Por la coyuntura que vive el país, es un momento importante para reflexionar sobre cómo el derecho administrativo ayuda a promover una Administración pública honesta y eficiente para servir al ciudadano.
Por Guillermo Chang. 07 agosto, 2018.
Fuente: Derecho Administrativo
El derecho administrativo regula la relación de la Administración pública con los ciudadanos, en sus múltiples facetas: obtener una licencia, una multa de tráfico, el pago de arbitrios, las fiscalizaciones e inspecciones, por ejemplo.
Aun cuando este tipo de relaciones han existido siempre, el Derecho administrativo, surgido con la revolución francesa, se ha consolidado en los siglos XIX y XX. En el país, la importancia de este derecho ha sido constante. Por ejemplo, las concesiones de bienes públicos (minas, hidrocarburos, etc.), obras públicas (carreteras, puertos, etc.) y servicios públicos (agua, energía, etc.) han sido esenciales desde el inicio de la república.
El Derecho administrativo es, o debería ser, un instrumento al servicio del ciudadano. El artículo 1 de la Constitución peruana señala que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo del Estado y la sociedad. Se entiende que el Estado no está para sí mismo, sino para los que viven en su territorio, aunque a veces esto no se respete.
Es mucho lo que el derecho administrativo puede hacer en bien del ciudadano. Es la base de la regulación de los sectores especiales. De nada sirve saber de electricidad, agua, telecomunicaciones, transporte, entre otros, si no se tiene en cuenta las normas de los actos administrativos (en especial, la motivación), de los contratos públicos, la legalidad de los reglamentos, entre otros.
Dadas las circunstancias, por la coyuntura que vive el país, es un momento importante para reflexionar sobre cómo el derecho ayuda a promover una Administración pública honesta y eficiente para servir al ciudadano. Este será el tema del VIII Congreso Nacional de Derecho Administrativo, que se realizará en Piura, del 9 al 11 de agosto.
La ciudadanía mira atenta el ejercicio de la potestad sancionadora, la simplificación administrativa y los trámites excesivos que generan corrupción. En estos casos es necesaria la transparencia en los procedimientos administrativos, la adecuada motivación en los actos administrativos por los cuales la Administración pública actúa de una determinada forma.
En la actualidad, los ciudadanos conocen sus derechos y sus deberes, pero es difícil conocer las formalidades o procedimientos para reclamarlos y ejecutarlos. Esto porque, en muchos sectores, las leyes son muy técnicas. Devolver la confianza en el sistema pasa por el Derecho, por conectar con la ciudadanía, por defender lo justo. Eso es ponerse a su servicio.
