La Comisión de Constitución anunció que se añadirá una cláusula anticorrupción a cada contrato realizado durante la reconstrucción. ¿Por qué no incorporar también cláusulas que tengan un impacto social y ambiental positivo en el país?
Por Maria Gracia Zapata. 20 junio, 2017.
La reconstrucción del Perú, tras los daños causados por el fenómeno El Niño costero, representa una necesidad urgente para el país. Con los aproximadamente 20 000 millones de soles que el Ministerio de Economía y Finanzas ha destinado a la llamada “reconstrucción con cambios”, se empezará a coordinar la contratación de empresas para la reparación de las 250 000 construcciones y 5800 kilómetros de carretera destruidas.
Sin embargo, existe un problema muy común en la contratación pública de empresas privadas: el Estado suele fijarse en la cantidad de dinero que le costará la construcción de una obra, por lo que tiende a elegir la que implica un menor costo. Pero, la experiencia nos dice que no siempre lo más barato es la mejor opción: Hay mucho más que ver que costos.
El doctor Iñigo Sanz, ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid, expuso en la Universidad de Piura el tema “Cláusulas Sociales y Ambientales en la Contratación Pública”. Según explica, el Estado también necesita considerar el fomento de políticas de protección del medio ambiente y potenciación de determinados sectores sociales desfavorecidos. “Si unimos la necesidad del Estado de proveerse de bienes, obras y suministros, junto a la política de asistencia social o de protección ambiental, estamos matando dos pájaros de un tiro”, señala.
Es un tema que está pendiente en nuestro país. “El Estado peruano, como todos los estados del ámbito occidental en general, tiene que incorporar estas cláusulas para fomentar y facilitar que las políticas sean efectivas. Es decir, que lo que el gobierno dice, lo que dice la Constitución, realmente se lleve a cabo”, expresa.
El Niño: Oportunidad
Para el experto internacional en Derecho Ambiental, la incorporación de estas cláusulas hará que las empresas entiendan que el Estado ya no se va a preocupar exclusivamente por comprar lo más barato, sino que se inclinará por lo que realmente necesita la sociedad. Así, para que una empresa privada se convierta en adjudicataria de un contrato público, deberá incorporar necesariamente los criterios ambientales y sociales a sus actividades.
En casos de emergencia, como el vivido en el Perú, que ha golpeado la economía familiar con la pérdida de trabajos y de producción, será de gran ayuda contar con estas cláusulas. “El destrozo provocado por las inundaciones en Piura exige que se haga una reconstrucción real, no de fachada; sobre todo, a nivel ambiental, edificación y zonas inundables, protección de márgenes inundables de los ríos y arreglo de zonas verdes. Parece evidente que el elemento ambiental prima sobre muchos otros”, indica Sanz.
Desde el punto de vista social, afirma que también parece indiscutible la necesidad de incluir estas cláusulas. Las empresas adjudicatarias de las obras de reconstrucción podrían ser las que más apuesten por la contratación de personal desempleado o de personas con mayores necesidades económicas afectadas tras el desastre.
Socialmente responsables
En los últimos años, las empresas se han preocupado mucho por mostrarse como “socialmente responsables”, con acciones orientadas a mejorar su imagen social, frente a potenciales consumidores privados. Se esmeran en vender una imagen de organizaciones preocupadas por los problemas sociales y ambientales que aquejan a nuestro país. Son conscientes de que tienen ya ganados a un sector de la población que acudirá a ellos, aunque les cueste más dinero, porque les preocupan los mismos problemas.
Para el Dr. Sanz, ahora el cambio sería mayor. “Ya no se trata simplemente de los consumidores en general, sino de las compras del Estado, que es un porcentaje elevadísimo del Producto Bruto Interno (PBI) y tiene un efecto multiplicador evidente”, expresa. Desde el momento en que el Estado impone una serie de exigencias (ambientales y sociales) para la adjudicación de contratos, automáticamente esa preocupación por cumplir con los estándares se generaliza entre las empresas.
El experto español manifiesta también que en el contrato debe constar cómo se llevará a cabo el control efectivo para verificar que realmente se cumplan estas cláusulas. “El poder público, cuando contrata, tiene la responsabilidad de que la empresa realmente haga eso que se ha comprometido a hacer. El control forma parte de la obligación estatal. Por eso, siempre debe tener instrumentos previstos en el contrato”, indica.
Experiencias previas
La incorporación de las cláusulas sociales y ambientales en los contratos del Estado es obligatoria en toda la normativa europea. Se inició el 2004, y a partir del 2014 empezó el gran impulso.
“En España ahora se aplica este género de medida. En Estados Unidos pasa lo mismo, incluso de una forma más exagerada. Le da mucha más importancia a estas cláusulas de la que se le puede dar en Europa, donde todavía el valor económico prima”.
Sanz describe la experiencia española como algo difícil, pues las empresas no estaban acostumbradas a dichas medidas. Cuando se empezó a plantear la introducción de cláusulas sociales y ambientales en la contratación pública, hubo varios problemas de comprensión por parte de los actores involucrados. Empresas, e incluso jueces, consideraban que se infringía el principio general de que lo más barato era lo mejor.
A pesar de que hoy en día hay algunas protestas de empresas que no se han adaptado completamente al nuevo escenario, en términos generales, lo están asumiendo muy bien. “Se está produciendo, de una manera sutil, una mejora en la ejecución de los contratos y en la inclusión de este tipo de cláusulas. Ahora, las empresas se preocupan por pasar por auditorías ambientales, consumir energía renovable, usar etiquetas ecológicas, y más. Simplemente porque, llegado el momento, podrán contratar con el Estado”, señala.
En el caso del Perú, el doctor Sanz señala que la incorporación de estas cláusulas es una cuestión de altura de miras de los políticos. “Si se van a limitar a cumplir, a lo fácil, vamos a ir a lo de siempre: a los precios más baratos. En cambio, si pretenden que a mediano o a largo plazo la situación mejore, entonces creo que no importa gastar un poco más ahora, porque a la larga representa un ahorro enorme”. Sin lugar a dudas, este es el momento más oportuno para pensar en incluir este tipo de cláusulas en los contratos públicos, pues representarán grandes ventajas para el futuro del Perú.
