El doctor Hakansson destaca la importancia de lograr una verdadera vigencia del estado de derecho en nuestro país y el rol de los partidos políticos como elementos fundamentales en la clase política.
Por Koko Zavala. 05 octubre, 2020.
En medio de una grave crisis sanitaria que ha generado problemas en los diversos sectores, una grave crisis social ahondada por el desempleo creciente ha surgido también una crisis política que enfrenta a los poderes del Estado. En este contexto, y cuando hace poco se celebró el Día de la Democracia, nos preguntamos: ¿hay democracia en el Perú?, ¿cuándo se consolidará de una vez por todas?
El constitucionalista, Carlos Hakansson, profesor de la Facultad de Derecho de la UDEP, señala que “la democracia necesita tiempo y acción. Lo primero está regido por la sucesión y alternancia; lo segundo, demanda la profesionalización de la política mediante partidos que tengan un progresivo arraigo y formación de líderes. Lamentablemente, el reciente impedimento de reelección de alcaldes, gobernadores regionales y parlamentarios complica la continuidad y solidez de una clase política”.
¿Cree usted que el concepto actual de democracia en el Perú se convalida con el concepto universal de democracia?
Si comprendemos a la democracia sólo como la expresión del libre ejercicio ciudadano para la elección de sus autoridades políticas, nos detendríamos en un aspecto meramente formal para recordar en un calendario. Su contenido material exige el permanente cumplimiento de una valla más alta, como la vigencia del estado de derecho, la seguridad jurídica, el respeto y garantía a los derechos humanos, y la independencia e inamovilidad de los jueces. El lector puede sacar sus conclusiones sobre el actual estado de nuestra democracia.
Pese a todos los esfuerzos por fortalecer nuestra democracia, esta se debilita cada vez más. Cuatro expresidentes presos, constantes enfrentamientos políticos, y escándalos por doquier atentan contra esto. ¿Cuál cree que sea el principal peligro?
Con casi veinte años de procesos electorales continuos deberíamos contar con un patrimonio político, compuesto por expresidentes de la República que contribuyan con su experiencia cuando sean convocados por el jefe de estado para discutir temas de interés nacional. Se trata de un capital que forma parte de la historia reciente y pilares de la institucionalidad y sucesión democrática.
No es saludable para la democracia que desde fines de los años ochenta hayamos caído en un espiral de cuestionamientos de tipo penal a todos los jefes de estado, complicando la posibilidad que broten los valores y aprecio ciudadano a un sistema que promueve la libre elección de sus autoridades políticas.
Entonces, ¿qué hacer?
El principal esfuerzo que hay que realizar es renovar la conexión de la ciudadanía con los partidos políticos para el ejercicio de su representación y discusión de los temas que promuevan el bien común. Si la familia es la célula básica de la sociedad civil, los partidos son su equivalente para la clase política.
La necesidad de organización y democracia interna, clara defensa y promoción de sus ideas como una mejor opción de cara a los próximos procesos electorales resultan vitales en una comunidad política. Sin embargo, se trata de una dinámica que se sostiene gracias a sus líderes y, en segundo lugar, a su debida regulación e inscripción. Los requisitos formales son importantes, pero la trasmisión de ideas a los ciudadanos en favor del bien común durante la campaña electoral, el saber cómo hacerlo y la capacidad para lograrlo resultan determinantes durante el mandato.
Esta situación es similar y va en aumento en varios países latinoamericanos, ¿es probable que a futuro vivamos una “democracia” solo de nombre y que no represente verdaderamente al ciudadano?
La vida de un partido yace en sus líderes y militantes. La crisis de una clase política se produce por la ausencia de líderes formados tempranamente en las tiendas partidarias, su carrera de vida en la cosa pública, comenzando como regidor municipal, alcalde, alto funcionario, gobernador regional, parlamentario, ministro, etcétera, permite la conformación de cuadros preparados e identificados con una ideología que brinda coherencia en su trabajo y acciones.
La democracia de nombre se evidencia cuando se pone más atención a las formalidades que deben cumplir los partidos y no a la formación y trayectoria de sus militantes.
Gran parte de la ciudadanía se siente cada vez menos representada por los políticos, ¿a qué se debe esto?
La clase política surge como consecuencia de un permanente debate sobre los temas que importan a todos los ciudadanos: salud, educación, orden interno, más y mejor infraestructura, una administración pública dimensionada y eficiente, seguridad jurídica, promover políticas capta capitales.
Los ciudadanos sienten que no se atienden los temas que les interesan y afectan localmente, si la clase política no escucha propuestas y las comparan con otras más o menos convincentes, unas populistas, ideologizadas o incluso radicales, se produce una desafección de la política y de sus actores.
En los últimos cuarenta años, observamos que la clase política no se ha renovado de forma generacional: con partidos con arraigo y nuevas opciones políticas con fundamento. El índice de mortalidad de los partidos de gobierno es muy alto, al final de un mandato presidencial languidecen o terminan desapareciendo y sus militantes migran a otras agrupaciones. Si a ello sumamos que a siete meses de las elecciones generales no tenemos claro quiénes son los candidatos a la Presidencia y al Congreso, hablamos de unos comicios marcados por la incertidumbre.
Considera que la existencia de demasiados políticos sin un mínimo de formación o especialización. ¿es otro de los factores que hacen más frágil nuestra democracia?
Sin duda, a quienes deseen realizar una carrera política les demandará formación y testimonio de acciones realizadas para el bien común desde la cosa pública. La improvisación, lo que comúnmente conocemos como aventuras políticas, no colaboran con el fortalecimiento de la institucionalidad.
En los partidos más longevos se observa un cuello de botella para la formación y exposición profesional de los más jóvenes en la arena política, no necesariamente en medio de una candidatura al parlamento, pero sí la experiencia previa como regidores, alcaldes, miembros del consejo regional, gobernadores.
Ante el anuncio de las elecciones del próximo 11 de abril, con una pandemia al acecho, ¿este proceso podrá desarrollarse de manera normal?
La organización de los procesos electorales que correspondan durante la pandemia es un problema mundial. En los Estados Unidos se discute la conveniencia o no del voto por correo, por ejemplo; además, acaba de nombrarse al nuevo titular de la ONPE y su deber es plantear y poner todos los medios para que los comicios del 2021 se lleven a cabo con seguridad sanitaria.
Somos un país en el que los escándalos políticos, económicos, sociales entre otros, suelen olvidarse a los pocos días. Nunca se reclama por las promesas electorales incumplidas, ¿somos demasiado conformistas?
El grado de informalidad del Perú (alrededor del 70%) trae como consecuencia que una mayoría de ciudadanos esperen poco a nada del Estado para la solución de sus problemas; por otra parte, el voto es obligatorio y eso brinda una apariencia de interés respecto a los candidatos y sus propuestas de campaña.
Cuando el Estado quiere intervenir, ya sea autorizando una obra o proyecto de inversión, recién vemos a la gente protestar si considera que será afectada en sus intereses, pero, lo ordinario es que las autoridades estén ausentes de sus necesidades y problemas de agua, desagüe, luz, educación y seguridad.
Respecto a la crisis política actual, ¿cómo debería resolverse?
La crisis de representatividad que debemos resolver no debe conducirnos a prescindir del Congreso. Sin parlamento no hay democracia, es el gobierno de las mayorías que respeta a las minorías. Por eso, resulta preocupante el actual y sistemático cuestionamiento a las competencias parlamentarias para fiscalizar y ejercer sus competencias con autonomía funcional. Esta es una práctica que afecta el principio de separación y balance entre poderes.
