Tomando en cuenta este panorama, ¿qué vislumbra que puede ocurrir en el caso Toledo, si es que llega a afrontar una acusación formal?
Si la Fiscalía de la Nación llegase a determinar la comisión de delitos en los que haya intervenido el expresidente Alejandro Toledo, como autor o como partícipe, tendrá que formularse acusación penal en su contra, lo que eventualmente podría desencadenar en una pena privativa de libertad. Por otra parte, también está el costo político que ello le generaría al expresidente.
