El Tribunal Constitucional emitió un fallo que obliga al Estado peruano pagar la deuda pendiente de los bonos agrarios. El profesor de la Universidad de Piura, Ing. Juan Ricardo Palma Lama, participa en este reportaje sobre el tema y ofrece su percepción sobre la polémica resolución.
Por Aldo Chávez. 23 julio, 2013.Luego de una semana de comentarios sobre la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que exige el pago de los bonos de la reforma agraria a valor actual, el órgano judicial, finalmente, emitió un fallo a favor de su ejecución. Tras la medida, ahora el debate se concentra entre los que aseguran que se hizo justicia después de tantos años, y los que creen que se generará un gran impacto en la economía del país.
La decisión del TC no es una medida improvisada ni repentina, ha sido una situación largamente discutida y existe un fallo del 2001 que ordena el pago a valor presente que no llegó a ser ejecutado. El presidente del TC, Óscar Urviola Hani, señaló que el fallo no es una medida apresurada, luego de que el presidente Ollanta Humala exhortara a que los miembros del TC se abstuvieran de fallar en “temas delicados” como este, más aún, a puertas de concluir sus funciones.
“Esta causa ha sido analizada durante dos años y se ha venido debatiendo durante mucho tiempo. Han existido varios proyectos alternativos, ponencias y modificaciones sustitutorias. El martes, en el último pleno que prácticamente hemos tenido, se ha llegado a una decisión“, declaró Urviola a los medios.
Una deuda histórica
En junio de 1969, el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado promulgó la Ley de Reforma Agraria. Hacia marzo de 1975 se habían expropiado 7 873 fundos (6 664 308 hectáreas). Para 1979, se habían expropiado 15 826 propiedades y 9 millones de hectáreas. Se ordenó compensar las expropiaciones con el pago del equivalente a quince mil millones de soles oro, en bonos.
El Ing. Juan Ricardo Palma Lama, profesor de la Universidad de Piura, empresario y consultor, recuerda que en esa época Piura era un departamento clave para la agricultura del país. Aportaba entre el 30% y 40% al producto bruto agrícola. A raíz de la reforma agraria, los empresarios agrícolas huyeron de Piura.
“Probablemente, el daño más grande a la agricultura de esta zona no fue la expropiación de tierras, sino la salida de casi 4000 empresarios, quienes se fueron del departamento junto a ingenieros y ejecutivos. Piura era exportadora de azúcar y tenía categoría mundial; en la actualidad, no podemos abastecernos a nosotros mismos. Lo mismo pasó con el algodón, cuyo centro de producción estaba aquí, con casi 100 000 hectáreas sembradas. Ahora, en Piura solo hay 3000. La reforma agraria originó que, por ejemplo, no se invierta en tecnología y se dejen de lado los sistemas de control genético y de campo”, comenta.
El Ing. Palma Lama asegura que si algo queda claro, es que el origen de la deuda es absolutamente legítimo y esta fue reconocida por el propio Estado peruano al momento de emitir los bonos, a cuyo cobro en ningún momento renunciaron los tenedores.
“Es justo que se le pague al fin a los tenedores, pues era un tema pendiente en nuestro país. Era un ‘perro muerto’ de 40 años que el gobierno de Velasco ignoró por completo”, indica.
¿Impacto económico?
En el fallo, el Tribunal Constitucional le otorgó al Poder Ejecutivo un plazo de seis meses para emitir un decreto que reglamente el procedimiento para el registro, actualización y forma de pago de la deuda agraria. A partir de esta fecha, el Estado peruano tendrá un plazo de dos años para reconocer y actualizar la deuda de cada tenedor, y de ocho años para efectuar el pago desde que se realiza dicho reconocimiento. De esta manera, se calcula que todos los bonos de la reforma agraria podrían estar cancelados en los primeros meses del 2024.
El fallo del TC señala, además, que el Ejecutivo deberá establecer en ese plazo las alternativas para el pago de la deuda, ya sea en efectivo o con la entrega de bienes (terrenos productivos o eriazos) o bonos del Estado Peruano. Será el tenedor de los bonos quien decida cómo prefiere recibir el pago.
Definido el sistema de pagos, muchos funcionarios, incluido el premier Juan Jiménez Mayor, mostraron su preocupación por el impacto económico que se generará en el país, al precisar que el Gobierno analizará las consecuencias judiciales y económicas de un eventual pago.
“El monto de deuda que se maneja es de $4500 millones; es decir, son $450 millones anuales durante diez años, lo cual corresponde al 1% del presupuesto del Perú. Esta cifra no afectará a la economía del país, quienes lo afirman están equivocados. En el Alto Piura se van a gastar $400 millones más por los errores de planificación. En este caso, nadie ha dicho que es mucha plata y que afectará el presupuesto”, apunta el Ing. Palma Lama
Definitivamente, agrega el especialista, el Ministerio de Economía es la única entidad que puede definir cuánto es el monto oficial. “A partir de esto, lo mejor es que se establezcan varias opciones a fin de reestructurar la deuda. Hoy el Estado peruano tiene mucha solvencia económica y no creo que existan problemas para realizar los pagos. Hay muchas maneras para hacerlo”, señala.
Una decisión oportuna
Para el experto de la Universidad de Piura, en el cumplimiento del pago de la deuda está en juego la imagen del Gobierno, pues es una gran oportunidad para que se muestre responsable de sus obligaciones, lo cual será positivo en el futuro.
“Si el gobierno cumple con los pagos, se generará un efecto positivo en todo el sistema económico del país y en sus calificaciones internacionales. Se formará la imagen de una entidad sólida y madura”, precisa.
Así como van las cosas, agrega Palma Lama, existe una situación propicia para los peruanos y el Gobierno. “Los mensajes sobre el tema deben ser claros y directos. Dentro de seis meses, tiempo en el que se cumple el primer plazo, conoceremos la calidad de instituciones que tenemos en el país”, puntualiza.
