La presunción de inocencia, el equilibrio de las garantías de todos ante el ejercicio de las potestades del ius puniendi y la propia eficacia punitiva han sido olvidadas y prohibidas en el lenguaje provocador.
Por Orlando Vignolo. 02 febrero, 2022. Publicado en Correo, el 2 de febrero de 2022.
En nuestro país nos hemos acostumbrado a las destempladas e imprudentes declaraciones de las autoridades ante cada suceso que podría merecer una sanción administrativa o penal.
Estos llamados oficiales o efectuados mediante medios públicos que, azuzados por el virus de la respuesta inmediata, la presión mediática o la vorágine irreflexiva muy postmodernista, hacen que muchos políticos y burócratas pierdan la compostura, permitiéndose, sin que a casi nadie se le frunza ceño, adelantar la imposición de una punición o incluso efectuar una cuantificación o ponderación de ésta, sin siquiera saber o tener claro los elementos básicos de la presunta responsabilidad del sujeto involucrado.
Y lo que es peor, a los declarantes les gustan los símbolos de recordación inmediata tales como presentar pomposamente un informe sin culminar, un cuadro de Power Point que podría resultar impreciso, pasear a un detenido con esposas, entregar conclusiones no definitivas, dejar sentada una frase para la posterioridad en redes sociales (ecocidio, por ejemplo) o, simplemente, hablar y hablar con una verborrea “envidiable”.
La presunción de inocencia, el equilibrio de las garantías de todos ante el ejercicio de las potestades del ius puniendi y la propia eficacia punitiva han sido olvidadas y prohibidas en el lenguaje provocador de estos declarantes; frases todas que solo buscan el beneplácito inmediato de la opinión pública, pero olvidan que la verdadera base para imponer un castigo justo es siempre guardar un respetuoso y sobrio silencio ante todos.
Es más, saberse callar es la clave para invertir mejor el tiempo y los medios en aras de probar las culpas de los implicados, siempre bajo marcos de confidencialidad. Probar antes que hablar.
Trabajar para ser punitivamente certeros antes que azuzar a las masas para “sanciones sociales o de reputación”. En suma, vale ser más estratégicos con el poder sancionador o de Derecho penal, antes que impulsar la charlatanería anti-impunidad que sufrimos a diario y que destruye los mínimos esenciales de nuestra sociedad.
Este es un artículo de opinión. Las ideas y opiniones expresadas aquí son de responsabilidad del autor.
