Prohibir la realización de los actos de culto implica dejar sin efecto el contenido raíz de la libertad religiosa, y suspender su ejercicio, lo que está expresamente prohibido durante la vigencia del estado de emergencia
Por Susana Mosquera Monelos. 17 febrero, 2021.
Foto: ANDINA.
La pandemia ha permitido comprobar los perniciosos efectos que la secularización ha dejado en la cultura occidental. Las medidas dictadas por los gobiernos de todo el mundo tenían la intención de controlar aquellos sectores potencialmente peligrosos para la salud, y dentro de esas categorías estaban las reuniones de todo tipo ya fuesen para ir a la cafetería o para asistir a una ceremonia litúrgica.
En la práctica, este comportamiento expresa una minusvaloración de lo que significa la religión como derecho humano. Ese desconocimiento hace a los gobiernos “incompetentes” para resolver los problemas de armonización de derechos. Prohibir la realización de los actos de culto implica dejar sin efecto el contenido raíz de la libertad religiosa, y suspender su ejercicio, lo que está expresamente prohibido durante la vigencia de un estado de emergencia o excepción.
Efectivamente, emergencia significa tomar decisiones rápidas, pero la rapidez si no está acompañada de eficacia, con elementos neutrales que den validez a la decisión, y no tiene apoyo social, rápidamente puede derivar en arbitrariedad. En el Perú, las medidas adoptadas han sido especialmente restrictivas. Del 15 de marzo al 15 de noviembre del 2020 estuvieron prohibidos los actos de culto colectivo, alcanzando la cifra récord de 8 meses de suspensión del derecho de libertad religiosa. Y, a inicios del 2021, se ha vuelto a colocar a la libertad de culto en la categoría de actividad sospechosa, y se ha establecido un aforo para los templos e iglesias muy inferior al que se asigna a otro tipo de actividades.
Ciertamente, el impacto de la religión en la recuperación del Producto Bruto Interno (PBI) no es fácil de visualizar y, por tanto, los argumentos que maneja el Gobierno para reactivar la economía no toman en consideración el papel de la fe. Sin embargo, incluir a las entidades religiosas en la solución de esta crisis sanitaria es una medida adecuada como estrategia de éxito puesto que ellas tienen la capacidad de informar sobre la crisis, atender espiritualmente, ofrecer ayuda asistencial y hacer frente a las objeciones y rechazo que algunos grupos pueden tener respecto a las vacunas, por ejemplo.
Resulta urgente abrir un camino de diálogo -político o judicial- entre el poder político y el poder religioso para asegurar la efectiva protección del derecho de libertad religiosa de la persona. Esta libertad desempeña un papel clave en la formación del pluralismo ideológico; y, desconocer su protección es el camino más directo para debilitar la calidad democrática de una sociedad.
Este es un artículo de opinión. Las ideas y opiniones expresadas aquí son de responsabilidad del autor.
