El gran problema está en aquellas instituciones donde no existe contrapeso al poder democráticamente elegido, como en el Poder Ejecutivo, Poder legislativo, Municipios, gobiernos regionales, universidades públicas, comunidades campesinas e indígenas.
Por Guillermo Chang. 01 marzo, 2023. Publicado en Semana, el 26 de febrero de 2023.
Independientemente de la ideología partidaria, en nuestro país, el modelo de negocios por excelencia es desfalcar al Estado. En la izquierda, mala gestión o consultorías en el Estado para hacer la revolución (rápida o lenta, según el tipo de izquierda); en la derecha, lo mismo, pero con la finalidad de mantener los privilegios y evitar la libre competencia de las grandes empresas. Los perjudicados somos todos, especialmente los más pobres.
Frente a esta situación, surge una búsqueda de culpables y un activismo de soluciones mesiánicas. La izquierda quiere cambiar la Constitución, porque piensa que implantando una ideología marxista resolverá todos los problemas. Sin embargo, no reconoce que ese modelo, en varios países del mundo (incluyendo a nuestros vecinos), ha fracasado. En la otra orilla, la derecha defiende un libre mercado inexistente y un modelo constitucional que no se vive. Los grandes negocios se realizan con los recursos del Estado: explotación de recursos naturales y las grandes compras públicas (desde papel, medicinas, publicidad). Además, el sector informal tiene un capitalismo salvaje deshumanizador, donde el grueso de la población vive el juego del calamar para sobrevivir cada día. Esto se agrava, si estamos frente a bienes ilícitos como el narcotráfico, la minería informal, el contrabando, entre otros, donde la vida vale S/. 400,00 (o menos). En este sector, la corrupción garantiza la lejanía del interés general que debe proteger el Estado.
Este es el trípode que sostiene el modelo de negocio peruano. Incluso, en los políticos que lo representan – que están en todos los poderes del Estado – reina un cinismo descarado: bajo la defensa del bien común no se hace más que buscar el interés particular. La acérrima defensa de los gastos de alimentación, tanto del Poder ejecutivo – en el gobierno de Castillo – como del legislativo – en una reciente noticia – es un ejemplo claro de esto. Por ello, la política – y el clientelismo que genera – se ha convertido en la profesión que en tiempo récord saca a la gente de la pobreza. Así, abundan la cantidad de partidos políticos de ámbito nacional, regional o local que buscan llegar al botín estatal. Además, cada vez se escucha con más fuerza un desprecio por el trabajo digno o el estudio universitario.
Con esta realidad, se ha impuesto la narrativa del Estado fallido. Bajo esta frase se describe la incapacidad de este para brindar los servicios básicos a su población. Sin embargo, olvidamos que este Estado lo componemos nosotros: todos los peruanos. Somos nosotros mismos los que atentamos contra nuestros conciudadanos, independientemente de la raza, sexo o procedencia. Basta con recordar que encabezamos el ranking de peores conductores de autos del mundo o que elegimos a nuestras autoridades pensando más a nivel individual que social (dignidad). Por ello, no estamos ante una crisis política sino ante una crisis moral. Mientras no haya un cambio en las personas, no podremos salir de esta situación.
Tras estas líneas, propias de un heraldo negro, es necesario pensar en una salida a la crisis. La solución óptima implica un cambio moral en todos los peruanos. Sin embargo, esto es algo personal y no se puede hacer desde las leyes. Menciono las leyes porque, desde hace muchos siglos, estas son las encargadas de organizar las sociedades: a la ley le corresponde construir el Estado. Aun bajo paradigmas antropológicos distintos, pensadores clásicos como Aristóteles o Cicerón, o pensadores modernos como los ilustrados, han puesto su mira en la ley. E incluso, nuestro ordenamiento jurídico vigente establece la cláusula del estado de derecho, esto es, que la ley es la que gobierna y garantiza la democracia. Empero, la ley también puede ser objeto de corrupción. Pensemos en los ciudadanos de los países vecinos que han migrado al Perú.
En ese sentido, para saber si una ley es útil, basta con verificar si evita que los corruptos antepongan el interés personal al bien común. Por ello, debemos pensar el derecho – especialmente el derecho público – con una doble finalidad: incentivar que lleguen los mejores y evitar que lleguen los corruptos. Esto es lo que sirve, incluso, en sociedades que son moralmente corruptas.
En el caso peruano, el ordenamiento jurídico ha servido tanto bajo el gobierno de Fujimori como en los últimos gobiernos. Tanto el propulsor del cambio constitucional como alguno de sus sucesores están – o llegará en el caso del expresidente Toledo – en la cárcel del Fundo Barbadillo. Algunos otros están con medidas preventivas por investigaciones de corrupción. En el caso piurano, recientemente se han allanado las casas de dos exgobernadores regionales. E incluso, en el periodo municipal anterior, un alcalde estuvo con prisión preventiva. Todo esto demuestra que el sistema funciona ex post y en el Poder judicial, gracias al Ministerio público. Además, hay muchas administraciones públicas independientes que funcionan muy bien como el BCR, la SBS, el Indecopi, etc. En el caso del BCR, basta con ver el tipo de cambio para hacer evidente su correcto funcionamiento. Además, en estas instituciones no hay noticias cotidianas sobre corrupción.
El gran problema está en aquellas instituciones donde no existe contrapeso al poder democráticamente elegido, como en el Poder ejecutivo, Poder legislativo, Municipios, gobiernos regionales, universidades públicas, comunidades campesinas e indígenas. Solo la auctoritas de la meritocracia de la funciona pública – debidamente regulada – puede contrapesar el populismo de la potestas política. En la actual situación, le corresponde al Poder legislativo – en su actual periodo o tras elecciones – y a los órganos que tienen potestad legislativa (gobiernos regionales y locales) extender las buenas prácticas de las instituciones que funcionan bien a aquellas que no lo hacen. Son los congresistas, y desde estas breves líneas les hago un llamado cordial, a quienes les corresponde terminar de construir el Estado.
Este es un artículo de opinión. Las ideas y opiniones expresadas aquí son de responsabilidad del autor.
