Aunque, según el informe del Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Chira-Piura, no hay contaminación en las cuencas de los ríos Piura y Chira por la minería informal, porque se practica en el bosque seco, “esto no nos salva de que sucesivos periodos lluviosos acarren los materiales contaminantes (principalmente mercurio) al agua”, sostiene el […]

Por José Luis Barranzuela. 16 septiembre, 2013.

Aunque, según el informe del Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Chira-Piura, no hay contaminación en las cuencas de los ríos Piura y Chira por la minería informal, porque se practica en el bosque seco, “esto no nos salva de que sucesivos periodos lluviosos acarren los materiales contaminantes (principalmente mercurio) al agua”, sostiene el experto José Luis Barranzuela, docente de la Universidad de Piura.

Barranzuela Queneche, experto en minerales, apuesta por una periodicidad analítica, sobre todo para ver si cuando haya lluvias estas arrastrarán los contaminantes a los ríos. Además, “el mercurio puede llegar a la gente a través de la cadena trófica: de los suelos a las plantas y animales, y de allí al hombre; esto también debería evaluarse”. Sin embargo, “sé que el principal problema para realizar estos estudios es el costo relativamente elevado del monitoreo y análisis; y los recursos económicos son escasos”, anota.

¿Se han dado pasos positivos en cuanto al control de la minería informal en la Región?

Su control y fiscalización han sido transferidos a las regiones, pero no tienen los recursos necesarios; y menos, con los recortes presupuestales por la disminución del canon. El problema es tan grande que el ministro del ambiente está solicitando un acuerdo nacional. Un pedido pertinente, pues erradicar la minería ilegal y sus prácticas contaminantes debe ser una política de estado que trascienda los partidos políticos y gobiernos.

¿A qué se debe la disminución del canon?

A la disminución del precio internacional de los minerales que hace que la minería formal, la que sí paga canon e impuestos, tenga menos ingresos. En contraposición está  la minería  ilegal y nociva que no paga impuestos y causa muchos problemas; se expande y trae consigo delitos asociados: trata de personas, explotación laboral, narcotráfico, contrabando, etc., que están a la vista.

¿Por qué tan pocos se formalizan?

Porque es complicado convencerlos de que es beneficioso pagar impuestos, sacrificando algo de su elevada rentabilidad; y convencerlos de que existen técnicas de explotación más eficientes y cuidadosas que podrían reportarles mayores beneficios, pero que requieren invertir en tecnología, protección de los trabajadores y cuidado del medioambiente.

Además, hay una escasa cultura general y, especialmente minera. Muchos recién están incursionando en esta actividad y saben poco de sus beneficios e impactos, ventajas y desventajas. Necesitamos reeducar a la gente de esas zonas; aunque, lamentablemente, la educación está muy rezagada.

¿Qué debe hacer el Gobierno regional para evitar las mafias y delitos que se atrincheran en torno a esta minería?

Como otros problemas del país, este está fuera de control. Hay tantos mineros informales y en diferentes regiones del país, que pueden paralizarlo solicitando que les permitan seguir ‘operando’ (contaminando). Además, siempre habrá algún político que los apoye. Es una ardua tarea, de los gobiernos –a veces socavados por legisladores, por leyes, a favor de este tipo de minería– y de las instituciones que deben salvaguardar a la población: Poder Judicial; los ministerios del Ambiente, Agricultura, Energía y Minas, Educación, y la población: potenciales víctimas.

Poco se puede hacer si no hay el contexto y voluntad política de anteponer el interés y el bienestar general. Las señales dadas hasta el momento por nuestro gobierno (‘el que no bloquea carreteras no mama’) no son alentadoras.

¿Qué aporta la minería informal al país?

Es muy difícil encontrar aspectos positivos, quizá el único sea los puestos de trabajo. Hay mucha gente con jornales superiores al que ganaría en cualquier actividad lícita, pero esto no los legitima; como no es lícito vender droga aunque se gane muchísimo dinero.

Efectos negativos hay muchos: una alta rentabilidad que permite “comprar conciencias”: la del jornalero que no atiende las advertencias sobre los riesgos para su salud; del parlamentario que promueve ‘lobbies’ de “pequeños mineros” o de “mineros informales”. La corrupción de funcionarios públicos (hasta del policía que, se hace “de la vista gorda” para que no falte dinamita, mercurio o combustible a los mineros); este es uno de los efectos negativos más grandes, porque deteriora y degrada a la sociedad, generando desconfianza en la población.

Y, ¿económicamente?

El país deja de percibir cuantiosos ingresos por impuestos y canon, que podría invertir en grandes obras públicas. Se calcula que la minería informal maneja unos US$ 2600 millones anuales, pero solo reporta contaminación al país y mucho ‘dinero negro’ para la corrupción.

Además, ocasiona gastos al Gobierno: para la formalización; las interdicciones que se están ejecutando; e impactos ambientales negativos: cuando encuentren mercurio en el agua o haya alguien contaminado con este, será tarde. Es hora de que aparezcan los ‘defensores del medioambiente’ que asoman solo si se habla de Tambogrande o Río Blanco, ¿o no les conviene aparecer ahora?