Una vez más corren voces proponiendo la pena de muerte como una medida, esta vez, para resolver el trágico problema social de violaciones a menores de edad.
Por Luis Castillo Córdova. 12 febrero, 2018.
Imagen de la publicación en el suplemento Semana. Diario El Tiempo.
Esta propuesta se genera del facilismo lógico de creer que un problema termina si desaparece quien lo ocasiona. Pero, la pena de muerte está lejos de conseguir los beneficios que parece anunciar.
La pena de muerte es injusta
Si la justicia tiene que ver con dar a cada quien lo que le corresponde, en ningún caso corresponde a la Persona ser matada. Si nos preguntásemos por el valor de la Persona, es decir, por su dignidad, tendríamos que admitir que ella vale como fin último. Este valor le viene dado por el solo hecho de tener naturaleza humana. Así lo ha reconocido la Constitución peruana al proclamar que la Persona vale como “fin supremo” (artículo 1). Pues bien, la pena de muerte siempre será una medida injusta porque siempre será una medida indigna. Matar a aquello que tiene condición de fin supremo no solo significa una contradicción insalvable, sino que significa la instrumentalización de la Persona, al sacrificarla como medio al servicio de la sociedad o del propio Estado. Toda Persona mientras sea persona no pierde su valor de fin supremo, haya hecho o haya dejado de hacer incluso el acto u omisión más abominable.
La pena de muerte es ilegítima
Si la Persona vale como fin supremo, entonces, los poderes públicos valen como instrumento al servicio de ella. Servir a aquello que tiene condición de fin supremo significa promover su máxima realización posible, la cual se consigue –desde una perspectiva jurídica- a través de la promoción de la plena vigencia de sus derechos humanos. Según la Constitución, es un “deber primordial” del Estado peruano garantizar la plena vigencia de los derechos humanos (artículo 44). Así, el Estado nace y existe para servir a la Persona, el cumplimiento de esta finalidad permite reconocer legitimidad a sus actos. La pena de muerte siempre será una decisión estatal, ya sea a través del Poder legislativo que la instaura, ya sea a través del Poder Judicial que la aplica. En este contexto, la pena de muerte aparecerá siempre como una medida que hace que el Estado incumpla su deber esencial de promover la plena realización de la Persona, convirtiéndose irremediablemente en una medida ilegítima.
La pena de muerte es inidónea
Problemas graves como la violación de menores surgen de la concurrencia de una serie de factores uno de los cuales es el sujeto que comete la violación. Este problema no se solucionará matando Personas: si todos los demás factores subsisten, siempre habrá un sujeto activo en condiciones de cometer el acto de violación sexual. Se matará Personas inútilmente, inyectando violencia a una comunidad política que si algo tiene en abundancia, es violencia en sus relaciones sociales. Es más, existiendo otras medidas como la cadena perpetua revisable, que impide que una concreta Persona vuelva violar, la pena de muerte aparece como un sórdido deseo de venganza.
¿Denunciar la Convención americana sobre derechos humanos?
Existe una razón adicional: en el Perú no se puede implantar nuevos supuestos de pena de muerte porque lo prohíbe la Convención americana sobre derechos humanos. Sin embargo, sin dejar de ser una razón, es una razón débil, no solo porque el Perú si lo decidiese, puede denunciar la referida Convención para implantar la pena de muerte a violadores de menores, sino también porque es una razón meramente formal, que hace depender la validez de las decisiones no de la naturaleza de las cosas, sino de la autoridad que quien las proclama.
El fracaso de los poderes públicos
Los últimos gobiernos en el Perú han fracasado en lograr aquello para lo que se les ha encargado el ejercicio del poder público: la plena realización de las Personas. Para comprobarlo, no hace falta más que echar un rápido vistazo hoy a nuestros gobernantes: unos individuos ocupados en lanzarse sus propias miserias, siempre de espaldas a las necesidades e intereses de una población a la que solo se le escucha cuando toma carreteras. No ejercen el poder para atender los graves problemas que como sociedad nos aquejan, en el mejor de los casos por ignorancia, cuando no por verdadera perversidad. Lo cierto es que promovemos la mediocridad de los poderes públicos cuando les exigimos medidas facilistas y populistas como la pena de muerte, en lugar de reclamarles soluciones integrales, que con inteligencia coordinen la actuación oportuna de las distintas dependencias públicas involucradas en la solución de un problema.
El llamado a la sociedad
El problema de la violación de menores –como tantos otros problemas tan dramáticos- reclama un trabajo serio y responsable en distintos ámbitos. El Estado peruano ha demostrado, al punto de hacernos perder la ilusión, que su modo de trabajar es cualquier cosa menos serio y responsable. Por eso tenemos un sistema de seguridad policial construido sobre el abuso, un sistema de justicia edificado sobre la indolencia, y en uno y otro caso haciendo de la ignorancia del para qué están, un baluarte al cual consolidar. Pero la grandeza de la sociedad peruana está por encima de la apabullante mezquindad de sus gobernantes; nos corresponde a todos, ¡desde nuestros hogares!, fomentar valores de laboriosidad, responsabilidad, respeto y solidaridad; nos corresponde, ¡desde nuestros hogares!, promover medidas de aseguramiento en beneficio particularmente de quienes puedan aparecer como más vulnerables a los ataques no solo físicos o materiales, sino también –y principalmente-, morales del mundo de hoy. Si lo conseguimos, es muy probable que nos empecemos a merecer un mundo mejor, incluso a merecer unos gobernantes mejores.
