Carlos Pinedo, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Piura (UDEP), analiza el Sistema anticorrupción del Perú.
Por Carlos Pinedo Sandoval. 06 marzo, 2013.
Hace unos días, el secretario regional del Sistema Anticorrupción de Piura, José Luis Díaz, informó que los casos más frecuentes de corrupción en la región son por el proceso de licitación en las municipalidades. Carlos Pinedo, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Piura (UDEP), analiza el Sistema anticorrupción del Perú.
Según el Barómetro de las Américas, en el 2012 el Perú estuvo entre los 10 países más corruptos, ¿se están aplicando las políticas correctas de anticorrupción?
Cualquiera sea la dimensión o intensidad de la corrupción, es innegable que actualmente ningún país está del todo libre de este flagelo. La corrupción, como sinónimo de delincuencia, no deja de ser un problema estructural; no es sólo un problema de la administración pública. Si las bases de la sociedad son sumamente débiles, la corrupción estará siempre presente. Entonces, en el Perú es necesaria una reforma política integral; un proyecto que, al parecer, todavía no llega.
En la Región Piura, la mayoría de casos de corrupción provienen de procesos de licitaciones. ¿Cómo mejorar estos procesos desde el marco legal?
En el caso de las licitaciones, la corrupción se acentúa debido a la gran cantidad de dinero involucrado, así como a la ventaja que da la clandestinidad a los funcionarios y empresas corruptas.
Para contrarrestar la situación, desde el marco legal, se deben reforzar cuatro aspectos: hay que iniciar una reforma progresiva del régimen de la función pública, principalmente de los cargos de gestión. Ello implica desterrar todas las formas de prebendas y favores políticos. Se debe también trabajar en transparencia que implica el acceso público a la información que está en manos del Estado. Asimismo, en la rendición de cuentas, como control de los representantes por parte de los ciudadanos. Y, por último, el llamado accountability social, como una nueva forma de control político a través de movimientos sociales, la protesta legal y la exposición mediática de los actos de corrupción.
Hace más de 12 años se creó en el Perú el subsistema judicial anticorrupción, ¿cómo lo calificaría?
La creación de entidades especializadas que repriman la corrupción es una tendencia que se está dando a nivel de Latinoamérica; los operadores de estas entidades son los que deben ser calificados. El Estado debe procurar que los mejores profesionales formen parte de ellas; de lo contrario, estaría gastando dinero en vano. Por otra parte, la creación de un subsistema judicial anticorrupción es, sin duda, un paso importante, pero queda un gran vacío en el ámbito de la prevención, que a fin de cuentas es lo más importante. No hay que olvidar que el Derecho penal no está para solucionar todos los problemas fundamentales de la sociedad.
Si pese a la implantación de este Sistema en el país, la corrupción se mantiene, ¿cómo pueden evitarse estos delitos?
El problema está en que la mayoría de los cargos públicos obedecen a prebendas políticas o son cubiertos por “personal de confianza”; pero caemos en la idea de que la ineficacia de la burocracia se debe sólo al personal de ventanilla, al asistente. La corrupción no es un problema aislado que se resuelve con propuestas aisladas. Se debe instaurar un proyecto de reforma a largo plazo que involucre a la educación, la promoción de los valores, la mejora de la calidad universitaria, etc. La corrupción se puede revertir, pero exige una dirigencia honesta (actores políticos, económicos, sindicales, institucionales, etc.) y una clara decisión política de modificar la situación; también requiere de liderazgos claros y ejemplares.
