Las Cumbres de las Américas, como encuentros políticos de alto nivel que reúnen a los jefes de estado del continente, generan –especialmente en el país anfitrión– una enorme expectativa mediática, que no suele defraudar.
Por Susana Mosquera Monelos. 16 abril, 2018.
Foto: Andina.
A las condiciones normales de las anteriores cumbres se añade ahora el revuelo político interno que vive el Perú, la invitación retirada al presidente Maduro o la ausencia en última hora del presidente Trump, para atender la crisis en Siria, por lo que es fácil entender las razones de la cobertura informativa que se hace a estas reuniones políticas. Pero, lo cierto es que los temas de trabajo de las Cumbres de las Américas son similares a los de cualquier otra sesión de la Asamblea General de la OEA en la que se encuentran representados estos mismos estados. Entonces, ¿por qué se convocan Cumbres políticas para estados que ya tienen un foro regional permanente de cooperación, diálogo y solución de controversias?
Estas cumbres surgieron para discutir sobre el fortalecimiento democrático en la región con especial interés en la integración económica; de hecho, la convocatoria de la primera cumbre se hizo para impulsar un acuerdo de libre comercio en las Américas, pero con el tiempo se ha ampliado el enfoque hacia un desarrollo que mitigue la enorme desigualdad que aqueja a la región y una efectiva protección de los derechos de las minorías y grupos más vulnerables.
Esto hace que la Cumbre coincida con muchos de los propósitos y objetivos de la Carta de la OEA y también con los esfuerzos en favor de la integración que se desarrollan desde muchas organizaciones regionales, e incluso desde las organizaciones universales. Por eso, para coordinar esfuerzos, esas otras organizaciones de integración y cooperación forman parte de la estructura de trabajo de la Cumbre, lo que hace cada vez más compleja la logística de organización de este tipo de eventos. Como bien sabe cada estado anfitrión.
Pero, la gran debilidad de este tipo de foros es su naturaleza intergubernamental y no institucional; y, aunque los líderes regionales han logrado mantener cada 3 años la convocatoria de estas reuniones –aunque en esta oportunidad hay varias ausencias notorias–, no se puede comparar el trabajo intenso de dos días de cumbre, con la tarea permanente que realizan organizaciones de similar campo de acción como la OEA, o las Naciones Unidas. Por muy bondadosas que sean las intenciones de los jefes de estado que acuden a la Cumbre, los documentos de trabajo solo pueden presentarse como planes de acción, declaraciones o propuestas; es decir, como documentos muy alejados de las resoluciones, dictámenes o convenciones que emanan de una organización con una estructura institucional estable.
De hecho, la principal aportación jurídica lograda en una de las Cumbres de las Américas fue la preparación del borrador de la Carta Democrática Americana durante la III Cumbre en Quebec en 2001, pero para convertirla en tratado vinculante para todos los estados miembros fue necesaria su aprobación en la sesión de la OEA de ese mismo año en Lima.
Una oportunidad para los líderes de máximo nivel
Foto: Andina.
No obstante, la Cumbre de las Américas cuenta ya con una cierta tradición, y no parece que haya intención de cambiar su sistema de trabajo porque a los jefes de estados americanos, siempre temerosos de sufrir el intervencionismo en sus asuntos internos, les resulta de gran utilidad este tipo de contactos directos y personales. Las controversias se resuelven no por interés de estado, sino por afinidad política y personal entre los líderes.
Probablemente, esa exacerbada protección soberana no intervencionista es uno de los factores que dificulta el impulso a estructuras de integración política en América y mantiene el protagonismo presidencialista en la región. Y, aunque ese unilateralismo en la gestión política de intereses comunes no es lo deseable, lo cierto es que también se puede aprovechar esta “forma americana” de relaciones internacionales para resolver alguno de los problemas que aquejan al continente.
El tema de esta VIII Cumbre, decidido con un año de antelación, ha sido clarividente. Pocos imaginaban en 2017 el efecto contagio que los casos de corrupción han tenido en la región y por eso hay que dar la bienvenida a cualquier iniciativa que ayude a tomar conciencia del grave problema que la corrupción genera para la gobernabilidad democrática. Pero, si la Cumbre quiere que sus acuerdos y mandatos se conviertan en decisiones vinculantes para los estados, tendrá que pasarlas a la OEA para que sean aprobadas en sesión de la Asamblea General.
También está en la agenda de las Cumbres y de la OEA la situación de Venezuela. El veto a la participación del presidente Maduro puso de manifiesto la visión crítica que un grupo numeroso de países de la región tiene respecto de la calidad democrática en ese país. La percepción de que las garantías democráticas han desaparecido en Venezuela es una evidencia desde hace ya tiempo. Frente a esa situación, las herramientas de intervención que tiene la OEA han demostrado ser ineficaces, de ahí la esperanza de que través de las sanción moral que supone la “no invitación” a un evento político de estas características, sirva para mover al cambio y la regeneración democrática de Venezuela.
Cumbres paralelas
Es interesante destacar, en esta VIII Cumbre, la convocatoria de foros y cumbres sectoriales que se han reunido de forma paralela a la reunión de los jefes de estado. Cada vez es más numerosa la participación de actores internacionales no estatales y la comunidad internacional ha comenzado a adoptar medidas para que sus opiniones y puntos de vistas sean tomados en consideración a la hora de formular políticas globales.
En esa lógica, se han reunido los empresarios en su foro temático, para presentar ante los jefes de estado una lista de cuestiones de interés para fortalecer la economía en la región. Y ojalá esos comentarios y sugerencias sean escuchados para que ayuden a completar la visión del funcionamiento del sector económico que no puede moverse solo con resortes de estado. Por lo pronto han logrado que varios jefes de estado asistan a ese foro empresarial y escuchen sus propuestas.
Adicionalmente, la sociedad civil siempre activa y crítica, también ha tenido una especial intervención en esta cumbre. Desde Cuba han recibido con entusiasmo esta plataforma civil que ha servido para dar publicidad a la defensa de la política exterior de la isla. Pero, más allá de las críticas políticas, la presencia de los actores civiles en foros paralelos obliga a reconsiderar su posición frente a la comunidad internacional, y con ello su participación más directa ante las instituciones en las que se toman decisiones globales. Junto a la sociedad civil, la convocatoria del foro indígena en esta Cumbre de las Américas ha servido para expresar una vez más la demanda la atención hacia problemas comunes como el fortalecimiento de gobernabilidad indígena, la consulta previa, y la libre determinación de los pueblos. Lo que hace evidente la necesidad de crear para ellos un mecanismo permanente de participación ante instituciones internacionales.
La cuestión que queda pendiente es, ¿debemos esperar otros tres años para que estos actores estatales, civiles, empresariales, indígenas encuentren tiempo en sus agendas para volver a reunirse?, o en atención a la importancia y urgencia de los temas de trabajo que tienen pendientes se abra la opción a una participación estable de todos ellos en un foro con capacidad real para tomar decisiones.
