El decano de la Facultad de Derecho, Carlos Hakansson, comenta aspectos puntuales sobre la suspensión del sorteo para el Servicio Militar.
Por Carlos Hakansson. 21 junio, 2013.
La decisión del Primer Juzgado Constitucional de Lima de declarar procedente la medida cautelar presentada por la Defensoría del Pueblo, con la cual se suspendió el sorteo público del Servicio Militar Voluntario, ha desatado controversias. Para el constitucionalista, Carlos Hakansson, docente de la Universidad de Piura, esta es una medida oportuna que brinda una solución a una situación arbitraria; pero, señala que el proceso de amparo aún no ha terminado y podría llegar hasta el Tribunal Constitucional, de ser el caso .
Hakansson Nieto señaló que el servicio militar debe ser más atractivo para competir con otras opciones laborales –que también son válidas– para hacer patria como “las carreras técnicas o profesionales. La imposición no es una medida idónea en este contexto. Por otro lado, la situación por la que atraviesa el Ejército es una de las consecuencias de la época del terrorismo. Lamentablemente, no se han tomado a tiempo las medidas para revitalizar a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas”, sostuvo.
El catedrático indicó que no se ha preparado con tiempo un plan de reforma de la carrera militar, que brinde la posibilidad de cursar paralelamente una profesión y sostuvo que el Ejército ha sido la fuerza armada que menos se ha innovado, “en comparación con la aviación o la marina que tienen y ponen en práctica convenios con universidades”.
El plano legal
Analizando el aspecto legal de este caso, el experto explicó que el proceso de amparo aún no ha terminado. “Ha procedido una medida cautelar aprobada por la Judicatura; es decir, se ha dictado una orden judicial para, preventivamente, dejar sin efecto el cumplimiento de la norma, hasta que se dicte la sentencia que resuelva la demanda de amparo”, explicó.
Añadió que con esta medida el juez evita que la norma comience a afectar posibles derechos fundamentales, como la igualdad y el libre desarrollo de la personalidad; por eso, se desea proteger a los ciudadanos que pudieran ser afectados mientras se resuelve el amparo.
Lo que se viene
Hakansson añadió que el proceso de amparo debe continuar su curso y, de ser el caso, al final podría llegar a ser conocido por el Tribunal Constitucional, máximo defensor de los Derechos Humanos a nivel nacional. Mientras tanto, dijo que los ciudadanos podrán seguir manifestando sus opiniones, a favor o en contra, en los medios de comunicación o libremente, como ocurre en toda democracia.
