Para la fiscal del ambiente Silvia Rumiche, egresada de Derecho, las principales tareas pendientes (sobre el medioambiente) son la conservación de los bosques secos, el aprovechamiento sostenible de estos recursos y el ordenamiento territorial.
Por Elena Belletich Ruiz. 22 febrero, 2021.
Con más de 20 años de experiencia profesional, la mayor parte en el sector público, Silvia Rumiche, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura en 1997, Fiscal Provincial de la Fiscalía Especializada en materia ambiental de Piura, conciliadora extrajudicial y magíster en Política, Legislación y Gestión Ambiental por la Universidad Paulo Freire de Nicaragua, comenta algunas de las fortalezas y debilidades del trabajo de la Fiscalía en la región e importantes aspectos medioambientales.
Este año, Silvia asumió la presidencia de la Junta de Fiscales Provinciales de Piura, y como tal, se ha planteado el reto de contribuir “a la revaloración del rol que desempeñamos los fiscales en la búsqueda de justicia”.
Indica que, a diferencia de otras regiones, en Piura “destacan la voluntad de trabajar de manera coordinada, entre las distintas instituciones con competencia ambiental; la predisposición de los funcionarios a trabajar de manera conjunta; la experiencia en mesas de trabajo y en programas de educación ambiental; y, una mayor apertura de la población a la temática ambiental”.
Sin embargo, Rumiche Rochabrún reconoce que también se advierten algunas debilidades en la tarea ambiental como los “limitados recursos destinados a actividades educativas o de concientización ambiental, la existencia de intereses particulares de algunos sectores y el escaso material sobre educación ambiental o desarrollo sostenible”.
Asimismo, considera que si bien la pandemia del COVID-19 ha aumentado estas limitaciones y ha impuesto mayores retos “al ejercicio de nuestra función, estas se van superando poco a poco gracias al esfuerzo de quienes integramos nuestra institución, los avances tecnológicos y la colaboración entre los operadores de justicia”. Y, “aunque el avance aún es lento, pues implica la adopción de mayores riesgos, se vienen adoptando medidas para estar a la altura de las exigencias que demanda la búsqueda de justicia”.
La depredación de nuestros recursos naturales
La Fiscal del Ambiente indica que, en el año del Bicentenario de la Independencia aún hay grandes problemas y retos que asumir, en materia ambiental, como: la depredación de los recursos naturales, la contaminación del suelo y aguas marítimas a causa del crecimiento y el desarrollo desordenado de distintas actividades económicas.
Debido a estos, señala, “grandes extensiones de nuestros bosques – sobre todo los bosques secos- están siendo afectados por la tala indiscriminada de distintas especies forestales, muchas de las cuales se encuentran en peligro de extinción (algarrobo, sapote, palo santo, faique, y otras). Esto implica la pérdida de la flora, de la fauna que alberga el bosque y de paisajes naturales”.
Otro problema, agrega, es la depredación de la fauna acuática por la extracción de recursos hidrobiológicos, “sin respetar las tallas mínimas establecidas para su captura y comercialización, épocas de veda, áreas de extracción o sin utilizar aparejos o artes de pesca que permitan una mayor selectividad, las cuales son algunas de las medidas establecidas para asegurar la sostenibilidad de estos recursos”.
Asimismo, “la contaminación de nuestras aguas marítimas y continentales generada sobre todo por el desarrollo de actividades pesqueras – como lo que sucede en Paita y las aguas residuales vertidas en su acantilado, que discurren al mar – y la contaminación causada por la falta de un eficiente sistema de alcantarillado son parte de la problemática”.
Y, se añade “la contaminación de nuestros suelos, especialmente, por el desarrollo de actividades mineras ilegales e informales, que se realizan sin criterio técnico y sin un adecuado control de las autoridades sectoriales con competencia en la materia, además de encontrarse inmersas en un ‘inacabable’ procedimiento de formalización”.
Las tareas pendientes
La presidenta de la Junta de Fiscales Provinciales y egresada de la UDEP está convencida de que la conservación de los bosques secos y el aprovechamiento sostenible de nuestros recursos naturales son los más importantes temas pendientes de la región Piura. “Para atenderlos, es fundamental el ordenamiento territorial que permita determinar y precisar las actividades económicas que se desarrollarán en cada una de las zonas y áreas reservadas a la conservación. Solo así se logrará el crecimiento ordenado de nuestras ciudades y el desarrollo adecuado de las distintas actividades económicas de la región”.
Destaca, además, que hace falta el “aprovechamiento del potencial hídrico proveniente de la serranía piurana (un proyecto ambiental pendiente) y el manejo adecuado de los residuos sólidos. Este implica la construcción de rellenos sanitarios y, sobre todo, ejecutar programas de reciclaje. En nuestro trabajo, hemos advertido que la mayoría de las ciudades carecen de rellenos sanitarios y solo cuentan con los mal llamados ‘botaderos controlados’, los cuales generan daños significativos al ambiente y, aunque existen proyectos para solucionar esta problemática, no son un tema prioritario para muchas de nuestras autoridades locales”.
Para cumplir con las mencionadas tareas pendientes o retos, la Fiscal del Ambiente resalta que hace falta la formación de conciencia ambiental “Es importante concientizar a la población y, sobre todo, a quienes dirigen el destino de nuestra región y país. Es preciso que nuestras autoridades comprendan que el tema ambiental es un tema transversal, y que sean conscientes de que el crecimiento de una región o de un país no solo está en función de las cuestiones económicas sino también de las ambientales. De allí la importancia del establecimiento y el estricto cumplimiento de las políticas ambientales. Sin embargo, vemos con mucha pena que, en gran parte de los casos, las políticas económicas se privilegian frente a las ambientales”.
Sobre la concienciación, Rumiche refiere que el Ministerio Público cuenta con un programa de fiscalías escolares “en los que se imparten y comparten distintos temas destinados a prevenir conductas ilícitas y afianzar el respeto de los derechos del ciudadano (como el de vivir en un ambiente sano y equilibrado), y contar con programas en los que también se desarrollan algunos proyectos de esta naturaleza como los de reforestación en los centros educativos o acciones de limpieza, cuidado del ambiente y reciclaje”.
El Derecho en el desarrollo ecológico
Como egresada de una carrera de Derecho, Rumiche Rochabrún destaca el aporte de este al desarrollo ecológico y medioambiental. “En primer lugar, respecto al reconocimiento del derecho de todos, a vivir en un ambiente sano y equilibrado; y en segundo lugar, del contenido de este, que implica no solo el derecho de todos a disfrutar un ambiente donde las personas puedan desarrollarse de manera adecuada y saludable sino también el deber del Estado de mantener los bienes ambientales en las condiciones adecuadas para su disfrute; y de los particulares, a realizar sus actividades económicas de manera que no afecten significativa o sustancialmente la interrelación entre el ambiente y sus elementos”.
Asimismo, agrega la jurista, “a través del Derecho se regula esa relación hombre-ambiente para lograr un desarrollo sostenible; y, se establecen las sanciones (y reparaciones) a las afectaciones causadas al ambiente o a sus elementos en el desarrollo de las distintas actividades económicas”.
Destaca la importancia del Derecho ambiental pues existe una relación directa entre ambiente y la salud de las personas. “Los factores del ambiente inciden definitivamente en la salud; un buen entorno resultará vital para una buena salud y desarrollo de las personas. Por ejemplo, un lugar contaminado por los ruidos o con material particulado o agentes químicos o biológicos puede ser causante de afectaciones o alteraciones de nuestro organismo, siendo un claro ejemplo lo sucedido con los pobladores de La Oroya – quienes presentan altos niveles de plomo en la sangre- lo cual tendría como causa las actividades minero-metalúrgicas realizadas por la empresa Doe Run”.
En la Junta de Fiscales Provinciales
La Mgtr. Rumiche explica que como presidenta de esta junta centrará su labor en la mejora continua de las herramientas brindadas a los fiscales para dar un servicio eficaz y eficiente a la población. Para ello, “pondremos especial énfasis en una mayor capacitación de los fiscales en distintos temas, una mayor y mejor coordinación con otros operadores del Derecho para lograr una pronta solución de los problemas que se viene presentando en distintos aspectos, no solo procesales, y una mayor interacción con la población”.
Anota que esta Junta de Fiscales Provinciales, de acuerdo con la visión del Ministerio Público, centra su preocupación en “brindar un servicio de calidad a la ciudadanía en la búsqueda de justicia lo cual implica, en estos tiempos de pandemia, adecuarnos a las circunstancias y superar las limitaciones. Es importante, además, resaltar la importancia de la función de prevención de conductas ilícitas, la cual en materia ambiental reviste especial trascendencia, pues los daños ambientales difícilmente se reparan; por ello, es imprescindible adelantarnos a su comisión”, subraya.
