La mayoría de los gobiernos regionales y de las municipalidades no han sido medios para equilibrar los territorios de nuestro país, para permitir un armónico desarrollo social, cultural y económico.
Por Orlando Vignolo. 16 octubre, 2020.
La pandemia que venimos sufriendo ha terminado por hacer añicos nuestra descentralización. Salvo honrosas excepciones, las organizaciones administrativas descentralizadas son lastres para acometer este doloroso fenómeno, sin que muchas puedan mostrar respuestas efectivas y, peor aún, teniendo otras tantas una extraña vocación antijurídica por ser meras comparsas u “observadores” de las actuaciones efectuadas por las administraciones públicas del Estado.
Y, claro, la realidad epidemiológica actual se encadena con las situaciones ordinarias. La mayoría de los gobiernos regionales y de las municipalidades no han sido medios para equilibrar los territorios de nuestro país, para permitir un armónico desarrollo social, cultural y económico, asegurar el sostenimiento de urbes poderosas y menos han rebajado los absurdos niveles limeño-centralistas que agobian al Perú. Además, la unidad en nuestras diferencias, como propósito constitucional esencial de la descentralización administrativa, nunca apareció reflejado en este deficitario modelo de división territorial del poder.
Entonces, el diagnóstico es claro. Se necesitan retroceder varios pasos para desmontar –entre otros- la impericia jurídico-organizativa que le da cobertura a este proceso. No queda más que empezar un muy serio paquete de reformas de las leyes organizativas existentes, tratando de priorizar la existencia de una armazón de conceptos y un mínimo de orden competencial.
Este es un artículo de opinión. Las ideas y opiniones expresadas aquí son de responsabilidad del autor.
