El caso Lava Jato ha tenido mucha atención mediática. ¿Es posible que la suspensión de la colaboración pueda afectar las investigaciones realizadas? El doctor García, explica algunos aspectos relevantes del tema.
Por Dirección de Comunicación. 07 noviembre, 2022. Publicado en el suplemento Semana, del El Tiempo, el 6 de noviembre de 2022.“El peligro de que el caso Lava Jato ‘se caiga’ existe, pues la suspensión de la colaboración puede afectar el acuerdo corporativo de colaboración eficaz con Odebrecht y una de las consecuencias legales de ello sería que las declaraciones de los colaboradores no podrían ser utilizadas judicialmente”, señala el penalista y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura.
Y, eso supondría…
Eso significa que todo lo que habrían revelado los colaboradores en sus declaraciones en el marco de la colaboración no podría ser actuado en juicio y sin eso la acreditación de los supuestos delitos resultaría sumamente complicada.
¿Qué podría hacer el equipo especial del Ministerio Público?
El Equipo Especial del Ministerio Público tendría que incorporar primero a Odebrecht y a sus directivos en los procesos penales, adoptar medidas de coerción real y personal contra ellos, y realizar nuevas actuaciones probatorias. En unos casos, eso es inviable porque ya acabó la etapa de investigación (caso Ollanta Humala y Keiko Fujimori); en otros, los plazos están casi vencidos (Caso PPK). Además, Odebrecht ya sacó gran parte de sus bienes del país, al igual que sus directivos que, por otra parte, están a salvo en Brasil. Lo único que queda es tener la confianza de que el equipo especial consiga revertir la situación y que la colaboración se siga dando.
¿La elección de Lula Da Silva podría influir en esto?
]Eso es difícil de decir. En principio, habría un interés de que no se prosiga con el juicio a Ollanta Humala, porque recordemos que, según los directivos de Odebrecht, los aportes realizados al Partido Nacionalista y a la expareja presidencial fueron por encargo de Lula, en ese momento presidente de Brasil. Entonces, ese involucramiento podría conspirar para que ahora se intente “quedar bien” con Lula y paralizar la continuación de ese juicio que, dicho sea de paso, es el más avanzado de todos los procesos “Lava Jato”.
Y, ¿qué debe hacer la Fiscalía de la Nación?
La Fiscalía poco puede hacer. Recuerden que el acuerdo de colaboración con Odebrecht no le fue entregado ni siquiera al entonces Fiscal de la Nación Pedro Chávarri. El equipo especial lo mantiene en custodia y absoluta reserva; por tanto, este es el responsable del acuerdo y el que tiene que ver la forma de que no se frustre.
Pienso que lo que está haciendo Odebrecht es presionar, mediante la suspensión de la colaboración, para que el Perú retire las demandas de arbitraje contra esta empresa que ha planteado en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias, Ciadi. Eso pone en evidencia una debilidad del acuerdo de colaboración cerrado con Odebrecht. Si bien se podría haber negociado mejor el tema de la aportación de pruebas a las investigaciones penales, en el caso de las reparaciones económicas que Odebrecht debería haber pagado al Perú por tanta corrupción no se ha negociado bien.
¿Qué se acordó?
Se acordó el pago de una indemnización muy por debajo del daño causado por los actos de corrupción y, además, pagadero en cómodas cuotas anuales. Y, ahora esta empresa está “extorsionando” a la justicia peruana para que no le demande por otros proyectos, advirtiendo que su cooperación en las causas penales ya no se va a dar si se usan sus declaraciones en esos arbitrajes internacionales. Pese al optimismo con que algún periodista calificó a Odebrecht, al decir que era una empresa reformada, que quería hacer las cosas bien, su proceder actual parece decir todo lo contrario.
¿Se abre un camino para la impunidad de los grandes casos de corrupción?
En un escenario fatalista tal camino se abriría obviamente. Posiblemente, el error fue centrar la estrategia fiscal solamente en el apoyo de Odebrecht y no tener siempre un plan B, en caso su colaboración no llegase a buen puerto. Considero que el problema, finalmente, se va a salvar; es decir, que Odebrecht va a seguir colaborando, pero la está sacando bien barata.
Va a conseguir que el Estado peruano renuncie a pretensiones legítimas de arbitrajes para el pago de indemnizaciones. Al final, Odebrecht vino al Perú, corrompió a diestra y siniestra, se llenó de dinero y ese dinero se lo llevó. A cambio, nos ha dado solamente a los funcionarios que corrompió y un pequeño pago. Una colaboración eficaz puede significar el perdón de la pena, pero nunca el regalo de la debida reparación civil por los daños producidos.
¿Qué otros problemas pueden derivarse de esta situación?
Para el 16 de noviembre está programada la audiencia para discutir le excepción de improcedencia de acción deducida por la defensa de Ollanta Humala en el caso de los aportes de campaña. El Equipo Especial está muy preocupado porque puede ser que la Corte Suprema termine diciendo que la recepción de los aportes de campaña fue una violación a la ley electoral, pero no un delito.
Por ello, quiere sacar a como dé lugar a César San Martín, un magistrado supremo muy conocedor de las leyes y quien puede decir que, efectivamente, no hay delito de lavado de activos en los aportes de campaña. Eso tumbaría varios casos que el Equipo Especial ha manejado como emblemáticos. Y, sobre todo, los gastos de horas-hombres en esos casos fueron para nada. En lugar de poner el mayor acento en perseguir a los funcionarios corruptos como Susana Villarán y su entorno (que están saliendo bien librados), se centraron las investigaciones en los candidatos por aportes de campaña. Las prioridades debieron ser al revés: primero investigar con fuerza a los funcionarios públicos corruptos y su entorno y, adicionalmente, a los candidatos por los aportes de campaña.
(Entrevista realizada y publicada por el suplemento Semana de El Tiempo)
