Las noticias sobre el surgimiento del crimen organizado en Tambogrande nos dejan preocupados por esta zona en la que no rige el Estado de Derecho. Los responsables de los lamentables sucesos ocurridos en el 2001 no se pronuncian sobre la situación que vive el distrito y el daño ecológico que produce la minería informal a […]

Por Carlos Hakansson. 04 octubre, 2013.

Las noticias sobre el surgimiento del crimen organizado en Tambogrande nos dejan preocupados por esta zona en la que no rige el Estado de Derecho. Los responsables de los lamentables sucesos ocurridos en el 2001 no se pronuncian sobre la situación que vive el distrito y el daño ecológico que produce la minería informal a sus habitantes, especialmente los agricultores. Una especial responsabilidad tienen también las llamadas organizaciones no gubernamentales (las ONG).

El final de las guerras mundiales produjo una nueva sensibilidad en torno a los derechos humanos. A partir de ese momento, ya no bastaría solo su reconocimiento formal, sino que se requeriría de un esfuerzo jurídico y global de la comunidad internacional para realizarlos en todo el mundo. Precisamente, el llamado derecho al desarrollo dio lugar a la creación de las ONG para la difusión, entre otras tareas, de los derechos humanos; pero, estimuló también su politización y burocratización en las instancias estatales creadas expresamente para su protección. La proliferación de estas organizaciones en países en desarrollo y su influencia en las zonas más pobres del país (muchas de ellas con radios locales para difundir contenidos ideológicos) cuentan con un común denominador: su defensa cerrada en favor del medio ambiente –como si se tratara de un bien en sí mismo– que está muy lejos de la idea central de protección a la naturaleza humana y su dignidad.

Es cierto que existen ONG que realizan bien su trabajo; pero, no son pocas las que se han distanciado de sus fines fundacionales. Es más, si analizamos los resultados prácticos nos daremos cuenta de que los principales problemas nacionales (analfabetismo, desnutrición, necesidad de inclusión social, etc.) subsisten a pesar de los importantes recursos extranjeros que estas organizaciones han recibido para implementar medidas que contribuyan al desarrollo humano e inclusión social. Por eso, el centro del debate debe ser el fortalecimiento del Estado de Derecho, recuperando la autoridad.

La protección al medio ambiente se debe lograr con una política que sancione duramente la minería informal y la cadena de corrupción que gira alrededor de ella; de lo contrario, los intereses económicos terminarán fragmentando al país en varias parcelas en las que encontraremos un ‘estado dentro de otro’. La inseguridad ciudadana, el narcoterrorismo en el Vraem y el blindaje a la minería informal son solo tres ejemplos.