Ciudad tomada

Carlos guarda su auto en una cochera y se dispone a regresar a su casa a pie. Su reloj marca las diez de la noche. El cansancio y una molestia en el tobillo lo obligan a tomar una decisión tan ordinaria como peligrosa (aunque aún no lo sabe). Se detiene y aborda un ‘taxi colectivo’. […]

Carlos guarda su auto en una cochera y se dispone a regresar a su casa a pie. Su reloj marca las diez de la noche. El cansancio y una molestia en el tobillo lo obligan a tomar una decisión tan ordinaria como peligrosa (aunque aún no lo sabe). Se detiene y aborda un ‘taxi colectivo’. Un hombre, al que nunca llega a verle el rostro, baja del vehículo y le ofrece el asiento central. Craso error. Las cinco cuadras que lo separan de su casa se vuelven de pronto interminables; y, posiblemente, nunca llegue.

Dentro del auto viajan, además del chofer, tres personas más. Han recorrido el corto trayecto. Carlos pide bajar frente a la puerta del edificio en el que vive. Piensa que en segundos recibirá el beso de su esposa y el abrazo de su hijo pequeño. De pronto, la oscuridad, un pesado acero en la sien y una fría orden lo confunden y atemorizan: “¡ya perdiste, ‘compare’; agacha la cabeza y no hagas bulla porque te quemo!”.

Cuatro asaltantes, una víctima. En segundos le quitaron sus celulares y su aro de matrimonio. La billetera fue la excusa perfecta para mantenerlo secuestrado. “Pasa las claves y no te haremos nada”, fue la segunda orden. Luego de muchas vueltas y casi una hora después, siempre con el arma apuntando a su víctima, los delincuentes lo dejaron en un descampado, a las afueras de la ciudad. Le habían robado más de 5 mil soles; pudo haber perdido más que dinero.

Para el sistema, Carlos ni siquiera es una cifra más de la estadística, pues nunca puso la denuncia. “¿Para qué, si no voy a recuperar nada? Quiero estar tranquilo y no en engorrosos trámites”. Su respuesta refleja la escasa confianza que, como la mayoría de peruanos, tiene en los operadores de justicia.

De quién es la culpa

Karla Vilela Carbajal, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura.

Los poderes del Estado han intentado hacerle frente a la inseguridad ciudadana. Sin embargo, ¿lo han logrado o ya han perdido el control de las calles? La doctora Karla Vilela, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura, afirma que debido a la creciente ola de robos a mano armada, en muchos casos, con consecuencias fatales, el ciudadano exige que el derecho penal imponga sanciones más duras.

“La gente considera que el Estado no está haciendo nada. Esta es una visión equivocada porque nos olvidamos de que las personas debemos acudir al Estado, como última instancia para solucionar nuestros conflictos. El Derecho penal actúa en los casos en los que ya no es posible lograr la mejora de la persona que comete delitos. Y, cuando lo priva de su libertad, lo hace porque busca rehabilitarlo”, refiere la especialista.

Para la doctora Vilela, campañas como “Atrapa tu choro” no logran lo que supuestamente se proponen: acabar con la inseguridad en las calles; “estamos creando un sentimiento de odio y más violencia. Un delincuente no va a dejar de delinquir por lo que le pasó; al contrario, volverá a atacar. Además, estas iniciativas colocan al poblador al mismo nivel de los delincuentes, porque violenta físicamente a una persona e incluso puede matarlo”.

En esa situación, señala, al Estado le corresponde –a través de la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial– actuar de acuerdo a su verdadera función: garantizar la paz social y combatir la delincuencia, pues es esta la que ahora está alterando el orden social. Asimismo, la especialista Vilela considera que los jueces, por la excesiva carga que tienen, “se olvidan de que son aplicadores del derecho y no de la ley. Esta es una de las fuentes del derecho, pero no es todo el derecho. El fin mismo, la fuente inagotable del derecho, es la persona”, afirma.

Viviendo tras las rejas

Eduardo Acosta Yshibashi, profesor del Programa Académico de Arquitectura de la Universidad de Piura.

En la cuadra 30 de la prolongación Miguel Grau, en Piura, se ubican los edificios Los Tallanes, altos bloques de cemento de cinco pisos rodeados por rejas negras. Es una noche de sábado y los vecinos del bloque B3 realizan una ‘parrillada pro fondos’ para mejorar la vigilancia del lugar.

Entre las cuatro paredes que rodean estos departamentos vive la señora Úrsula. Me cuenta que desde hace 10 años, tiempo que reside en la zona, pensaron enrejar el lugar, porque desde entonces, los ladrones se metían a las casas ‘bien facilito´. Eso no ha cambiado mucho, a pesar de las medidas adoptadas. “Con vigilante, rejas y pestillo electrónico, los ‘choros’ han robado en dos departamentos”. ¿Y qué harán ahora?, pregunto. “Más rejas y más llaves”, responde muy convencida.

Eduardo Acosta, profesor del Programa Académico de Arquitectura de la Universidad de Piura, señala que las actuales condiciones de inseguridad han generado que la gente sacrifique ‘la casa bonita por la casa segura’. Por ello, abunda la oferta de viviendas multifamiliares ‘con vigilancia todo el día’ o lotes en ‘urbanizaciones cerradas’.

Describe que han nacido las ‘construcciones disuasivas’, que tienen un cerco o reja de fierro con púas, doble puerta de ingreso y ventanas. Es una casa jaula, explica el especialista. A esta agrega la ‘construcción disuasiva de inversión media’, de cerco eléctrico con el monitoreo continuo de una empresa de seguridad electrónica, y la ‘construcción disuasiva de mayor inversión’. Esta tiene cámaras de seguridad, cerco eléctrico y monitoreo particular de seguridad. Todos estos controles afectan, como es obvio, el costo de la construcción.

Además de proteger las viviendas particulares, los vecinos han aplicado una medida adicional: enrejar las calles cercanas a sus viviendas y bloquear el acceso con pesadas tranqueras. “Estas acciones no están ligadas al concepto ideal de ciudad. Solo se busca la paz ‘en mi calle’. Es una medida defensiva. A nivel de ciudad, las viviendas se aíslan y entregamos la calle al delincuente. Se ha perdido la idea de comunidad”, afirma el docente.

Ese razonamiento, señala Acosta, ha generado pequeñas ciudades dentro de una grande. “En las viviendas actuales lo que tenemos es una pequeña ciudad dentro de una gran ciudad. Ahí se puede nacer, crecer y ver a la familia sin el acecho de los peligros de la calle, como la ciudad del Show de Truman”, menciona.

Esta situación nos está llevando a extremos insospechados”, afirma. Según el profesor Acosta, la realidad hace que las nuevas generaciones tengan poca pertenencia a su ciudad, a tal punto que ahora los centros comerciales, además de invitarnos al consumo, “nos venden una calle donde no hay violencia, nos venden la seguridad de un sitio para caminar; sin mototaxis ni combis ni ladrones”.

Tribus de la calle

Percy García Cavero, penalista y docente de la Facultad de Derecho de la UDEP.

“Fui pandillero por mucho tiempo. Me decían ‘El Faite’. En mi barrio, las broncas con otras pandillas eran casi diarias. Nuestros rivales venían y atacaban nuestra calle hasta con bombas molotov. Respondíamos con piedras y nos defendíamos con verduguillos y cuchillos”, cuenta Miguel. Ahora tiene 37 años. Es padre de una hermosa niña de dos años.

“Hace mucho que estoy tranquilo”, dice mientras alista su mochila con sus herramientas de albañil. Cuando tenía 13 años, su padre murió, a causa de una enfermedad adquirida cuando estuvo preso. Era el hijo mayor y, de pronto, se vio con la responsabilidad de cuidar a su madre y cuatro hermanos; el más pequeño tenía seis meses.

“Antes los pandilleros podían recuperarse; ahora, de frente pasan a formar bandas de criminales. Ha empeorado el panorama”, afirma el doctor Percy García, penalista y docente de la Facultad de Derecho de la UDEP. “Los jóvenes asumen que ser sicarios es una forma de vida. Son personas que tienen condiciones familiares lamentables y poco acceso a la educación. El pandillero lo es porque no tiene nada que hacer y no hay nadie en casa que le diga que eso no lo llevará a nada bueno”, dice el penalista. Agrega que hay también factores culturales que incentivan esas condiciones, como la valoración positiva del antivalor; se cree que lo que antes era malo, hoy ya no lo es.

“El Rey de los Cielos, El Patrón del Mal, etc. son series televisivas que resaltan figuras del antivalor… En la vida real, ¿cuántos chicos quisieran ser el ‘Tony Montana’ del caso Gerald Oropeza? Muchos, estoy seguro. Los jóvenes ven en ellos una forma de realización. Eso refleja el descuido en la formación, promoción y protección de valores. La marginalidad y la pobreza ya no son razones para asumir esa forma de vida porque hay oportunidades. Lamentablemente, los chicos de hoy quieren ganar la plata fácil”, asegura el doctor García.

Ante este panorama, el especialista sostiene que a las malas personas se les puede controlar con sanciones y mecanismos penales. “Por ejemplo, al peruano promedio ya no le puedes enseñar a manejar; solo los puedes controlar con sanciones. Pero existe una generación de niños y adolescentes a quienes se les puede enseñar que se puede vivir en un país civilizado. Si no se trabaja en esos factores criminológicos, que es una tarea de largo plazo, vamos a necesitar más cárceles”, asevera.

El incremento de las penas

Luis Castillo Córdova, decano de la Facultad de Derecho.

¿Cómo enfrenta el Estado la criminalidad y delincuencia? El doctor García considera que los órganos estatales están errando, al incrementar las penas o al querer crear más leyes. “Se habla de leyes contra el terrorismo urbano; esto no soluciona la inseguridad ciudadana. La gente quiere respuestas en el corto plazo, pero no se dan cuenta de que más penas y más leyes no sirven. Hay una excesiva exigencia para que el aparato sancionador funcione, porque es lo único que tiene el ciudadano para enfrentar la inseguridad”.

¿Qué dice la Carta Magna sobre la seguridad ciudadana? El decano de la Facultad de Derecho de la UDEP, doctor Luis Castillo, afirma que la Constitución Política del Perú reconoce el valor de la persona y dice que ella es el fin y su valor es absoluto, es decir, “vale por ella misma y el Estado y la sociedad deben defenderla”. Entonces, señala: “si la persona es el fin, se deben promover las condiciones para que logre su máxima realización. Si fuese un medio, daría igual si alcanza o no dicho propósito. En ese sentido, la máxima realización la encontrará en el crecimiento de sus derechos fundamentales; y, una de esas condiciones es la seguridad”.

Mirando la cotidianeidad de la sociedad peruana, el doctor Castillo afirma: “hoy no es posible sostener que ese principio básico de la Constitución no está siendo afectado. Hay tal inseguridad ciudadana que no existe el entorno para la máxima vigencia de los derechos fundamentales”.

¿El Estado está fallando? “Sin duda, porque la labor de la seguridad ciudadana es también de este”. Señala, además, que dicha función está plasmada en el capítulo 12 de la Constitución Política del Perú, que se titula: De la seguridad y de la defensa nacional”. En ese sentido, refiere, los poderes Legislativo y Ejecutivo deben proponer planes para asegurar la seguridad y la defensa, nivel en el que se está fallando. “Creo que en su afán de cumplir el capítulo 12, se ha sobrerregulado”, refiere el doctor Castillo. Sin embargo, precisa, que aunque la norma esté escrita “pecaríamos de ilusos” si le confiamos este tema tan complejo, pues los textos son solo instrumentos… Si los problemas se solucionaran con normas, ya no habría ninguno; el problema es de sujetos”, afirma el docente.

Está claro entonces: la inseguridad no se combate con más normas o sanciones más drásticas. Hay que buscar los valores perdidos; el mejor lugar para empezar es la familia. Debemos buscar ese eslabón perdido, así habrá mejores ciudadanos y ciudades seguras.