Los indicios alrededor del caso del congresista Miguel Urtecho ha desatado diversas emociones entre la población: sorpresa, impotencia, decepción, ira, preocupación
Por Juana Huaco. 14 octubre, 2013.
Los indicios alrededor del caso del congresista Miguel Urtecho ha desatado diversas emociones entre la población: sorpresa, impotencia, decepción, ira, preocupación…. La investigación continúa, pero “si se confirman los cargos, sería una prueba más de que la situación de nuestros políticos deja mucho que desear. Sin embargo, la mala conducta de un funcionario público y del político no es culpa de la falta de controles, es un problema de comportamiento ético y profesional”, anota la Mgtr. Juana Huaco, experta en evaluación de personal y gestión pública.
Huaco García señala que casos similares suceden en otras instituciones pero “se asumen” y no llegan a la denuncia pública. Señaló que estos no deberían ser solo denunciados por los medios de comunicación sino también por los mecanismos de control de la institución; pero además, sostuvo: “un buen profesional y un buen político debe cuidar con mayor esmero los fondos públicos a su cargo”.
Mayor transparencia
La docente de pre y posgrado de la Universidad de Piura indicó también que debe cuidarse la transparencia. En cuanto a lo que debe hacer el Estado, señaló que ya está normado y lo que no lo está debería ser asumido por los mismos funcionarios, tal como lo establecen los procedimientos. Aclaró que a veces estos se siguen, pero con documentos falsos… “Esto es inconcebible para un buen funcionario”.
Huaco sugirió que todos los documentos que sustenten gastos: facturas, boletas, vales, recibos u otros, deben cumplir las disposiciones legales y la justificación debida. “Pedir o emitir una factura o cualquier documento que no se ajuste al gasto real en el que se ha incurrido ya es una mala conducta, una mala práctica que en varias instituciones se aceptan. La responsabilidad es compartida: tanto del que solicita dicho documento como de quien lo otorga”, asegura.
Recordó que el área contable y la de tesorería deben velar por los ingresos y egresos de toda entidad. “Sin embargo, la mayoría de las veces solo actúan como simples registradores y no como fiscalizadores. En esta primera instancia se podrían detectar varias actuaciones incorrectas pero no quieren ‘ganarse’ el problema y se procede normalmente. Luego, cuando actúa el área de fiscalización surge el problema, al que se suman las denuncias en los medios de comunicación, muchas veces cuando han pasado meses o años de sucedida la falta, el delito o las deficiencias”.
Para lidiar con la corrupción
La docente de la UDEP señaló que hace falta contar con profesionales con mayor formación ética “más aún, cuando se trabaja para entidades públicas donde el dinero es de todos los peruanos. No necesitamos más normativa para regular los comportamientos. Son los propios trabajadores quienes tienen que denunciar los abusos. Es una pena conocer estos comportamientos, sobre todo en congresistas, funcionarios públicos de alto nivel, en personas que deben dar el ejemplo”.
La lucha contra la corrupción, indica, debe surgir desde la alta dirección en cualquier institución pública (pues el ejemplo es lo que más enseña); pasando por los mandos medios, hasta los funcionarios y trabajadores, indica la Mgtr. Huaco.
La experta felicitó las iniciativas que promueven e incentivan las buenas prácticas gubernamentales. “Estas se deben desarrollar día a día; requieren de constancia y del propósito de todos los funcionarios y trabajadores de perseverar. Con el esfuerzo de todos, se avanzará mucho en este tema”.
Estafas y sobrevaloraciones
La especialista en gestión pública señala que son más frecuentes las sobrevaloraciones, estafas u otras acciones indebidas en las áreas más sensibles: logística, compras directas, y todas las que incluyen los servicios generales. Por ello, anota, “es importante que las entidades trabajen en la identificación de sus áreas más sensibles al fraude; y en diseñar y aplicar las medidas correctivas. No me refiero a crear más normativa a nivel de sector, sino a identificar los problemas o actos de fraude en las propias instituciones y actuar sobre problemas reales de cada una de estas”.
