Los doscientos años de historia republicana que nos preceden pueden ser la fuente de inspiración para este nuevo esfuerzo de sacar adelante nuestro país y su economía.
Por Fernando Fernández Bazán. 04 enero, 2021.
Foto: ANDINA.
El 3 de agosto de 1821, pocos días después de la proclamación de nuestra independencia, el médico Hipólito Unanue asumía el cargo de ministro de Hacienda (hoy, Ministerio de Economía y Finanzas). El reto de su gestión era ordenar la economía para facilitar la transición del virreinato hacia la naciente república.
Casi 200 años después, a puertas de iniciar el año del Bicentenario de la Independencia, el panorama macroeconómico, señalado en el reporte de inflación de diciembre de 2020, del BCR, señala que el próximo año tendremos vientos favorables para la economía nacional. Las proyecciones estiman altas tasas de crecimiento en diversos sectores: minería, construcción, exportaciones no tradicionales, entre otros; e indican que las condiciones macroeconómicas favorecerán la reactivación económica. Si estas tendencias se mantienen, Perú crecería más rápido que otros países de la región (Argentina, Brasil, Chile, Colombia).
No obstante, el 2021 estará marcado por la incertidumbre, no solo política -propia de un año electoral – sino también sanitaria (falta de vacunas), social y económica. Por tanto, conviene prestar atención a tres retos, relacionados entre sí, que menciono a continuación.
El primero, reducir la tasa de desempleo. La crisis económica desencadenó olas de despidos que no habíamos visto en el país durante varios años. Según el Observatorio Laboral del Banco Interamericano de Desarrollo, el Perú fue unos de los países que experimentó mayores pérdidas de empleo. En este sentido, es crucial que las empresas recuperen su capacidad para crear puestos de trabajo. El acceso a financiamiento y las políticas públicas que se orienten a la generación de empleo deberían ser una prioridad. Los empresarios deben aprovechar el talento dormido que tienen muchas personas desocupadas.
Y, la población desempleada, los miles de jóvenes graduados del sistema de educación superior deberían recibir especial atención para que consigan trabajos (remotos) y puedan aportar a la economía. El beneficio de tener un mercado laboral más sano es que los ingresos familiares aumentarían y, con esto, el consumo privado. Sin embargo, el camino para alcanzar estos beneficios será arduo debido al creciente descontento social que se manifiesta en los paros recientes.
El segundo desafío consistirá en aprovechar la transformación digital de las empresas para facilitar la formalización. Esto no solo abre la puerta al comercio en línea, sino que facilita el proceso de declaración y cumplimiento de las obligaciones tributarias, como muestra un estudio del Fondo Monetario Internacional publicado en 2019, donde se utilizaron datos de empresas peruanas, cuya evidencia sugiere que la digitalización puede ser una gran herramienta para construir empresas formales y, a medida que más utilizan esta tecnología, podríamos ver aumentos en los ingresos tributarios recaudados por la Sunat.
Una apuesta audaz del gobierno podría permitir crear empresas (formales) desde una computadora o un teléfono móvil en minutos, en lugar de pasar varios días en las oficinas públicas de la burocracia nacional. Claramente, con esta política ganan los empresarios (menores costos de crear una empresa formal) y el Estado, que amplía el número de contribuyentes y aumentan sus ingresos fiscales. Este aumento sería bastante provechoso ante los incrementos recientes de la deuda pública.
El tercer reto integra a los anteriores: recuperar la confianza en las instituciones públicas. En los últimos años, la ciudadanía ha mostrado bajos niveles de confianza en instituciones claves para la sociedad y la economía. El reto de rescatar la confianza es enorme, especialmente en un año de campaña política, emergencia sanitaria y crisis económica; pero, sus beneficios serían también altos: mercados más articulados, mejores relaciones entre empresas y gobierno, servicios públicos de mejor calidad, menos conflictividad social, y, sobre todo, mayor claridad para establecer metas de largo plazo. Sin confianza ciudadana ni proyectos de largo plazo, la economía seguirá expuesta a los riesgos políticos que todos hemos visto este año. La precariedad institucional podrá corregirse con el compromiso firme del gobierno transitorio para la renovación pacto social entre ciudadanos e instituciones públicas.
Estos retos no son nuevos; pero, las circunstancias actuales exigen que nuestra disposición para resolverlos se renueve. Los doscientos años de historia republicana que nos preceden pueden ser la fuente de inspiración para este nuevo esfuerzo de sacar adelante nuestro país y su economía.
Este es un artículo de opinión. Las ideas y opiniones expresadas aquí son de responsabilidad del autor.
