Profesores de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UDEP evalúan las medidas económicas propuestas por el Gobierno para enfrentar el impacto del paro de transportes y el alza de precios.
Por Fernanda Vegas Sernaqué. 11 abril, 2022. Suplemento Semana, El Tiempo
En el artículo “Problemas del crecimiento (y desarrollo) económico en el Perú actual”, publicado recientemente, el doctor Guillermo Dulanto, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Piura, señala que el Perú cuenta con todas las condiciones para acercarse al nivel de vida de los países desarrollados. Sin embargo, alcanzar este objetivo “requiere de políticas económicas estables y coherentes en el marco de un plan que tenga como meta el desarrollo equilibrado y sostenible”.
En marzo, la inflación en el Perú subió un 1,48%, su mayor variación mensual en 26 años. Comenzando abril, el paro de transportistas generó el desabastecimiento en los mercados; y, el conflicto entre Rusia y Ucrania, aún tiene efecto en el alza de precios de algunos productos importados.
Para contrarrestar la situación, el presidente Pedro Castillo Terrones decretó el aumento de la Remuneración Mínima Vital de S/930 a S/1025, medida que se haría efectiva desde el 1 de mayo. Asimismo, el Ejecutivo presentó el proyecto de Ley 01630/2021-PE, que modifica la Ley del Impuesto General a las Ventas (IGV) e Impuesto Selectivo al Consumo (ISC); y, pretende rebajar el 19% de los precios de algunos productos de la canasta básica familiar.
¿Apuntan estas medidas al desarrollo de la economía? ¿Son coherentes con la situación que se vive tanto al interior como al exterior del país?
Aumento de la RMV
Para la doctora Brenda Silupú, el aumento del salario mínimo no tiene un sustento técnico que se haya dado a conocer. En contraste, este decreto podría incentivar la informalidad e, incluso, aumentar el índice de desempleo.
“Con esta medida, se incrementan los costos laborales de las micro y pequeñas empresas, que representan el 99% del sector empresarial”, señala la economista. Además, explica que las mypes deberán pagar por el seguro de EsSalud, las gratificaciones y la CTS, “incluso, cuando estas pequeñas unidades de negocio se encuentran en un proceso de recuperación y adaptación a la nueva normalidad, pues aún no han recuperado las ventas que tenían antes de la pandemia”, comenta la profesora de la UDEP.
En consecuencia, aunque el aumento de 95 soles en la remuneración puede ayudar a enfrentar el alza de precios, Silupú señala que esta medida disminuye la posibilidad de formalizar a los trabajadores, en caso de que la empresa no cuente con los recursos necesarios para asumir costos mayores. Incluso, indica que existe la posibilidad de que las mypes opten por despedir a colaboradores.
Este punto también es abordado por el profesor Guillermo Dulanto, quien ha dicho que “aumentar la Remuneración Mínima Vital solo reducirá el empleo formal, precarizándolo, y creará problemas a las empresas en rubros como la agroexportación y minería, que son los principales impulsores del crecimiento del PBI”.
Ante ello, Brenda Silupú considera que los aumentos de sueldo deben realizarse cuando las empresas tengan un periodo de estabilidad o crecimiento para que estas medidas sean favorables tanto para los pequeños negocios, como para sus trabajadores. En este sentido, el doctor Dulanto explica que “primero, debe existir un crecimiento económico en el país y, para que este sea sostenible, debe generarse, paralelamente, un desarrollo económico y social en la comunidad”.
Exoneración de impuestos
Sobre la posibilidad de exonerar de impuestos a algunos productos de la canasta básica familiar, el economista Fernando Fernández, director del departamento de Economía y de la Universidad de Piura, señala que, si se hiciera efectiva la propuesta, esta “se sumaría al conjunto de iniciativas que demuestran la falta de capacidad de la administración actual para diagnosticar los problemas del país”.
Según explica, desde el punto de vista económico, la reducción de impuestos representa una herramienta de política que se utiliza para promover el consumo y, por tanto, la actividad económica. “No se trata de una herramienta nueva, pero ha cobrado mayor interés desde que inició la pandemia, debido a que muchos gobiernos han reducido impuestos para fomentar la recuperación de sus economías”, sostiene el doctor Fernández.
Sin embargo, en países donde existe evidencia empírica de que esta medida origina buenos resultados, como Estados Unidos, Inglaterra y Alemania, se aplican reducciones de impuestos permanentes y generales, no temporales ni dirigidas a un pequeño grupo de productos, como se aplicaría en el Perú.
Además, el docente sostiene que la reducción de impuestos afectará a los vendedores no sólo por el precio al que venderán sus productos, sino también porque no podrán reducir su carga tributaria a través del crédito fiscal. “Si el producto deja de estar afecto al IGV, el vendedor no podrá utilizar el crédito fiscal. De esta forma, las empresas podrían optar por comprar insumos a proveedores que no exijan el pago del IGV, generando mayor incumplimiento del pago de impuestos, que ya es un tema preocupante en el país”, detalla.
Por otro lado, Fernández señala que es fundamental considerar que la economía peruana también se caracteriza por la informalidad. Basado en el estudio “Informalidad, Impuestos al Consumo y Redistribución”, de Pierre Bachas, Lucie Gadenne y Anders Jensen, el docente de la UDEP indica que los consumidores de menores ingresos realizan la mayoría de sus compras en establecimientos informales, mientras que los de mayores ingresos compran en establecimientos formales. De este modo, “una exoneración del IGV no beneficiará a las familias de bajos ingresos”, pues el efecto de los precios en el sector informal sería nulo. No obstante, “la medida sí podría favorecer a las familias de altos ingresos que compran en establecimientos formales”.
Al respecto, el profesor Guillermo Dulanto señala que las medidas deben centrarse en favorecer a las familias de los sectores económicos más perjudicados por la crisis y considera que exonerar el IGV a productos de primera necesidad es una medida “muy general”, del Ministerio de Economía y Finanzas.
Indica que sería mejor una medida más focalizada como “algún tipo de bono temporal para la población más pobre, por ejemplo. Eliminar el IGV podría beneficiar a la población que puede pagar y que no tiene problemas de hacerlo”, sostiene el economista.
Además, resalta que estas disposiciones van a causar, evidentemente, un impacto en la recaudación fiscal; y, señaló que no se debe descuidar el tema de la especulación de precios. “En el Perú hemos tenido hiperinflación en los 90 y la gente suele especular mucho con la subida de precios. Hay que parar esto”, acotó.
¿Cómo amortiguar la crisis?
En el artículo mencionado del doctor Dulanto, refiere que el decrecimiento económico en el Perú tiene que ver, en gran parte, con las causas políticas y la gestión pública, que impiden el crecimiento en el corto plazo. “En el primer caso, la incertidumbre política afecta los planes de inversión privada, la cual se ha venido reduciendo desde diciembre del año pasado, como ya lo expresó Julio Velarde, presidente del BCRP”, explica Dulanto.
Respecto a la gestión pública, señala que el Fondo Monetario Internacional (FMI) alerta en su último informe sobre la ineficiencia del sector público peruano para ejecutar de manera adecuada la inversión pública. Por todo ello, considera que es fundamental mejorar el manejo de los recursos y conservar la coherencia entre lo que el Ejecutivo propone en su discurso y las medidas que toma.
Por su parte, el doctor Fernando Fernández opina que el Perú necesita la propuesta de soluciones sostenibles “en lugar de adoptar medidas cortoplacistas”, que busquen salidas rápidas a la crisis que enfrentan actualmente los peruanos.
Un aspecto interesante a priorizar para establecer medidas beneficiosas a largo plazo, indica Brenda Silupú, es la reactivación de las mypes. La docente de la UDEP indica que el Gobierno debe incentivar el sector emprendedor para que los pequeños empresarios puedan acceder a programas de capacitación y participar en fondos concursables. “De esta manera, ellos tendrán acceso a presupuestos para iniciar su emprendimiento, siempre teniendo en cuenta la formalización”, dice.
En resumen, los especialistas consultados consideran que algunas de las iniciativas planteadas por el Gobierno no cuentan con un sustento técnico sólido y están destinados a ofrecer soluciones a corto plazo, sin tomar en cuenta un desarrollo económico sostenible para el país.
Proyección del crecimiento económico
Debido a las condiciones económicas externas e internas, el BBVA Research rebajó su proyección de crecimiento económico del Perú a 2% para el 2022. Según el informe, “a pesar de la mejora sensible de los indicadores sanitarios en el país, el PBI viene perdiendo impulso, en un contexto de debilidad de la confianza empresarial, mayor conflictividad social y de mayores presiones inflacionarias vinculadas a factores externos (conflicto entre Rusia y Ucrania)”.
Además, indica que la inversión privada se contraerá al 5% este año, “en línea con la mayor cautela para el desarrollo de proyectos por el lado empresarial y con un retroceso de la inversión minera”.
Respecto a la inflación y a las previsiones del tipo de cambio, se espera que este año la inflación alcance una tasa de 5%; y, para el 2023, llegaría al rango meta de 2,6%, como producto de los ajustes de las políticas del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).
