El Dr. Fernando Ugaz, docente de la maestría en derecho público de la UDEP, analiza cuál es la situación del Nuevo Código Procesal Penal a seis años de su implementación.
Por Cesar Flores Córdova. 12 mayo, 2015.
“Lo que se ha avanzado hasta ahora nos permite vislumbrar que el recurso humano está al nivel de la reforma”, afirma el doctor Ugaz.
Se cumplieron seis años de la implementación del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) en diversos distritos judiciales del país, incluyendo Piura. Fernando Ugaz, especialista en Negociación Penal, profesor de la Academia de la Magistratura y de la Maestría en Derecho Público de la Universidad de Piura, hace un balance de lo avanzado, las debilidades que aún tiene el proceso y cuáles son los retos.
Han pasado seis años de la implementación del NCPP. ¿Cómo evalúa el proceso?
Se ha iniciado con mucho entusiasmo y, hacerlo por etapas, ha sido y es la vía más acertada. Las experiencias que se recojan de las provincias benefician una implementación progresiva y dinámica para su implementación en todo el territorio nacional, incluso es importante para cuando empiece su implementación en la ciudad capital de la República.
¿Qué hace falta?
El tema de la reforma no solo parte de nuevos hábitos, habilidades y destrezas sino también es esencial el dotar de una nueva infraestructura y logística a los actores del sistema judicial que permita la oralidad como principal instrumento para las audiencias preliminares y los juicios. En Latinoamérica han existido dificultades en cuando a descarga y liquidación del código anterior, pero es la contracara de la reforma de este sistema de justicia.
¿Cómo están las provincias? ¿Se necesita reforzar el recurso humano o el logístico?
Lo que se ha avanzado hasta ahora nos permite vislumbrar que el recurso humano está al nivel de la reforma. Hay muy buenas experiencias en Arequipa, Huaura, Trujillo y Piura. Las provincias han encarado de forma óptima la reforma e inspirarán a los de Lima para hacer lo propio.
Huaura fue el distrito judicial donde se inició la implementación…
En este distrito el recurso humano ha sido trascendente, pero ha fallado la logística. Las auditorías no han dado resultados alentadores: hay problemas de reprogramación, ausencias de los imputados, las defensorías de oficios no se daban abasto con seis audiencias a la vez. Hay un problema central: hasta qué punto la Policía, el Ministerio Público y el Colegio de Abogados pueden generar protocolos que permitan atender los problemas que les aquejan.
¿Quiénes deben resolver estos inconvenientes?
Son temas que escapan al mismo NCPP y deben ser revisados por el mismo legislador, el Ministerio del Interior y otras instituciones. Falta liderazgo y reconocer que todos somos parte del sistema judicial. La reforma, de cara a Lima, permite poner en alerta, por ejemplo, que los fiscales no pueden recoger a los testigos, deben existir mecanismos más creativos para que se lleve a cabo la oralidad sin malgastar el recurso humano. Otro problema es cómo reducir el crecimiento de las denuncias por omisión a la asistencia familiar y peligro común, que son los más altos porcentajes a partir de la reforma, pero que se pueden resolver sin llegar a juicio a través de salidas alternativas que permitan descongestionar el sistema.
¿Cómo valorar a ese personal?
Hemos participado de una auditoría y se ha elaborado un documento con datos estadísticos y encuestas a funcionarios de alto nivel del Poder Judicial, Ministerio Público, la Policía, y la Defensoría Pública. Los resultados señalan, en primer término, que existe una mala distribución de las agendas de audiencia, algunas se podrían suspender u otras reprogramar porque un juez de investigación preparatoria no deberían atender todos los temas todos los días. En segundo lugar, hay otras audiencias que no se deberían suspender por la no participación del imputado es ahí donde se deben buscar soluciones aplicativas que viabilicen y no retrasen el proceso penal.
¿Hay denuncias que se pueden resolver sin llegar a juicio?
En la misma auditoria se recomienda impulsar el acuerdo entre las partes –fiscalía y defensa– para evitar llevar material probatorio a las audiencias y que de forma innecesaria alarguen los juicios, como lo es la figura de las convenciones probatorias. Estos acuerdos se pueden realizar en despachos fiscales, diseñados de manera estratégica para que las partes lleguen a acuerdos y el juez bajo sus criterios homologue en acto oral dichos acuerdos, como corresponde.
La última recomendación es que las instituciones del Estado actualicen, instruyan y capaciten de forma constante a los jueces y fiscales sobre el uso de salidas alternativas; asimismo las universidades se deben comprometer a la formación íntegra de sus alumnos en el estudio de las salidas alternativas de solución de conflictos que el NCPP adopta, se debe incidir en un tipo de justicia de soluciones civilizadas de tal manera, que se entienda al sistema de justicia como el último recurso para solucionar un conflicto. Esto permitirá una verdadera dinámica y dará celeridad al sistema, lo que es parte del espíritu del NCPP.
¿Cómo puede aportar el Colegio de Abogados? Muchos de sus agremiados recargan el sistema…
Los Colegios de Abogados de todo el Perú deben estar comprometidos con la reforma procesal penal, viabilizando la capacitación necesaria para que sus agremiados asuman el compromiso que trae consigo el cambio del sistema. A través de ello se deben erradicar todo tipo de prejuicios como los que ocurren en muchos casos que se denuncian y, luego de cuatro años, se caen las investigaciones o se continúan de forma innecesaria y no se archivan oportunamente porque los fiscales tienen temor de ser acusados de aceptar coimas. Sin embargo, esos prejuicios deben ser erradicados y debemos entender que una litigación estratégica exige que no todos los casos deban ser denunciados y si califican no todos los procesos deben terminar en un eventual juicio oral.
El doctor Fernando Ugaz recomienda que las instituciones del Estado y las universidades instruyan y capaciten de forma constante a los jueces, fiscales y futuros abogados sobre el uso de salidas alternativas para los conflictos.
¿Qué tipo de denuncias están perjudicando el NCPP?
Las denuncias de omisión a la asistencia familiar llegan al 80 por ciento, junto con los casos de peligro común. Es un tema de conciencia civil porque las familias entienden que se tiene que penalizar el tema de alimentos, encarcelar al sujeto y los más perjudicados son los hijos. Se exige un sistema inteligente, racional y más humano, y el NCPP nos da esas herramientas, pero hay un problema humanista de los funcionarios que deberíamos potenciar.
Los defensores de oficio tienen recarga y, por ser gratuito, el litigante considera que tienen poco interés por los casos. ¿Cómo mejorar esta percepción?
Hay que recordar que antes de la implementación del NCPP, el trabajo del defensor de oficio era echado de menos y producto de las nuevas técnicas de litigación oral y las nuevas habilidades, se convirtió en una importante institución para la reforma del sistema judicial, incluso de mayor nivel que la defensoría privada. Sin embargo en los últimos años está cayendo en crisis porque la gran demanda, el poco trabajo de los colegios de abogados y la escasa responsabilidad que asume el estado para preparar a los defensores, hace que esté colapsando.
¿Cuál debe ser la preocupación del estado con respecto a los defensores de oficio?
Considero que la defensoría pública es el equilibrio para lograr la justicia. Hay que dotarla de una mayor logística pues ellos hacen un trabajo impecable a pesar de las carencias, se debe invertir en la capacitación de los defensores públicos incentivando en ellos el sentido de responsabilidad y compromiso para con la reforma de sistema de justicia, reconocerle y darle el papel protagónico que desempeñan en defensa de las personas. Finalmente, no debemos olvidar que la implementación de este nuevo sistema de justicia es un compromiso que todas las instituciones jurídicas del país deben asumir con responsabilidad, los Colegios de Abogados, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Ministerio de Interior y el Estado en general deben ejercer el rol protagónico que este proceso exige.
