En la última semana, el presidente Pedro Castillo instó al Congreso de la República a trabajar en una ley para la “estatización o nacionalización” del gas de Camisea, con el objetivo de masificar el acceso a este recurso.
Por Gabriela Hernández. 08 noviembre, 2021. Publicado en Correo, el 8 de noviembre de 2021.
Ante la polémica generada por estas declaraciones, el doctor Guillermo Chang profesor de la Facultad de Derecho de la UDEP, explica las condiciones para que esta medida se lleve a cabo y las consecuencias que traería para el país.
¿A qué se refieren, exactamente, los términos estatización y nacionalización? ¿Son lo mismo?
Estatización, nacionalización y expropiación son, para efectos prácticos, lo mismo. Los dos primeros términos hacen hincapié en el beneficiario, y la expropiación es el acto del poder público por medio del cual se traspasa forzosamente la propiedad de un bien concreto, ya sea al Estado o a la Nación.
¿Qué consecuencias acarrea cada una de ellas cuando el bien está concesionado o existe un contrato de por medio?
Las mismas. Se trata del paso de un bien de manos privadas a las públicas. Tanto en la estatización como en la nacionalización, al final, los bienes expropiados son administrados por funcionarios públicos.
Según la Constitución peruana, ¿es posible estatizar empresas bienes o servicios?
La regulación se encuentra en el Artículo 70 de la Carta Magna. Sin embargo, solo hay desarrollo legislativo de expropiación de inmuebles, en el Texto único ordenado (TUO) del DL 1192. Básicamente, lo necesario para que se lleve a cabo la estatización de empresas es que la ley en el Parlamento se apruebe por mayoría simple, y el pago al contado del justiprecio por ese capital social. Sin embargo, como la llave para que esto se concrete la tiene el Congreso, dudo que pueda prosperar.
¿Qué se requeriría para que el Ejecutivo logre estatizar alguna empresa o recursos concesionados?
Básicamente, cumplir con los requisitos del artículo 70 de la Constitución: 1) que exista una causa de seguridad nacional o necesidad pública, 2) que el Congreso elabore y apruebe la ley, 3) que el Estado peruano pague el justiprecio y la posible indemnización por daños y perjuicios que demandaría la empresa estatizada.
¿Qué opina de la propuesta del presidente Castillo al Congreso de la República para que trabaje en una ley conjunta “sobre la estatización o la nacionalización del gas de Camisea para darles a todos los peruanos”?
Hay que precisar que el gas natural ya es de la Nación, según lo establece el artículo 66 de la Constitución. Por ello, no cabría estatizar lo que ya es público. En el caso de Camisea, solamente son privadas las instalaciones de la empresa que extrae el gas y, para expropiar estos bienes, se sigue el procedimiento descrito arriba: el Congreso aprueba la ley y el Estado paga el justiprecio a la empresa propietaria de las instalaciones.
¿Es necesaria esta medida para masificar el acceso de los peruanos al gas que produce Camisea?
Considero que el problema está más en la distribución a nivel minorista que en la extracción en sí misma. Es sabido que no hay infraestructura para que podamos consumir el gas como servicio público. Sería ideal que fuera así, teniendo en cuenta que tenemos el recurso en nuestro territorio.
¿Qué consecuencias traería para el país una medida de este tipo?
Esto generará un arbitraje internacional por el justo precio y una indemnización por daños y perjuicios que el país deberá pagar.
El director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) calificó la medida como “ilegal y arbitraria” ¿Bajo qué circunstancias lo sería?
Si no se cumple lo establecido en la Constitución.
¿Cuál es la relación de propuestas estatistas con la inversión privada?
En principio, ahuyentan la inversión privada. Las empresas públicas tienen la espalda financiera del Estado, pero el privado no la tiene.
Teniendo en cuenta la composición del actual Congreso, ¿sería posible estatizar sin que este lo apruebe?
Lo dudo mucho.
