Desde la semana pasada, el Poder Ejecutivo anunció la presentación de un proyecto de ley que buscaría sancionar la filtración de información de las investigaciones que tiene a su cargo el Ministerio Público.
Por Francisco Alvarez. 01 julio, 2022. Publicado en Correo, el 1 de julio de 2022.
Durante los siguientes días, diferentes ministros de Estado han dado diversas razones para justificar la necesidad de esta norma: “la protección a la presunción de inocencia”, “se busca evitar la obstrucción de la investigación”. Asimismo, se ha resaltado que el proyecto no atentaría contra la libertad de información que ejercitan los medios de comunicación, por lo que se buscaría sancionar a las partes procesales de una investigación o proceso (abogados, jueces y fiscales), así como a cualquier tercero que publicara una parte de la investigación fiscal de carácter reservado.
Es verdad que la investigación a cargo de un fiscal tiene dicho carácter, solo el juicio oral es público; sin embargo, este proyecto de ley enfrenta serios cuestionamientos que podemos sintetizar en las siguientes preguntas: ¿cómo se afectaría la presunción de inocencia, si esta garantía sólo se vería afectada cuando un juez afirmarse que la persona sería culpable, sin que concluya el proceso? ¿o es que se busca proteger la reputación de los funcionarios que se encuentran sometidos a una investigación?
De otro lado, nos preguntamos ¿cómo publicitar una parte de la investigación obstruye la investigación? La obstrucción de la investigación ocurre cuando una parte del proceso realiza actos para borrar los elementos de prueba.
Esperamos que el Congreso de la República rechace este proyecto que no cuenta con una justificación racional y que parece responder a la intención del gobierno de querer evitar el cuestionamiento a los antecedentes o actos de sus funcionarios.
Este es un artículo de opinión. Las ideas y opiniones expresadas aquí son de responsabilidad del autor.
