En estos días, parte de la polémica nacional se centra en si se debe o no crear un viceministerio anticorrupción, si el ejecutivo va a autocontrolarse y, de ser así, ¿qué papel cumpliría entonces la Contraloría General de la República.
Por Elena Belletich Ruiz. 13 septiembre, 2021. Publicado en el diario El Tiempo, el 12 de setiembre del 2021.Al respecto, conversamos con el máster en estudios jurídicos y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura, Guillermo Chang Chuyes, quien sostiene que el “problema de la corrupción es de índole moral” y que para solucionarlo “interesa atacar varios flancos: la reforma educativa, una carrera pública basada en la meritocracia, una democracia basada en que los mejores (o, por lo menos, en los menos malos) lleguen al gobierno, entre otros”.
¿Qué opina sobre la idea del ejecutivo de crear un viceministerio que supervise las actividades estatales?
Esa institución ya existe, y es la Contraloría General de la República. Incluso, la idea no es una novedad en el Perú. A lo largo de la historia, el control de las erogaciones públicas se ha realizado con distintos tipos de instituciones. En el mundo Inca, los quipucamayoc eran los encargados de hacer este trabajo usando los quipus. Durante el virreinato, el Tribunal de Cuentas hacía lo mismo.
La Contraloría es heredera de estas instituciones. En ese sentido, no es necesario crear una nueva institución; sería duplicar el trabajo. Si el Ejecutivo tuviera razones para dudar de la labor de la Contraloría, debe plantear un proyecto de ley de reforma constitucional para cambiar lo que la Constitución establece sobre ella.
Si se insiste en ello…
Hay que recordar que eso es competencia del Congreso, no del ejecutivo y habría que exigirle que demuestre sus razones. Si no, tendremos una situación similar al cambio del Consejo Nacional de la Magistratura por la Junta Nacional de Jueces. Un gasto público enorme (que incluyó un referéndum) que pudo haberse evitado con una reforma puntual de esa institución.
¿Qué funciones tiene la Contraloría respecto a los actos y gestión del ejecutivo y otros funcionarios?
Para ponerlo en términos sencillos, la Contraloría es la “Sunat” del gasto público. Verifica que los presupuestos se planeen y ejecuten de acuerdo con el derecho. Su trabajo implica profesionales especializados en temas económicos, financieros y contables; y, sus informes sirven para sustentar muchísimos casos de corrupción de funcionarios y para iniciar procedimientos sancionadores disciplinarios y penales. En principio, dada la situación del país, no se da abasto con todo lo que hay que controlar.
¿Necesita un rol sancionador?
Se discute ello. Sus potestades sancionadoras han sido materia de cuestionamiento constitucional recientemente y ya se aprobó de nuevo la posibilidad de que las tenga. Sin embargo, en mi opinión, lo importante es tener en claro qué es lo que se va a perseguir y quién lo va a perseguir. La Contraloría se suma a los procedimientos disciplinarios y penales que son competencia de “Servir” o el Ministerio Público. Mientras no haya claridad, la persecución de la corrupción es ineficiente.
¿Es papel de la Contraloría, también, combatir la corrupción en entidades públicas?
Hay que definir primero qué es la corrupción. Hay jurisprudencia de la Corte Suprema donde se archivan expedientes penales de funcionarios públicos por usar papel membretado para temas personales, entre otras minucias. Hay que reconocer que, aunque esto es corrupción, no tiene una relevancia jurídica respecto de los grandes gastos públicos, como las concesiones de obras y servicios públicos. Es ahí donde las instituciones del Estado deben supervisar con más detalle. Por ello, insisto, hay que tener claridad legal sobre qué se sanciona y quién lo hace.
Objetivamente, con lo visto desde el 28 de julio, en la elección de funcionarios poco idóneos, ¿el Estado es el órgano idóneo para elegir a quiénes combatirán la corrupción?
El problema no es el Estado sino los gobernantes. En mi opinión, actualmente el Estado sufre de esquizofrenia. Las administraciones públicas que dependen de cargos de elección popular tienden a ser más corruptas que aquellas donde impera la meritocracia y la independencia respecto de los políticos. Ello, incluso se traduce en la confianza que tienen los ciudadanos en estas administraciones. Por ejemplo, se confía más en el Banco Central de Reserva que en el propio Ministerio de Economía y Finanzas, porque instituciones como el BCRP son meritocráticas.
En la práctica, ¿qué deben hacer el Legislativo y el Ejecutivo para garantizar la lucha contra la corrupción?
Aplicar un principio básico: cooperación entre ambos órganos del Estado. Está muy metido en la mentalidad peruana que la separación de poderes implica oposición; y, esto no es así. El poder se divide para evitar su abuso y para generar consensos políticos, de lo contrario habría una dictadura. Por este principio, los técnicos de ambos poderes pueden proponer las mejores formas de luchar contra la corrupción, que podrán plasmarse en leyes (competencia del Congreso) y reglamentos (competencia del Presidente).
Entonces, ¿no hace falta un órgano que controle a la Contraloría?
Lo mejor es facilitar su trabajo y la mejor forma de hacerlo es que todas las instituciones del Estado vivan el principio de transparencia. Con ello, la Contraloría podrá investiga, con más rapidez y eficiencia, los gastos públicos. Una segunda idea es estandarizar los formatos de publicidad para poder procesar la información de forma más rápida.
También, deberían tener más personal especializado. Sin embargo, de nada sirve tener una gran administración pública controladora si permitimos que los corruptos ingresen a los cargos públicos. Insisto: aristocracia en la elección popular, y meritocracia en los concursos públicos. Ahí inicia la lucha contra la corrupción. A la Contraloría la controla el Congreso y eso es suficiente.
