En cierta medida, cada vez que el jefe de Estado nombra un nuevo premier se produce un retorno al punto cero, pues dentro de los treinta días de su nombramiento debe acudir al Congreso.
Por Carlos Hakansson. 07 febrero, 2022. Publicado en El Tiempo (Suplemento dominical), el 6 de febrero de 2022.
Foto: Andina.
El nombramiento del nuevo presidente del Consejo de Ministros ha desatado otra crisis política producto de factores presentes en los dos gabinetes anteriores: la falta de idoneidad personal y profesional para el cargo de su titular y la mayoría de ministros que lo acompañan. En cierta medida, cada vez que el jefe de Estado nombra un nuevo premier se produce un retorno al punto cero, pues dentro de los treinta días de su nombramiento debe acudir al Congreso, exponer su política general y plantear una cuestión de confianza (artículo 130 CP). En seis meses de gobierno vamos a repetir tres veces el llamado procedimiento de investidura del gabinete y, hasta esa fecha, la posibilidad, o no, de recibir la confianza de la mayoría de grupos parlamentarios producen una incertidumbre que termina comprometiendo el trabajo de la administración pública: los ministros y viceministros cambian, se detienen expedientes y proyectos en marcha, cambio de política sumado al tiempo para asentarse en el cargo; desde julio de 2021, pensamos que ningún gabinete ha culminado ese proceso de inducción.
La Constitución establece que el rechazo a la cuestión de confianza o censura al presidente del Consejo de Ministros produce la “crisis total del gabinete”, una coyuntura o “diagnóstico” introducido expresamente (artículo 133 CP), pero sin calcular que el nombramiento imprudente de un nuevo premier podría generar otra crisis de similares o mayores connotaciones e imposibles de prever por el Constituyente de 1993. La razón a este problema no es la Constitución sino la permanente negación de la realidad política: un gobierno sin mayoría parlamentaria debe laborar permanentemente en producir consensos, moderarse lo necesario para aproximarse a posturas menos radicales, alcanzar el equilibrio y conservarlo el mayor tiempo posible. El epicentro del problema está en la falta de liderazgo y realismo del ejecutivo, así como insistir en aferrarse a una ideológica “revolución” que resulta inviable en el marco del juego democrático. El deseo de convocar un referéndum se mantiene en agenda, a pesar que no existen caminos constitucionales ni legales de realizarlo a espaldas del Congreso.
El problema de la crisis se agudiza cuando el premier declara en una entrevista que, si el jefe de Estado lo considera, será “la primera bala de plata que el Congreso gastará”. Se trataría de un despropósito renovar un gabinete para provocar el rechazo a la cuestión de confianza y con la intención de crear las condiciones para una futura disolución (artículo 134 CP). La estrategia de presentar dos gabinetes fallidos o “kamikaze” siempre estuvo considerada por el gobierno con la finalidad de alcanzar una mayoría parlamentaria, a la par de consolidar un clientelismo popular que le asegure la contundente victoria de su lista congresal en unas eventuales elecciones complementarias; sin embargo, la desaprobación ciudadana crece, no considera prioritario un nuevo texto constitucional y tampoco el Ejecutivo ha logrado estigmatizar a ningún poder estatal como los “reales” culpables del actual desgobierno. En otras palabras, si la cuota populista no va en aumento y tampoco ha convencido a una mayoría que la transformación pasa por el cambio constitucional, propiciar la disolución parlamentaria sin asegurar una victoria electoral, parece un acto suicida o puro capricho para incendiar la pradera (léase: el Perú).
Del otro lado tenemos al Congreso, compuesto en su mayoría por novatos en las “grandes ligas” y sin parlamentarios con experiencia para formarlos en la labor representativa, fiscalizadora y legislativa mediante el arte del consenso y la persuasión, que es la política como actividad propiamente humana. Como hemos reconocido en otras oportunidades, el pleno está integrado por jóvenes promesas que, tras el impedimento de no reelección inmediata, menos que renovar nuestra clase política a lo mucho tendremos ciudadanos con experiencia parlamentaria tras culminar su mandato congresal. De nuestros representantes dependerá sortear la crisis y evitar una futura disolución, por eso no cabe otra salida que ponerse de acuerdo en la posición que, con espíritu de cuerpo, deberán tomar una vez presentado el premier y su gabinete en el Congreso.
A todo lo anterior, nuestra forma de gobierno atraviesa una tormenta perfecta que comenzó en julio de 2018, cuando se propusieron unas reformas por vía de referéndum que más han restado que sumado a la gobernabilidad y, tiempo más adelante, agudizada por ajustes en las reglas de juego electorales que produjeron una fragmentación del voto ciudadano entre muchos partidos políticos en la primera vuelta y polarizando la segunda. Los resultados son conocidos: partidos inscritos revestidos de formalidades, pero efímeros; con afiliados inscritos que marcan asistencia, pero sin cuadros profesionales para ocupar puestos clave en la administración pública y, finalmente, un jefe de Estado electo que ingresa por la puerta de Palacio de Gobierno sin saber qué hacer, sin la eficiencia para saber cómo hacerlo y menos saber junto con quiénes puede apoyarse para gobernar.
Este es un artículo de opinión. Las ideas y opiniones expresadas aquí son de responsabilidad del autor.
