El deseo de promover la alternancia democrática en la sociedad competirá con una organización partidaria familiar (cónyuges, hijos y hermanos) con una capacidad instalada para ejercitar una clientelismo de campaña.
Por Carlos Hakansson. 20 junio, 2018.
El impedimento a la reelección de alcaldes y gobernadores regionales estuvo auspiciado de comentarios positivos sobre la conveniencia de procurar la alternancia democrática para combatir los gobiernos personalistas. El próximo 7 de octubre serán las elecciones y las consecuencias de dicha medida han confirmado el enquistamiento familiar de líderes municipales y regionales, con deseos de mantener su vigencia y continuidad en el ejercicio de la política.
Las reacciones al impedimento legal para reelegirse nos muestran, una vez más, que la solución a los problemas que nos aquejan como comunidad política, no se resuelven únicamente con nuevas y mejores disposiciones legales, pues, valiéndose de una “criolla interpretación” se consigue un resultado legal que burla su finalidad y produce peores consecuencias, dado que el deseo de promover la alternancia democrática en la sociedad competirá con una organización partidaria familiar (cónyuges, hijos y hermanos) con una capacidad instalada para ejercitar una clientelismo de campaña.
Es cierto que existen municipalidades y regiones que, progresivamente, evidencian un mejoramiento en la gestión de los servicios públicos para los ciudadanos, muchas de ellas fruto de alcaldes y gobernadores reelectos en sus localidades y regiones, pero el problema no era truncar la labor de líderes exitosos sino combatir la instalación de organizaciones en paralelo que, lejos de comportarse como un partido o movimiento político, obra como una maquinaria promotora de clientelismo en las bases sociales a cambio de beneficios económicos y dadivas, ejerciendo una competencia desleal con el resto de candidatos en un proceso electoral.
