¿Qué hace falta para su implementación definitiva? El doctor Orlando Vignolo, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Piura, resalta la necesidad de voluntad política y, sobre todo, liderazgo para lograr una exitosa implementación.
Por Gabriela Hernández. 06 febrero, 2023. Publicado en Correo, el 4 de febrero de 2023.
En el 2013, se promulgó la Ley del Servicio Civil (N° 30057), que busca institucionalizar la función pública y fortalecer la administración del Estado. Casi 10 años después, su implementación no se ha concretado, lo que ha repercutido negativamente en la calidad de los funcionarios públicos a todos los niveles.
¿Qué hace falta para su implementación definitiva? El doctor Orlando Vignolo, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Piura, resalta la necesidad de voluntad política y, sobre todo, liderazgo para lograr una exitosa implementación. Además, enfatiza que urge fortalecer la función pública, por tratarse de un pilar fundamental del Estado de Derecho que permitirá contener graves crisis como la que vive el país actualmente.
La Ley del Servicio Civil ¿garantizará la idoneidad de los funcionarios públicos?
Hace unos meses, han empezado pequeños concursos en ciertas entidades, pero, realmente, su capacidad para poder mostrar la asimilación de buenos funcionarios se verá en unos años, a partir de que se implemente efectivamente.
La Ley de Servicio Civil de nuestro país es la más avanzada en Latinoamérica y, quizá, en el mundo hispano porque facilita el crecimiento vertical y el desarrollo profesional hacia los costados, porque permite tener una familia de puestos y, mientras haya un puesto homogéneo en otras entidades, el funcionario puede saltar a ese puesto e ir construyendo su proyecto de vida.
A pesar de sus ventajas, no se ha logrado implementar…
La ley es la demostración de que a nuestro Estado y, en concreto, a nuestra administración pública, no le interesa tener función pública profesional. Simplemente, interesa tener organización y una norma que sugiere un servicio civil, pero que, en el fondo, nunca terminó de implementarse ni aplicarse efectivamente. Es el fracaso sucesivo de todos los gobiernos democráticos desde el 2013.
¿Por qué no se ha implementado?
Tiene enemigos. El primero es interno: el Ministerio de Economía y Finanzas, que no da el dinero para implementar adecuadamente esta ley. En segundo lugar, están los políticos de todo el espectro ideológico. No les interesa que la función pública deje de ser un botín del que pueden disponer tras cada elección, no han querido implementar la ley porque perderían el poder para designar, para segmentar y lotizar la administración pública a través de la función pública. Se acabaría el clientelismo político.
También, han sido enemigos los sindicatos públicos, que han llevado acciones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y han perdido. Son enemigos abiertos del acceso al mérito y la capacidad profesional. Saben que perderían espacio político.
¿Qué hay del sector privado?
Los otros enemigos son el sector privado corporativizado peruano. No quieren buenos funcionarios porque saben que donde haya buenos funcionarios, se acaban los contactos con amigos o conocidos que agilizarán trámites. Finalmente, están las universidades que no preparan a los estudiantes para entrar a la función pública. Están preparando a los alumnos para el mercado y no tratan de identificar e incentivar la orientación hacia lo público en ellos.
¿Qué consecuencias ha traído la no institucionalización de la función pública?
Casi todos los problemas actuales que estamos viviendo, incluso la inestabilidad, terminan siendo resueltos por los cuerpos de carrera especializados, porque quienes están defendiendo el Estado de derecho, finalmente, son la Policía, las Fuerzas Armadas, los médicos en la pandemia… En el BCRP, que sostiene la macroeconomía peruana, se tiene también una carrera de acceso con mérito. Entonces, eso da un ingrediente de la ecuación: mientras exista la carrera, se va a sostener el país. En donde no hay carrera, donde no hay un modelo organizativo de función profesional, el país es un caos.
¿Por qué es importante que un Estado propicie una carrera sólida en la administración pública?
Primero, porque el servicio en la administración pública supone un proyecto de vida estable para el funcionario: no salta del sector privado al sector público, por lo que se evitan los conflictos de intereses. El funcionario piensa solo en el interés público; no tiene que pensar que debe agradar a los sectores económicos ni a los sindicatos ni a los frentes de defensa. Al funcionario le interesa el interés público y tiene una visión de Estado detrás.
Y, en el ámbito de la política, ¿qué repercusiones tendría?
La calidad de los funcionarios públicos elevará la calidad de los políticos. Los funcionarios públicos de carrera generarán estabilidad porque manejan la cosa pública más allá de las transiciones democráticas. La democracia se sostiene por medio de la función pública; esto está estudiado en la ciencia política. No se trata solamente de un problema peruano; todos los problemas de totalitarismos que vemos en el mundo y los que hemos visto, de populismos chavistas en América Latina, tienen que ver con la desinstitucionalización de la función pública.
¿Es la función pública institucionalizada una salida de esta crisis?
Sí, tener funcionarios públicos de carrera, con estabilidad y seguridad laboral, para tomar decisiones. La gran revolución del país será una revolución de las personas: tener en los puestos públicos a las mejores. Los ejemplos del primer mundo son evidentes; la estabilidad democrática radica, en buen parte, en la construcción de una función pública profesional. La función pública tiene capacidad de coerción, tiene elementos jurídicos dotados para defender al Estado, sabe asumir la salvaguarda del interés público y tiene claro que nadie del sector privado está por encima de ellos.
