El reto actual está en volver a conjuntar ambos elementos como partes del Estado Constitucional de Derecho, entendiendo que nuestra convulsa realidad sólo se supera con más y mejor legalidad.
Por Orlando Vignolo. 30 noviembre, 2020.
“La legalidad es condición de libertad, sin certeza del Derecho no puede existir libertad política”. Sirva esta profunda frase del excepcional jurista italiano Piero Calamandrei, escrita en medio de la destrucción ocasionada por el totalitarismo, para volver a mostrar mi fe racional en la ciencia jurídica como mecanismo para obtener paz y estabilidad en los pueblos.
Todo esto, frente a voces internas que se alzan para reafirmar conceptos resbaladizos y alternativos como la legitimidad, el sentir estudiado de la opinión pública, la democracia directa, la fuerza de sectores u otras que han ido escalando durante este tumultuoso lustro.
Un resurgimiento duradero de nuestra política, vida pública y la propia aplicabilidad diaria de la Constitución, después de los dolorosos hechos de hace algunos días atrás, sólo puede darse desde la revalorización del principio de legalidad como medio instrumental para permitir que las libertades de todos puedan coexistir, sin que las mayorías aplasten a las minorías y viceversa, asumiendo que ambas figuras son partes de un binomio inescindible (que supera los periodos democráticos y debe convertirse en imperecedero).
El reto actual está en volver a conjuntar ambos elementos como partes del Estado Constitucional de Derecho, entendiendo que nuestra convulsa realidad sólo se supera con más y mejor legalidad (aunque a muchos les aterre la idea de las precisiones y limitaciones jurídicas).
Este es un artículo de opinión. Las ideas y opiniones expresadas aquí son de responsabilidad del autor.
