Desde el ámbito penal, constitucional, internacional, administrativo, los alumnos, docentes y profesionales del Derecho participantes de la jornada recordaron que luchar contra la corrupción requiere de voluntad para realizar cambios urgentes.
Por Tania Elías. 12 septiembre, 2018.
La V Convención de Derecho Público giró en torno a las perspectivas jurídicas de la corrupción. Las participaciones que se sucedieron por dos días, permitieron generar debate sobre el impacto de este problema en el funcionamiento de la sociedad, a raíz de las escandalosas denuncias que cada vez son más frecuentes a todo nivel.
El doctor Paolo Tejada, docente de Filosofía del Derecho, llamó a la reflexión de los participantes para preguntarse qué sociedad quieren y, con ello, les animó a valorar la necesidad de recuperar el sentido moral ya que, su separación del Derecho, es causa de la corrupción.
“Se habla de la corrupción como un delito con responsabilidad penal que exige una respuesta ejemplar del sistema judicial; nos deja perplejos, pero este tema no supone solo un delito sino una falta contra uno mismo: corromperse es degradarse”, recordó.
Mencionó una serie de formas en las que se refleja la corrupción, a través del poder que promueve el dinero, con el que se compran cosas como la capacidad reproductiva de una persona con la justificación de que se adquiere lo que está disponible en el mercado. Para él, estudiantes, jueces, médicos y toda la ciudadanía debe trabajar en el ámbito de las virtudes para que sean las más elevadas y las mejores, desde el punto de vista morales. Esto ayudaría a combatir la corrupción.
Sin condiciones
El estudiante Alexander Castillo Morales hizo un análisis del daño que la corrupción ha causado a la democracia en el Perú, desde los gobiernos de Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, hecho que ha generado desencanto de la población en las autoridades e instituciones públicas. También mencionó la mala actuación que se da en los gobiernos regionales y locales, en los que no se defiende el bien común sino intereses propios.
Recordó que, según la Defensoría del Pueblo, la corrupción genera pérdidas de más de 12 mil 600 millones, un 10 % del presupuesto anual de la nación. “Con ese dinero se puede brindar muchos servicios públicos que el país necesita”, indicó. Para él, hay necesidad de una reforma educativa con una conciencia cívica sólida que incentive a los ciudadanos a votar para sentirse realizados y no para evitar una multa, fortalezca los órganos electorales, entre otras propuestas.
Claudia Namuche Arce se refirió a las implicancias de los actos de corrupción en el sector educativo, a través del caso de las Apafas. Al referirse al derecho a la educación, que garantiza la Constitución Política del Perú, recordó que no se puede condicionar el acceso a la matrícula a ningún tipo de cobro. Pese a que esto lo señala la ley, se refirió a la presión constante de padres de familia que no respetan este derecho y exigen pagos no permitidos.
Otras exposiciones fueron las de Alexa Ojeda y Marcela Cabellos, sobre el principio de transparencia en las contrataciones del Estado; la de la docente Grecia Mattos Mena sobre la tributación de actos ilícitos, en especial referencia a los actos de corrupción y la de Rudy Rosales Córdova, quien se centró en la corrupción y la administración pública desde la actuación del funcionario público y su muerte civil.
También participó Stefany Pérez que hizo unas reflexiones a raíz de la adhesión del Perú a la convención OCDE sobre corrupción de servidores públicos extranjeros. “Esta convención reconoce que el papel de los gobiernos en la prevención del soborno es crucial. Uno de sus fines es lograr reglas equitativas de participación en las transacciones nacionales y combatir el daño que la corrupción internacional genera sobre el comercio y la inversión”, explicó.
Por su parte, Marycielo Francia expuso consideraciones para implementar mecanismos de control efectivo para reclamar responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones suscritas por los Estados en materia de corrupción.
Mesa de trabajo
En esta V edición de la Convención de Derecho Público, se desarrolló una mesa de trabajo. Participaron Daniel Huamán, profesor de la Academia de la Magistratura; César Orrego, Defensor del Pueblo de Piura; Flavio Saavedra Dioses, Fiscal Titular Adjunto Provincial de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, del distrito judicial de Sullana, y Francisco Álvarez, docente de la Faculta de Derecho.
Los especialistas consideraron que la corrupción es la mayor afectación de los derechos humanos que puede existir. A pesar de las distintas visiones que presentaron, coincidieron en la necesidad de que la sociedad se involucre en la lucha contra la corrupción, demostrando su responsabilidad en lo que le corresponde.
Al estar cercanas las elecciones regionales y municipales, se mencionó como ejemplo, la necesidad de hacer un análisis exhaustivo sobre los candidatos, desde las hojas de vida y sus declaraciones juradas, hasta los planes y propuestas de gobierno. Se recordó su rol en la reconstrucción y el buen manejo del dinero que el Gobierno debe entregar a la región. Garantizar el buen manejo de esos recursos, en la lucha contra la corrupción, empieza por una elección a conciencia, comentaron.
