El Presupuesto Público para el año fiscal 2024 asciende a los 240 806 millones de soles. Este monto refleja decisiones cruciales que impactan directamente en sectores clave del país. La reciente aprobación ha generado atención particular sobre las funciones que experimentaron mayores cambios, y reveló las tendencias y prioridades gubernamentales.
Por Gabriela Hernández. 12 enero, 2024.
Guillermo Chang Chuyes, profesor de la Facultad de Derecho de la UDEP y experto en gestión pública, analizó la aprobación del Presupuesto Público para el año fiscal 2024. Chang destacó cambios significativos en seguridad, salud y educación, y subrayó la importancia de la colaboración entre Ejecutivo y Congreso para la estabilidad económica.
¿Cuáles son las funciones que experimentaron los mayores cambios en asignación de recursos en comparación con la propuesta inicial?
El presupuesto inicial, tras su paso por el Congreso, ha sufrido modificaciones importantes en materia de seguridad ciudadana, salud y educación. Esto beneficia no sólo al gobierno central en los ministerios correspondientes, sino también impacta, en los gobiernos regionales y locales, aunque en menor medida.
¿Cómo influye la colaboración entre el Ejecutivo y el Congreso en la percepción de los agentes económicos internacionales?
La colaboración está prevista por la propia Constitución y se basa en los errores del pasado. Por ejemplo, los congresistas no pueden modificar directamente el presupuesto, sino que deben convencer al poder ejecutivo para poder hacerlo. Con ello se evita que el populismo parlamentario modifique el presupuesto sin criterios técnicos (artículo 79). Además, recoge detalles concretos como el principio de estabilidad presupuestaria, señalando además que debe ser efectivo; la prohibición de aprobación sin la partida de la deuda pública, que los préstamos del BCR o del Banco de la Nación no puedan calificarse como ingresos, entre otros (artículo 78).
Todos estos principios dan, en principio, seguridad a los inversionistas nacionales y extranjeros. Incluso, es de resaltar lo establecido en el artículo 75: “el estado sólo garantiza el pago de la deuda pública contraída por gobiernos constitucionales, de acuerdo con la constitución y la ley”. Esto sirve como un desincentivo del financiamiento de gobiernos no democráticos.
¿Cree que este tipo de coordinación es esencial para mantener la estabilidad económica y la calificación de riesgo del país?
Es esencial porque se busca un equilibrio entre lo político, representado en el Congreso, y lo técnico, con el MEF a la cabeza. Esto debería ser lo ideal para muchas normas. Sin embargo, la Constitución lo prevé sólo expresamente para el presupuesto del Estado. Si esto se diera en todo procedimiento legislativo no existirían normas declarativas, como la reciente constitucionalización del internet. Ambos poderes se hacen contrapeso y la estabilidad económica se obtiene con el consenso de sendas posturas.
¿Qué opinión tiene sobre la asignación de recursos a las funciones de Educación, Salud, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, y Transporte?
Me parece acertado; sin embargo, la cuestión aquí es fiscalizar cómo este dinero realiza el principio de orientación a la población, especialmente en la conservación y mejora de los servicios que brinda el estado. Y para ello, en mi personal opinión, se necesita personal capacitado. En la actualidad, especialmente en los gobiernos locales y regionales, ni siquiera el presupuesto se gasta, aun cuando las necesidades sociales son latentes.
¿Cuál es su análisis sobre el aumento en el presupuesto asignado a la función legislativa, especialmente en gastos corrientes?
Parto del mismo punto: ¿está orientado verdaderamente a conservar y mejorar los servicios del congreso? En mi opinión personal, este aumento no ha sido debidamente sustentado. Responde a una mala concesión técnica con miras a la aprobación popular del presupuesto por parte del Parlamento. ¿Cuál es el sustento técnico de esta medida? ¿Acaso necesitan mejoras en infraestructura? ¿O mejor personal? No hay razones para ello.
Mi hipótesis es que este dinero será usado por los congresistas con fines político-partidarios. Un primer destino puede ser la labor social de los congresistas, solapada bajo sus funciones de representación. Ello lleva a generar clientelismo entre nuestros compatriotas más vulnerables. Un segundo destino puede ser la contratación de personal afín al partido, con la finalidad de pagar favores políticos. Esto es otra forma de clientelismo.
¿Qué impacto prevé con las nuevas disposiciones, como la autorización para que los Gobiernos Regionales utilicen hasta el 40% de los recursos del Foncor en gasto corriente? ¿Cómo ven estas autorizaciones en términos de la gestión eficiente y responsable de los recursos públicos?
Antes de entrar en detalle, es preciso tener claridad sobre un principio: más que claridad sobre el dinero, hay que tener claridad sobre lo que se va a hacer. En efecto, muchas de las autoridades primero pugnan por el monto del presupuesto sin saber el destino de este, cuando es mejor tener un fin antes de buscar el presupuesto. Lo primero conlleva al despilfarro del erario público y al populismo. Lo segundo, lleva a políticas públicas con orientación efectiva a la población. Bajo este marco, se puede analizar esta medida. Si hay proyectos, esta medida será de mucha ayuda para su realización. Si no los hay, habrá despilfarro, populismo o incluso dinero que no se usa. Recordemos que, en el año fiscal 2023, estas administraciones públicas han gastado, en promedio general, menos de la mitad del presupuesto.
¿Cuál es su opinión sobre el papel de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República en este proceso?
Su función principal es detallar a los técnicos las necesidades de la población para que el dinero público se gaste efectivamente en esto. Ello se ha notado en el aumento del presupuesto en los sectores de seguridad ciudadana, salud y educación. El costo político de esta negociación era la pugna por la prioridad de la ejecución de las obras públicas. A los congresistas les interesaba mucho eso porque era una forma de aparecer como eficientes frente a sus votantes. Sin embargo, que además de ello se aumente el presupuesto del Congreso sin sustento técnico, me parece un exceso. Esto ya empaña su función y también incluye al MEF, quien debe defender los criterios técnicos.
¿Cómo cree que este presupuesto refleja las prioridades y objetivos del gobierno para el Año Fiscal 2024?
En general, el gran problema del presupuesto peruano es que no tenemos claridad en torno al destino concreto del mismo; sino que principalmente es una pugna por su reparto. En la actualidad, hay dinero para los sectores más importantes: salud, educación, seguridad ciudadana. Sin embargo, debemos fiscalizar bien el modo en que se gasta este dinero en lo concreto. Lo mínimo es que se conserve la calidad de los servicios públicos en estos sectores y a partir de ello, mejorarlos, en cumplimiento del principio de orientación a la población.
