05 Feb 2021

Foto: ANDINA.

Escucho y leo con estupor que nuestro Ministerio de Salud busca otorgar autorizaciones administrativas para permitir el futuro ingreso y aplicación de las diversas vacunas anticovid-19 que algún día llegarán a Perú (quizás en la publicación de la próxima columna se tenga un primer lote en suelo nacional).

Un sentimiento de pesadumbre me agobia, pues conozco las dificultades extremas y complicaciones de tramitación que generan este tipo de institutos (más si tienen condiciones extras); por eso, no llego a entender cómo nuestros funcionarios asumen que estos bienes sanitarios tienen que pasar a ser objetos del control previo administrativo, en medio de una emergencia epidemiológica sin precedentes.

La fascinación enfermiza e inexplicable que existe en el país por la autorización administrativa, de la cual ya he dado cuenta en varios trabajos científicos, nos ha alejado de la proporcionalidad y variedad de técnicas de policía administrativa, además de acentuar una suspicacia atroz sobre las actividades y enseres que pretenden efectuar los privados en cualquier rubro.

En este tiempo aciago, es momento de utilizar declaraciones juradas y responsables entregadas por cada sujeto de derecho que pretenda gestionar estos elementos esenciales (incluyendo la propia fabricación), permitiendo que sus distintas actuaciones puedan ser fiscalizadas ‘a posteriori’. Vale recordar a los que deciden en estos asuntos, que la “mejor manera de saber si puedes confiar en alguien es confiando” (E. Hemingway).

Este es un artículo de opinión. Las ideas y opiniones expresadas aquí son de responsabilidad del autor.

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