En la reciente Convención de Derecho realizada en la UDEP, la doctora Susana Mosquera, profesora de la Facultad de Derecho, analizó jurídicamente conflictos socioambientales en el Perú y propuso posibles soluciones.
Por María José Salazar. 21 septiembre, 2017.
Foto: Semana Económica.
Es el cuento de nunca acabar. Tenemos recursos minerales capaces de potenciar la economía del país, pero ahí están, guardaditos, porque el Estado, las empresas y la población no se ponen de acuerdo. Los pobladores del territorio donde operaría una mina se oponen férreamente, pues existe la percepción –cierta o no– de que ello supone un perjuicio para su desarrollo sostenible a corto, mediano y largo plazo.
Se trata, sin duda, de un problema complejo. La solución requiere responder a preguntas como: ¿Qué tan importante es la protección del medioambiente frente a la tranquilidad de contar, a nivel económico, con una efectiva fuente de ingresos? ¿Qué tan difícil puede ser reubicar a las comunidades nativas o indígenas? ¿Cuál es el papel del Estado, de las empresas y de la población en todo este lío?
Dra. Susana Mosquera.
Para la doctora Mosquera, docente de la Facultad de Derecho de la UDEP, el tema pasa, en primer lugar, por entender la naturaleza, las costumbres y la organización de las comunidades: «Para garantizar protección a los grupos minoritarios, se debe comenzar por una adecuada comprensión de la condición multiétnica y pluricultural del Estado. Las comunidades campesinas y las nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas. Son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y libre disposición de sus tierras, así como en lo económico y administrativo, dentro del marco que la ley establece».
Esta comprensión lleva a la pregunta: ¿Sería posible reconocer a las comunidades nativas un papel activo en relación a las normas internacionales que directamente les afectan; papel que pasaría por implicarlas en la etapa de gestación internacional de esa norma, su posterior desarrollo concreto y la vigilancia para su cumplimiento?
Para validar esta hipótesis, la especialista utiliza como piedra de toque el concepto «actores internacionales no estatales», que la doctrina ya aplica a las empresas multinacionales en casos de responsabilidad por violación de derechos humanos, trasladándolo a las comunidades indígenas.
Riqueza para todos
A decir de Mosquera, el progreso económico de un país no depende solo de su capacidad para generar riqueza, sino de distribuirla equitativamente. De ahí que los países con mayor estabilidad económica sean los que presentan un menor índice de desigualdad social.
En este sentido, su primera propuesta consiste en reconocer jurídicamente a las comunidades indígenas como estructura administrativa municipal, para que puedan gestionar la cantidad de ingresos que les corresponden como producto de la actividad extractiva: «Si la comunidad indígena logra defender su personalidad jurídica, recibiendo reconocimiento como estructura administrativa municipal, dentro del sistema jurídico peruano, podría ser la que administre directamente parte de los ingresos que genera el canon minero».
«No es cierto que los pobladores locales no quieran la mina. La quieren, siempre y cuando ellos también participan en la toma de decisión y la gestión futura», agregó.
Derecho al desarrollo sostenible
El rechazo de las comunidades nativas hacia la actividad minera, como sabemos, tiene su base no solo en la conciencia de que no reciben el beneficio que merecen, sino en los casos de daño físico o geográfico sufrido por otros. Y es que, en un territorio destruido, ¿qué se puede sembrar? Con una población enferma por la contaminación del ambiente, ¿cómo se puede hablar de desarrollo?
Una de las causas que saltan más vivamente a la vista es la falta de estudios de impacto ambiental realizados por terceros independientes –no por las empresas extractoras, como suele ocurrir–, y el desinterés del Estado ante esta situación. Según Mosquera, «es el Estado quien debe analizar si las actividades extractivas tienen o no un efecto contraproducente para los pobladores, es el Estado quien debe aportar elementos de juicio imparcial que permitan conocer los factores de contaminación que la minería puede ocasionar en cada caso concreto; es el Estado quien tiene la responsabilidad de implementar los mecanismos que hagan posible una mejora en el bienestar económico, sin que ello suponga hipotecar el bienestar ecológico de las generaciones futuras».
Sin desmedro de ello, resulta también importante la propuesta ofrecida por la docente de otorgar a las comunidades la posibilidad de proteger activamente su derecho al medioambiente como derecho de nueva generación, condición para la existencia y disfrute de los demás derechos.
Adecuada información
Como tercera propuesta, Susana Mosquera indicó que los pobladores y comunidades deben ser informados de sus derechos y obligaciones, a fin de conocer de qué forma les protegen las normas y, de este modo, tomar una decisión consciente sobre la conveniencia o no de aceptar la actividad extractiva en su localidad, cuando se haga efectiva la ley de consulta previa.
Sobre ello, aclaró: «Deben ser conscientes de que su derecho a ser consultados no significa capacidad de vetar o paralizar la actividad minera, y que también a ellos alcanzan las reglas y sanciones que emanan del sistema jurídico».
«Perú ha sido, es y será un país con recursos importantes y habrá que aprender a gestionar adecuadamente los intereses contrapuestos que surgen en relación a ellos. La minería sí puede ser un catalizador del desarrollo, pero hay que lograr compromisos con las comunidades en las que se realiza la actividad», puntualizó.
IV Convención de Derecho Público
El 5 y 6 de setiembre, en el marco de las actividades por la Semana de Derecho de la UDEP, se desarrolló la IV Convención de Derecho Público, organizada por la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura. En esta, se presentó un estudio transversal sobre la persona, como sujeto de derecho, «que permite observar, estudiar y cuestionar las distintas peculiaridades que surgen en cada una de las ramas del Derecho», dijo el doctor Ronald Vílchez.
En catorce investigaciones, elaboradas por estudiantes (Piura y Lima) y profesores de la UDEP, así como por alumnos de la Universidad Antenor Orrego y de la Pontificia Universidad Católica del Perú, se analizaron, desde la óptica del penalista, del constitucionalista, del administrativista y del internacionalista, los distintos matices concernientes a la persona jurídica. Más de 200 personas asistieron a este evento.
