Una propuesta de reforma política que impida a los condenados postular a un cargo público por elección debe armonizarse con otros derechos constitucionales que también deben ser observados y respetados.
Por Carlos Hakansson. 19 junio, 2019.
Fuente: andina.pe
La propuesta de reforma constitucional que impide a los condenados en primera instancia, la candidatura a órganos estatales por votación popular y cargos de confianza, tiene la finalidad de seleccionar a mejores representantes políticos.
En lo que respecta al Congreso, se trata de una enmienda que busca revertir los antecedentes vividos en las últimas composiciones parlamentarias, los cuales terminan por afectar su propia credibilidad ante la ciudadanía. Sin embargo, consideramos que se trata de una medida que afecta los principios de presunción de inocencia e instancia plural, pues, una resolución de primera instancia es emitida por un juez, mientras que una de segundo grado, revisada por un órgano jerárquico superior, es firmada por tres miembros, con lo cual, el riesgo de falibilidad judicial se reduce significativamente, quedando la Corte Suprema para que, en vía de casación, declare o no su nulidad.
Sobre el mismo tema de discusión, si el proyecto de reforma planteado fuera más bien dirigido a impedir que los candidatos al Congreso sean aquellos que han sido condenados en segunda instancia, quedando el congresista electo a la espera que pueda declararse nula en casación y, en caso contrario, la resolución quedará firme para que la comisión de acusaciones constitucionales del Congreso se ocupe de iniciar el procedimiento para desaforar al parlamentario, aprobarla en el pleno por mayoría y ponerlo a disposición de la autoridad judicial; de esta manera, no se afectarían los principios del debido proceso aludidos ni tampoco el derecho de participación política.
Una propuesta de reforma política que impida a los condenados para postular a un cargo público por elección, si bien pretende resolver un problema concreto de nuestras todavía débiles instituciones, debe armonizarse con otros derechos constitucionales que también deben ser observados y respetados. Al final, debemos reconocer que el problema comienza por una mala conformación a las listas al Congreso.
