¿Cómo los escándalos de corrupción han impactado en el crecimiento de la producción y el empleo en el país? Guillermo Dulanto, docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UDEP, nos responde.
Por Elena Belletich Ruiz. 15 enero, 2019.Harto conocida es la situación caótica que vive nuestro país, a pesar de los esfuerzos, a veces aislados, por combatir la corrupción, la delincuencia y otros flagelos. Pese a todo, el ministro de Economía y Finanzas acaba de anunciar que habrá un crecimiento económico del 4% en el primer trimestre y “The Economist”, revista especializada inglesa, ha reconocido que el Perú sí está luchando contra la corrupción. Sobre estos temas, conversamos con el doctor en Economía, Guillermo Dulanto Rishing.
Guillermo Dulante, economista y docente de la Facultad de Ciencias económicas y empresariales de la UDEP.
Para el economista, y docente de la Facultad de Ciencias económicas y empresariales de la Universidad de Piura, Guillermo Dulanto, “el tema de corrupción en el país ya ha tocado fondo. Se ha generalizado en todos los niveles de las actividades públicas y privadas, en todos los niveles sociales y espacios geográficos. Es un cáncer que está destruyendo a la sociedad peruana”.
Y, la política, ¿qué sucede con ella?
La política es el reflejo de esta situación y en ‘un país de confundidas gentes’ –como se decía en la época de Piérola- los políticos no cumplen los roles que deberían tener como expresión máxima del orden social; por el contrario, los más corruptos responden a intereses particulares, y los honestos, no tienen la capacidad para restablecer ese orden. La primacía de las decisiones económicas y jurídicas sobre las decisiones políticas nos lleva a un caos que perjudica a todos en nuestra sociedad.
¿Cómo afecta este ambiente a la economía nacional y regional?
Este caos político genera un ambiente propicio para que las actividades informales e ilegales, en todas sus expresiones, ganen terreno y desplacen a las formales y legales. Lo que para algunos es una solución –la informalidad– a los problemas de desempleo y falta de producción, es en realidad un terrible mal para la actividad económica. Corrupción e informalidad nos llevan a perder competitividad y a dar vueltas en un círculo vicioso donde solo ganan los “vivos” y pierde el resto de la sociedad.
Si la situación no se estabiliza lo más pronto posible, ¿qué podría ocurrir?
Desde el punto de vista político, este caos nos puede llevar a una distorsión total de lo que es realmente la democracia; en la práctica, actualmente, tenemos una oclocracia, donde una muchedumbre, manipulada por una concertación de medios de comunicación, confunde prioridades, personajes y roles. Esto, evidentemente tiene consecuencias funestas para la sociedad, y la experiencia peruana de hace muy pocas décadas nos dice que esta situación termina, por lo general, en una interrupción de la democracia.
Desde el punto de vista del Derecho, una profundización de la judicialización de la política provoca que el Derecho pierda su esencia y se encuentre al servicio de intereses económicos subalternos.
Por lo pronto, ¿qué indicadores o actividades económicas se han visto afectadas?
El principal indicador que se ve afectado es la tasa de crecimiento de la inversión, tanto privada como pública. Lo grave es que la reducción de esta tasa provoca efectos negativos sobre la tasa de crecimiento de la producción y del empleo formal. En este sentido, actividades como la minería y la industria, muy dependientes de la inversión y reinversión privadas, se ven muy afectadas.
En el caso de la inversión pública, la corrupción genera una ineficiencia en la ejecución de las obras públicas que, posteriormente, representan una nueva carga fiscal para rehacer las obras mal realizadas. En Piura, tenemos infinidad de esos casos, en distintas partes de la Región, que ya han sido sustentados y documentados en los informes de la Contraloría General de la República.
Cara a los nuevos gobiernos (regionales y locales), ¿hay alguna fórmula para evitar nuevos errores en la contratación de personal y no contratar personas corruptas, en los cargos importantes?
Lamentablemente, la legislación vigente no permite realizar una selección transparente y justa para contratar personal, no solo en los gobiernos regionales y locales sino también – y sobre todo– en el Gobierno nacional. No hay que olvidar que los funcionarios más corruptos (y de mayor monto), se encuentran en el Gobierno nacional.
Cambiar esto requiere declarar en emergencia el sector público a nivel nacional con una ley que proponga el Ejecutivo y apruebe el Congreso; pero, ya sabemos que ambos poderes del Estado están en otras cosas menos importantes. Así que, estos errores, creo, seguirán dándose por un buen tiempo
En el caso de Piura, ¿las nuevas autoridades regionales y locales han elegido bien a sus funcionarios?
Es potestad del Gobernador y de los alcaldes elegir un porcentaje de funcionarios, como cargos de confianza. En este sentido, debemos esperar un tiempo prudencial para evaluar su desempeño. Es cierto que en el caso del Gobierno Regional Piura han existido problemas en algunas designaciones, pero no creo que por esta razón se deba descalificar tan rápido la gestión actual. En el caso de la Municipalidad Provincial de Piura me parece que la mayoría de cargos de confianza asignados cumplen con los perfiles requeridos.
En su opinión, ¿cómo debería ser todo proceso de selección de funcionarios públicos?
En primero lugar, el número de cargos de confianza debe reducirse; y, en segundo lugar, los ingresos al sector público deben ser a través de concursos públicos trasparentes y abiertos. ¿Por qué el Banco Central de Reserva del Perú sí puede hacerlos y el Gobierno en sus tres niveles no? Ahora los funcionarios ingresan como CAS o Locadores, porque el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no autoriza la creación de plazas nuevas; pero, eso es tapar el sol con un dedo porque al final estos funcionarios terminan quedándose en la institución a través de órdenes judiciales y el MEF igual termina pagando.
Entonces, ¿qué medidas urge tomar para dinamizar la economía y ganar mayor credibilidad ante los inversionistas?
Creo que hay que restablecer la confianza en la política, bien entendida, como generadora de orden y convivencia armónica. La crispación actual es incompatible con eso. Y, se debe restablecer la independencia y marco de acción del Derecho y no usarlo con fines políticos. Desde la economía, el MEF y el BCRP tienen un manejo más profesional y creo que por ahora hacen lo correcto para evitar que la inversión se desplome.
En cuanto a los pobladores, en general, ¿cómo puede tener una aportación positiva?
En este tema, invocaría a la población a que se informe de los temas políticos, judiciales y económicos a través de diferentes fuentes. Parcializarse, al utilizar una sola fuente, nos lleva a sesgarnos y enfrentarnos con los que no piensan igual que uno. En una sociedad enfrentada de manera pasional es poco lo que los ciudadanos pueden aportar.
