Esta emergencia sanitaria no solo ha generado impacto negativo en la economía, sino que también ha puesto sobre el tapete la negociación sobre las pensiones que se deben pagar o no en los colegios.
Por Koko Zavala. 18 mayo, 2020.
Esta emergencia sanitaria no solo ha generado impacto negativo en la economía, desplazamientos migratorios e incluso de supervivencia de los sectores más vulnerables, sino que también ha puesto sobre el tapete la negociación sobre las pensiones que se deben pagar o no en los colegios privados. Sobre este tema opinan tres profesores de la Universidad de Piura.
Camilo García Gonzales, decano de la Facultad de Ciencias de la Educación sostiene que en el ámbito educativo “esto tiene serias repercusiones y quizá los más afectados con todas estas medidas hayan sido los colegios particulares. Muchos se han visto obligados a suspender su oferta o reducir su personal docente y no docente. Con todo en contra y a pesar de las adversidades, muchos realizan sus labores en una modalidad no presencial.
Acuerdo conjunto y razonable
Sobre la oferta académica de los colegios, el magíster García recalca que, en cuanto al cumplimiento de las horas lectivas, “no tienen sentido aquellas voces que reclaman una recuperación de las horas”; y resalta que la interacción que es la base de todos los aprendizajes. En la modalidad no presencial, dice, se cumplen a cabalidad estos requisitos: las horas lectivas que van más allá de la hora física presencial y la interacción en línea de manera simultánea (plataformas, Zoom, Teams, WhatsApp) o diferida (clases grabadas, ppt, correo electrónico).
“Obviamente no son comparables ambas modalidades. Sin embargo, es importante valorar el esfuerzo de los colegios por asegurar los aprendizajes en esos entornos virtuales. La mayoría de ellos han invertido en tecnologías y herramientas para mantener la calidad del servicio; y se suma la labor sacrificada de los docentes cuya exigencia ahora es mucho mayor e invierten personalmente en los servicios de internet, afectando más su situación económica personal”, recalca.
Agrega que si los colegios cumplen íntegramente con la prestación educativa con la calidad del servicio los aprendizajes están asegurados. Respecto a la reducción de costos de la pensión, esta no es una fórmula válida: “a menos clases presenciales menor pensión y a más clases presenciales mayor pensión”. En este punto, atendiendo al contexto de emergencia y situación de muchos padres de familia, los colegios deben llegar a un acuerdo conjunto de reducción razonable de las pensiones.
“Hace falta igualmente una definición en las normas del Minedu, para saber claramente a qué deben atenerse las instituciones educativas privadas y asegurar una buena planificación”.
Mayor apoyo del Estado
Para la profesora Luzmila Flores Correa, del área de Pedagogía de la misma facultad: “En estos tiempos de crisis, el Estado debería dar mayor soporte a las instituciones privadas que ofrecen el servicio educativo. No ayuda que la autoridad máxima manifieste por televisión que “los padres pueden ir a la escuela pública y que ahí se les recibirá…”
Es importante, indica, entender que la educación es un derecho y que al ciudadano lo asiste también el derecho de crear empresa educativa, y que esta puede ofertar servicios de acuerdo con la demanda. “Es función del Estado velar por que esta oferta sea de calidad”.
En este sentido, la magíster Flores está de acuerdo con las declaraciones de la ministro de Economía en una entrevista televisiva, en la cual afirmó que el tema de las pensiones en los colegios privados es un tema que debe verse entre los padres de familia y la institución educativa. Y, “eso no implica que las instituciones privadas puedan hacer lo que quieran; pero, hay que comprender que han realizado gastos distintos en los meses anteriores para empezar clases no presenciales. Además, tienen que implementar una serie de recursos que no tenían previstos: plataformas online, capacitar a sus docentes, etc.
Adecuar los planes de formación
Claudia Mezones Rueda, docente del Área de Lengua, incide en que la educación virtual tiene características claramente diferenciadas de la educación presencial. Para su adecuada implementación, son necesarios una serie de recursos materiales, además de la preparación de los docentes como profesionales de la educación capacitados para promover procesos de enseñanza-aprendizaje en un entorno virtual.
“Ante la situación de emergencia, las escuelas y centros de formación de todos los niveles se han visto en la premura de convertir la educación presencial en no presencial. En las circunstancias que estamos viviendo, son evidentes las distintas y más variadas situaciones en que están las familias, los estudiantes, los profesores, los directivos, personal administrativo y toda la comunidad educativa”.
El Ministerio de Educación, mediante una reciente resolución ministerial, ha normado aspectos relevantes a tomar en cuenta en la educación virtual: horas de sesiones virtuales, labor docente, monitoreo directivo, ejes de aprendizaje en los distintos niveles, entre otros. Aun así, los que somos agentes educativos, involucrados directamente en la labor docente, sabemos que lo más importante no es solo saber lo que hay que hacer, sino cómo hacerlo y hacerlo. Se trata, entonces, de la implementación del año académico en programas o planes concretos y factibles, que tomen en cuenta una serie de factores que inciden en su calidad para el logro de los aprendizajes.
Lo consecuente es que cada escuela o centro de formación debe comunicar con claridad la adecuación de los planes de formación presencial a la no presencial, y cuáles serán los alcances en el logro de los aprendizajes de acuerdo con las estrategias implementadas en el centro. De esta manera, los padres de familia tendrán una información clara de lo que recibirán de las escuelas de sus hijos. Es muy importante la comunicación en todos los niveles e involucrados como agentes educativos.
La problemática de los colegios particulares
Para el doctor Guillermo Dulanto Rishing, docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, para analizar el tema de las pensiones habría que separar a los colegios que están dando clases virtuales de los que no lo hacen. “En el primer grupo, el pago de la pensión debe ser producto de una negociación entre el colegio y los padres de familia considerando los siguientes factores: los costos vigentes de los colegios (infraestructura, profesores, servicios, etc.) y la calidad de las clases virtuales”.
En este tema, los colegios y los padres de familia deben acogerse a una negociación, señala el economista. “Los colegios argumentan que 70% de sus gastos son fijos (pago de profesores, servicios, tributos y alquileres en algunos casos). Así, proponen un descuento máximo de 30%. Se debe tener en cuenta también los menores ingresos de los padres de familia, que se han quedado sin trabajo o cuya actividad se ha visto reducida. Además, los padres de familia indican que el pago acordado era por clases presenciales y que las clases virtuales son, pedagógicamente, solo un complemento de estas, por lo que han propuesto un descuento de 50%”.
Si bien se ha dado una norma (D Leg. N° 1476), esta es muy complicada para ser aplicada, y bajo ese criterio deberíamos conocer la estructura de costos de todos los productos y servicios que adquirimos (Ejm. Bancos: cuando aceptamos una determinada tasa de interés).
Según Dulanto Rishing, se debe establecer un punto común que permita: que los padres puedan pagar la pensión. Y que esta cubra los costos de los colegios. “Aquí se pueden establecer cuatro categorías de tratamiento: Inicial, Primaria y Secundaria; y Casos especiales y moras. En este punto se debe apelar a la comprensión de las partes para llegar a un acuerdo que impida el cierre del colegio, con el consecuente desempleo de los profesores y la pérdida de la enseñanza para los alumnos (la opción de pasar a colegios públicos es bastante limitada). No hay que olvidar que un tercio de los docentes laboran en colegios particulares.
